Plantones, bloqueos, extorsiones y chantajes, parecen ser el único lenguaje que conoce la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con la amenaza de bloquear el Mundial de futbol, plantearon su pliego petitorio de demandas imposibles de atender, como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 que sustituyó el sistema solidario de pensiones por uno de cuentas individuales administradas por las Afores. También exigen la reinstalación de docentes cesados y un incremento salarial de hasta 100 %, entre otras inalcanzables. Debido a su tradicional radicalización, sexenal, la Coordinadora pone a prueba al gobierno en turno.
Así, detrás de las movilizaciones que periódicamente paralizan carreteras, aeropuertos, plazas públicas y oficinas gubernamentales existe una larga tradición política de de orientación marxista. La historia de la CNTE se remonta mucho antes de su fundación formal en 1979. Desde los años treinta, miles de maestros participaron en organizaciones socialistas y comunistas impulsadas por el proyecto de educación socialista del cardenismo.
No es secreto que uno de los tentáculos de la CNTE es el Ejército Popular Revolucionario (EPR), brazo armado surgido en 1994, con raíces en el marxismo-leninismo del PROCUP, organización clandestina de los años setenta. Desde entonces, el EPR y su brazo magisterial, la CNTE, han tejido una amplia base social en la que se diluyen y se mimetizan: “la construcción del poder popular”.
De esta manera, surgieron dirigentes sociales, líderes sindicales e incluso guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; aunque, estos fueron asesinados por el Ejército… Esa herencia política sigue presente en buena parte del discurso de la CNTE. Para la Coordinadora, el maestro no es solamente un educador, sino un “agente de transformación social”.
De ahí que sus métodos de lucha hayan privilegiado históricamente la movilización, el bloqueo e inclusive la violencia. Lo que sus simpatizantes consideran resistencia legítima, sus críticos lo ven como una forma de radicalismo brutal que ha convertido la afectación a terceros en un instrumento habitual de negociación.
Sin embargo, más allá de la legitimidad o no de algunas de esas demandas, resultan inadmisibles las formas que, por desgracia de los ciudadanos, son las que los caracteriza: Encapuchados violentan todo por donde pasan, derriban puertas, incendian vehículos, agreden, y afectan a millones de ciudadanos en su día a día. La violencia con la que envuelven su pliego petitorio termina ensuciando cualquier causa. Mientras tanto, lo más grave de todo es que más de un millón de alumnos permanecen sin clases…
Además, cuando regresen a las aulas y tengan que mirar a sus alumnos a los ojos, ¿qué explicación podrán ofrecerles sobre las conductas violentas y los actos de barbarie que las criaturas vieron en televisión? Tales acciones representan un pésimo ejemplo para niños y jóvenes cuyas conciencias aún están en formación y cuyos valores éticos y cívicos todavía no se han consolidado plenamente.
Su historia de violencia les precede, por ello no resulta descabellado sospechar que algunos sectores de la Coordinadora buscan la provocación sistemática orientada a forzar una reacción represiva del Estado. En la lógica de los movimientos revolucionarios, necesitan sus muertitos, sus mártires, para elevarlos a los altares del magisterio y convertirlos en un poderoso instrumento de movilización política. Los mártires amplifican la causa, fortalecen la narrativa y atraen simpatías nacionales e internacionales. Hasta la Iglesia y la Patria necesitan sus mártires, santitos y santones.
Pero, por ahora, el Gobierno parece decidido a evitar esa trampa. “No vamos a desalojarlos, no caeremos en la provocación. No somos Díaz Ordaz”. La presidenta Sheinbaum ha optado por la contención y por dejar que el desgaste social haga su trabajo. La apuesta consiste en permitir que sea la propia opinión pública la que termine condenando los excesos antes de recurrir al uso legítimo de la fuerza que le corresponde al Estado.
Aunque, a veces, la diferencia entre prudencia y debilidad es apenas una línea delgada. También es cierto que ningún gobierno responsable puede permitir indefinidamente que una minoría secuestre la vida cotidiana de millones de personas, ni que la educación de los niños sea rehén de agitadores políticos. La paciencia del Estado tiene límites; la de la sociedad, también.