La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra continúa ampliando sus ramificaciones políticas, empresariales e internacionales. La magistrada que inició las pesquisas sobre las supuestas irregularidades en la concesión de los 53 millones de euros a la aerolínea identificó en un auto judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como la persona a la que varios investigados se referían en conversaciones privadas mediante los apelativos “Zorro”, “Z” y “ZZZZ”.
La referencia aparece en un chat de WhatsApp denominado “Danilo-España”, localizado por la Policía durante un registro efectuado el 24 de octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, uno de los investigados en el denominado caso Plus Ultra. Según la resolución firmada por la jueza Esperanza Collazos, las conversaciones mantenidas entre el letrado y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Mangalo contendrían indicios que apuntan a posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El contenido de ese auto, conocido tras levantarse parcialmente el secreto de las actuaciones, representa un nuevo salto cualitativo en una causa que ya había generado una intensa controversia política desde el momento en que el Gobierno aprobó el rescate de Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI.
La magistrada sostiene que las conversaciones reflejan “actos concretos a lo largo de varios años” compatibles con la actuación de una organización con “vocación de permanencia”. El caso adquiere una dimensión especialmente delicada porque conecta distintas piezas que, hasta ahora, parecían dispersas. El rescate de Plus Ultra, las relaciones con empresarios venezolanos vinculados al chavismo, supuestas redes internacionales de blanqueo de capitales y contactos con personas de influencia política e institucional en España.
La jueza se inhibió para trasladar la causa
La Audiencia Nacional asumió posteriormente la investigación a petición de la jueza instructora. En su resolución, el magistrado José Luis Calama evitó citar directamente a Zapatero, aunque sí describió la existencia de conversaciones que permitirían inferir “una cadena de favores y gratificaciones” compatible con posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos.
El juez Calama también subrayó la dimensión internacional de la presunta trama. Según el auto, las conversaciones apuntarían a una estructura compleja que manejaría grandes cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito, posteriormente reintegrado mediante operaciones financieras para aparentar legalidad. El magistrado describe una organización transnacional con utilización de empresas pantalla y operaciones desarrolladas tanto en España como en el extranjero.
En el centro de esa supuesta red aparece el empresario venezolano Danilo Díazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa por presuntos delitos de blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción española le atribuye un supuesto papel como gestor ejecutivo vinculado a la captación de clientes dentro de la estructura investigada.
La rama internacional de la investigación
La causa incorpora además nuevos elementos de enorme impacto político. Uno de ellos afecta a un alto mando policial, el comisario Jesús María Gómez Martín, actual jefe superior de Policía en Canarias. La jueza Collazos menciona supuestos contactos de la trama con este mando policial y alude a conversaciones relacionadas con operaciones en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. En los registros efectuados en dependencias de Plus Ultra apareció incluso una tarjeta de visita del comisario con anotaciones manuscritas.
Aunque hasta ahora no consta que este responsable policial figure formalmente investigado, su nombre adquiere relevancia por haber sido el máximo responsable operativo en el aeropuerto de Barajas durante la polémica escala en Madrid de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, un episodio que provocó una grave crisis política en España.
Las conexiones venezolanas constituyen precisamente uno de los ejes más sensibles del caso. Entre los mensajes incorporados a la investigación aparecen conversaciones entre directivos de Plus Ultra en las que se menciona un viaje de Zapatero y del empresario Julio Martínez Martínez a Caracas en diciembre de 2020, coincidiendo con las cuestionadas elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya había vaciado de competencias a la Asamblea Nacional de mayoría opositora elegida en 2015 y tres años después de que pusiera en marcha una Asamblea Nacional Constituyente dominada por el chavismo. La oposición decidió no concurrir en estos comicios por falta de garantías electorales y la composición de la Cámara terminó en manos del Gobierno.
Los mensajes, intervenidos por la UDEF, muestran un tono irónico sobre la supuesta labor de observación electoral que desarrollarían durante el viaje. En una de las conversaciones, Rodolfo Reyes —entonces propietario de Plus Ultra y considerado próximo al chavismo— llega a afirmar: “Zapatero aquí manda”, acompañado de emoticonos alusivos a tareas de limpieza. La conversación también hace referencia al uso de vuelos privados y a escalas en República Dominicana antes de llegar a Caracas. @mundiario