Periodistas, activistas, transportistas y colectivos ciudadanos irrumpieron en el Congreso de San Luis Potosí en protesta contra las reformas que sancionan el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) al acusar que atenta contra la libertad de expresión.
Los manifestantes exigieron la abrogación de las reformas al Código Penal, una legislación conocida popularmente como la "Ley Serrano".
Los inconformes argumentan que la normativa penal resulta ambigua al no distinguir entre la sátira, los memes y la desinformación deliberada.
De acuerdo con representantes del gremio periodístico a nivel local, como Leticia Vaca, la reforma es utilizada como un mecanismo de censura y criminalización hacia la crítica dirigida al Gobernador Ricardo Gallardo, del PVEM, lo que representa un precedente peligroso para la libertad de expresión.
Aprobada a finales de 2025, la llamada "Ley Serrano" es una reforma al Código Penal de San Luis Potosí que tipifica como delito el "uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social".
Esta normativa establece penas de 1 a 6 años de prisión bajo dos causales principales: el uso no autorizado de identidad, que castiga la manipulación de la voz o imagen de una persona sin su consentimiento previo, y la difusión dolosa de desinformación, que sanciona la generación o distribución de contenido falso diseñado para causar alarma social, especialmente cuando afecta a instituciones públicas o figuras de autoridad.
Pese a presentarse como una medida de protección digital, la ley ha detonado protestas masivas debido a su ambigüedad jurídica, pues organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos denuncian que es utilizada por el Gobierno estatal como una herramienta de censura para criminalizar la crítica política y perseguir a comunicadores.
Las protestas de este martes iniciaron alrededor de las 09:00 horas con una concentración en la Alameda Central "Juan Sarabia". Cerca de 200 personas marcharon del Centro Histórico rumbo al edificio legislativo ubicado en la Plaza de Armas.
Al arribar al inmueble, los manifestantes encontraron los accesos principales cerrados y bajo el resguardo del personal de seguridad interna y elementos de la Guardia Civil Estatal.
Ante la negativa de entrare y la falta de apertura al diálogo por parte de los diputados, la tensión se incrementó en los accesos alternos.
Tras registrarse empujones, forcejeos y reclamos mutuos, el contingente logró vencer los filtros de contención e ingresar al salón del Pleno cerca de las 10:40 horas, momento en el cual se suspendió la sesión ordinaria de este martes.
Al interior del recinto legislativo se suscitaron discusiones entre las distintas bancadas. Mientras la diputada morenista Jessica Gabriela López Torres solicitó decretar un receso para evitar confrontaciones, legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como Roxana Hernández Ramírez, denunciaron agresiones físicas por parte de presuntos manifestantes en estado inconveniente y recriminaron que se cediera ante lo que calificaron como un "grupo de choque".
La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, solicitó sin éxito la intervención de la fuerza pública para resguardar a los 27 legisladores presentes.
Luego que la mayoría de legisladores se fue de sus curules, se permitió que una comitiva expusiera sus demandas desde la tribuna.
En representación de los comunicadores tomaron la palabra Anahí Torres, Omar Niño y Juan Pablo Moreno, quienes denunciaron presiones institucionales tras la detención y posterior liberación de tres periodistas en días pasados.
Asimismo, la abogada Natalia Castillo Vera, quien encabezó la marcha, lanzó un ultimátum desde el estrado al advertir que mantendrán tomadas las sedes del Poder Legislativo si no se deroga la reforma sobre IA.
El diputado Héctor Serrano, del PVEM, promotor de la iniciativa, desestimó los reclamos jurídicos y atribuyó las movilizaciones a intereses estrictamente partidistas.
El legislador responsabilizó de manera directa al Alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos (quien arribó al cargo por la coalición del PAN, PRI y PRD), de financiar y operar la protesta mediante el uso de funcionarios municipales, empleados públicos, comerciantes ambulantes y organizaciones de taxistas vinculadas al partido Conciencia Popular.
Serrano descartó solicitar licencia a su cargo, como pidieron los manifestantes, y adelantó que iniciará una demanda civil en contra de Juan Pablo Moreno Rodríguez, director del medio digital La Noticia.
Aunado a ello, sectores de transportistas se unieron a las protestas para demandar la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, Araceli Martínez Acosta, por la falta de operativos contra el transporte informal; pepenadores e internos de centros de rehabilitación reclamaron despidos laborales injustificados, mientras que pobladores de Escalerillas y Mexquitic manifestaron su rechazo a las obras de un acueducto conectado a la presa El Peaje.