El valor de la producción de las empresas constructoras en Chihuahua cayó 12 por ciento en marzo, al ubicarse en 3 mil 505 millones 5 mil pesos, lo que implicó 470 millones 987 mil pesos menos que los 3 mil 975 millones 992 mil registrados en febrero, arrojaron datos oficiales.
Pese al declive mensual, a tasa anual sí hubo un incremento si se considera que en marzo de 2025 el valor de la producción fue de 3 mil 294 millones 155 mil pesos. El aumento fue de seis por ciento, según las cifras actualizadas de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
De acuerdo con la ENEC del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pese a la caída en el valor de la producción mensual, la cifra de empleados aumentó de 16 mil 348 a 17 mil 1 en marzo de 2026, que también superó a su homólogo de 2025, que registró 16 mil 860 trabajadores.
Fernando Suárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que la tendencia a la baja en el valor de producción en el estado data desde inicios de 2025, lo que atribuyó a una menor dinámica de inversión por la reconfiguración del mercado.
“Industrias, particularmente aquellas vinculadas a electrocomponentes y manufactura avanzada, están transitando hacia esquemas de automatización, digitalización. En consecuencia, los modelos de inversión predominantes han dejado de ajustarse a las necesidades del sector”, explicó.
Frente a este escenario, la estrategia, subrayó Suárez, debe orientarse hacia la adaptación, ya que resulta fundamental la promoción de proyectos que respondan a las nuevas demandas, así como el fortalecimiento de la infraestructura pública que, a la par, pueda facilitar su desarrollo.
“En este contexto destacan iniciativas como el desarrollo de parques industriales inteligentes, la inversión en infraestructura energética especializada, la modernización de corredores logísticos y aduaneros, y la implementación de centros de innovación vinculados a la industria 4.0”, dijo.
Suárez puntualizó que todas esas acciones pueden contribuir a reposicionar al estado como un destino atractivo para la inversión, siempre que su diseño y ejecución se encuentren debidamente sustentados en diagnósticos sólidos que cuenten con fuentes debidamente verificables.