La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 de López Obrador pretendió: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia; 2. Garantizar empleo, educación y salud; 3. Garantizar respeto y promoción de los Derechos Humanos; 4. Regenerar la ética de la sociedad; 5. Reformular el combate a las drogas; 6. Emprender la construcción de la paz; 7. Recuperación del control de las cárceles y su dignificación; 8. Nuevo Plan de Seguridad Pública para construir una cultura de paz de mano de instituciones y la población.
¿Y qué tenemos hoy, además de la amenaza de nuestro vecino del norte de venir a hacer lo que aquí no pueden y no quieren hacer?
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril del 2026, se abrieron en el país 652 mil 342 carpetas de investigación por delitos del fuero común; en el ámbito federal, en el mismo periodo, el reporte refiere 28 mil 115 delitos (ilícitos contra la salud, delitos fiscales, armas de fuego y delincuencia organizada, entre otros).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la semana pasada que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto (homicidio doloso, feminicidio, extorsión, secuestro, trata de personas, lesiones dolosas, robos con violencia)… y esto corresponde sólo a los ilícitos que son perseguidos. Según México Evalúa, en Radiografía de la Impunidad en México 2024, la impunidad en el país en 2024 llegó al ¡89.42 por ciento!
Por otro lado, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional publicado en abril, la población total privada de su libertad a nivel nacional es de 265 mil 874 personas, de las cuales el 93.64 por ciento (248 mil 953) corresponde a hombres y el 6.36 por ciento a mujeres (16 mil 921).
Además, de la población total privada de su libertad, el 87.90 por ciento (233 mil 703) corresponde al fuero común; y, de esta, el 37.22 por ciento está siendo procesada, mientras que el 50.68 por ciento ya fue sentenciada. Del 12.10 por ciento del fuero federal, el 5.65 por ciento es procesada y el 6.45 por ciento, sentenciada.
Según los datos, el 18 por ciento de las personas privadas de su libertad tiene entre 30 y 34 años de edad; el 16.87 por ciento, entre 35 y 39 años; entre 25 y 29 años, el 15.44 por ciento; entre 40 y 44 años, el 13.76 por ciento; entre 18 y 24, el 10.53 por ciento; entre 45 y 49 años, el 10.19 por ciento; entre 50 y 54, el 6.81 por ciento; el 4.27 por ciento, tiene 60 años y más; y el 4.13 por ciento, entre 55 y 59 años de edad.
Los seis porcentajes más altos en cuanto a escolaridad son: secundaria completa, el 31.1 por ciento; primaria completa, el 15.9 por ciento; secundaria incompleta, el 10.5 por ciento; primaria incompleta, el 9.7 por ciento; bachillerato incompleto, el 8.6 por ciento. Cuentan con doctorado completo, el 0.03 por ciento.
En México hay 276 centros penitenciarios con capacidad para 227 mil 831 espacios. El gobierno federal cuenta con 14 centros para 28 mil 200 personas; el gobierno de la Ciudad de México tiene 13 con 28 mil 952 espacios; a los gobiernos estatales corresponden 249 con 170 mil 679 espacios. En 154 centros hay sobrepoblación, la cual, en total, asciende a 38 mil 043 personas.
En el estado de Querétaro, por cierto, la población privada de su libertad es, según el reporte, de 3 mil 836 personas, lo que representa el 1.44 por ciento del total en el país. Mil 295 son personas procesadas del fuero común (mil 195 hombres y 100 mujeres) y 2 mil 259 sentenciadas (2 mil 131 hombres y 128 mujeres); 282 del federal (113 hombres y 22 mujeres procesadas), además de 143 hombres sentenciados y cuatro sentenciadas). Hay cuatro centros penitenciarios a cargo del estado, con capacidad para 3 mil 948 personas, y no hay sobrepoblación, pues refiere 112 espacios disponibles.
En cuanto a escolaridad, las personas que se encuentran en prisión en la entidad, principalmente tienen nivel de secundaria completa (44.2 por ciento), les siguen quienes tienen primaria completa (13.7 por ciento), bachillerato incompleto (11.3 por ciento), bachillerato completo (10 por ciento), secundaria incompleta (8.4 por ciento) y primaria incompleta (5.5 por ciento). Con licenciatura completa, el porcentaje es de 2.7 y el nivel más alto de estudios es maestría terminada (0.05 por ciento).
Enfrentar las conductas ilícitas desde la raíz implica resolver, entre un sinnúmero de factores, la desigualdad económica, la desintegración familiar, la deserción escolar, la corrupción y la impunidad; para ello, el camino es, indudablemente, la educación, el empleo, el cuidado de la salud y el respeto absoluto al Estado de derecho… Tristemente, aún estamos muy lejos de alcanzar todo esto… ¡Castillos en el aire!