Un juez federal ha bloqueado un intento de la administración Trump de citar a declarar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros funcionarios estatales, acusando al Departamento de Justicia de utilizar sus poderes de investigación para tomar represalias contra los funcionarios estatales por no cooperar con los esfuerzos federales para reprimir la inmigración ilegal.
En un fallo que se hizo público el lunes, el juez de distrito estadounidense Patrick Schiltz determinó que el "propósito principal" de las citaciones era "coaccionar a los funcionarios de Minnesota para que ayudaran al gobierno federal a hacer cumplir la ley civil de inmigración y acosarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo".
Las tensiones entre la administración Trump y los líderes demócratas de Minnesota se intensificaron en enero, cuando agentes federales de inmigración se enfrentaron a manifestantes en el área de Minneapolis-St. Paul, especialmente después de que los agentes dispararan mortalmente contra Renee Good y Alex Pretti .
El presidente Donald Trump incluso amenazó con invocar la Ley de Insurrección para sofocar las protestas y acusó a Walz, quien fue compañero de fórmula de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en 2024, y a otros de alentar a los manifestantes a interrumpir la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Según informa Lisa Dwyer de AP, un juez federal ha suspendido un intento de citar al gobernador Walz en el marco de una investigación sobre la aplicación de la ley de inmigración.
Las citaciones para la entrega de documentos se realizaron en enero como parte de una investigación sobre si Walz y otros funcionarios obstruyeron o dificultaron las acciones policiales. Se enviaron a las oficinas de Walz, del fiscal general Keith Ellison, del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, del alcalde de St. Paul, Kaohly Her, y a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.
Este fallo constituye el último revés para el poder judicial federal en los esfuerzos del Departamento de Justicia por implementar agresivamente la agenda de la administración Trump en los tribunales y atacar a los adversarios políticos del presidente mediante citaciones y demandas similares.
El juez dictaminó que parecía haber vínculos “extremadamente débiles o inexistentes” entre la información solicitada en las citaciones y cualquier posible delito. Las citaciones solicitan materiales “que en gran medida, si no en su totalidad, se relacionan con conductas protegidas por la Constitución”, escribió el juez, señalando que Minnesota tiene el derecho legal de no destinar sus recursos a hacer cumplir la ley federal de inmigración.
El Departamento de Justicia “no está llevando a cabo una investigación criminal”, escribió el juez, “sino que está utilizando el proceso del gran jurado para otros fines (ilegales)”.
El juez afirmó que las pruebas de que las citaciones se emitieron por motivos ilegales son abrumadoras, argumentando que el Departamento de Justicia "ha tenido dificultades, sin éxito, para identificar una sola justificación investigativa plausible" para ellas.
El Departamento de Justicia declaró en un comunicado que "se toma muy en serio la obstrucción ilegal de las operaciones de las fuerzas del orden federales y seguirá actuando en pleno cumplimiento de la ley para investigar estos asuntos".
Los objetivos celebran la decisión del juez
En un comunicado, Walz calificó el fallo como "una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia".
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones penales contra los opositores políticos del presidente”, declaró Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024. “Este caso es solo un ejemplo de ello, pero vemos a diario indicios de la ilegalidad de esta administración, tanto en Minnesota como en todo el país. Todos debemos seguir buscando justicia y defendiendo el estado de derecho”.
Ellison afirmó que "debería preocupar a todos los estadounidenses que Donald Trump esté utilizando el sistema de justicia penal como arma contra las personas con las que no está de acuerdo".
Las citaciones son "una represalia con motivaciones políticas contra nuestra ciudad por oponerse legalmente al ICE y luchar por nuestros residentes", dijo Her en un comunicado.
Frey afirmó que la investigación "nunca tuvo que ver con la justicia, la ley y el orden, sino con su ausencia".
“Citar a declarar a opositores políticos por haber hablado en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y la decencia humana”, afirmó.
Frey también señaló que criticar las acciones del gobierno no es un delito.
“Una de las fortalezas que definen nuestra democracia es la capacidad de desafiar a quienes están en el poder sin temor a represalias. Los funcionarios electos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hablar con honestidad sobre cómo las decisiones del gobierno afectan a las personas a las que sirven”, dijo.
Las citaciones judiciales fueron una de las muchas acciones federales emprendidas contra funcionarios de Minnesota.
Durante el último año, los jueces han desestimado las acusaciones contra dos destacados opositores de Trump, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, y los grandes jurados se han negado repetidamente a presentar acusaciones solicitadas por el Departamento de Justicia.
Estas medidas reflejan la creciente preocupación pública de que el Departamento de Justicia, una institución destinada a tomar decisiones de investigación y enjuiciamiento de forma independiente de la Casa Blanca, esté siendo politizado bajo la actual administración Trump.
El vicepresidente JD Vance solicitó por separado al Departamento de Justicia que investigue a Walz y Ellison por las acusaciones de que no impidieron el fraude generalizado en los servicios sociales, aunque el departamento no ha confirmado si abrirá una investigación. Walz y Ellison han calificado estas acusaciones de políticamente motivadas y han defendido sus esfuerzos para combatir el fraude en Minnesota.
Mientras tanto, continúan otras batallas legales relacionadas con el aumento de la inmigración. El gobierno federal ha sugerido que los fiscales de Minnesota no tienen jurisdicción para investigar a los agentes federales.
En marzo, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, demandó a la administración para obtener acceso a las pruebas de los asesinatos de Good y Pretti, acusándola de ocultar pruebas a los investigadores estatales. Moriarty también ha presentado cargos penales contra agentes del ICE en otros dos incidentes, incluido el tiroteo no mortal de un venezolano, y sugiere que su oficina está investigando varios otros casos.