La política española suma un nuevo episodio judicial con potencial para ampliar el desgaste institucional del PSOE. La investigación abierta en Soria por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos ha puesto bajo el foco a la empresa Biosfera Soria S.L., antigua sociedad dirigida por la ya exconcejala de Medio Ambiente Yolanda Santos, y amenaza con trascender el ámbito estrictamente municipal para alcanzar al Gobierno central.
La Guardia Civil, en una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Soria, detuvo esta semana a seis personas —a las que posteriormente se sumó un séptimo investigado— por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Entre los arrestados figura la propia Santos, quien ha renunciado ya a su acta de concejala y ha solicitado la baja voluntaria del PSOE, así como Marta Viu, actual jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, departamento dirigido por Sara Aagesen.
El núcleo de la investigación gira en torno a Biosfera Soria S.L., empresa especializada en actividades medioambientales, educación ambiental y ocio en la naturaleza. Según la documentación pública disponible en el Portal de Contratación del Estado, la compañía recibió del Ayuntamiento de Soria un total de 226.599 euros entre 2019 y 2026, precisamente después de que Santos abandonara formalmente la dirección de la sociedad para incorporarse al Consistorio como concejala.
De esa cantidad, más de 131.000 euros procedieron de tres contratos públicos adjudicados mediante licitación, mientras que cerca de 95.000 euros correspondieron a ocho contratos menores adjudicados entre 2020 y 2023. Las adjudicaciones incluían servicios de educación ambiental, programas de movilidad sostenible, actividades infantiles y proyectos orientados a la conciliación familiar, así como iniciativas relacionadas con el turismo y la gestión medioambiental.
La investigación judicial deberá determinar ahora si existió una ruptura real entre la actividad empresarial de Santos y sus responsabilidades públicas o, por el contrario, se mantuvo una influencia efectiva sobre la sociedad tras su entrada en política.
Una investigación que alcanza al Ministerio
El caso adquirió una nueva dimensión política tras conocerse la detención de Viu, antigua administradora de Biosfera Soria y actualmente alto cargo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica. Viu, funcionaria de carrera desde 2009, fue la primera administradora solidaria de la empresa cuando esta inició su actividad en 2007 y posteriormente desarrolló su carrera profesional en la Administración General del Estado.
Su arresto no implica, por el momento, responsabilidad alguna del Ministerio ni de sus actuales responsables políticos. Sin embargo, introduce inevitablemente al Gobierno en una investigación que hasta ahora se circunscribía al ámbito municipal soriano. La presencia de una funcionaria de un departamento ministerial entre las detenidas añade un componente político especialmente delicado para el Ejecutivo, en un momento en el que la corrupción se ha convertido en uno de los principales ejes del debate nacional tras la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos, la imputación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra o las investigaciones por las cloacas del PSOE sobre la exmilitante socialista Leire Díez o el exsecretario de Organización Santos Cerdán.
El PSOE intenta contener el daño
La reacción socialista ha sido rápida. Antes incluso de que la investigación avanzara, el Ayuntamiento de Soria retiró a Yolanda Santos todas sus competencias y anunció la apertura de un expediente informativo interno. El PSOE provincial solicitó además la suspensión cautelar de militancia de la edil, mientras que la propia Santos comunicó su dimisión y su baja del partido alegando responsabilidad institucional y el deseo de no perjudicar ni al Ayuntamiento ni a la organización.
El exalcalde de Soria y actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha trasladado un mensaje de "total tranquilidad" y ha defendido la actuación del Consistorio, recordando que en una ciudad del tamaño de Soria existe un número limitado de empresas especializadas capaces de prestar determinados servicios.
No obstante, la oposición observa el caso con creciente atención. El principal interrogante reside en determinar si la relación entre la antigua empresa de la concejala y el Ayuntamiento fue estrictamente administrativa o si existieron mecanismos de influencia incompatibles con el ejercicio de responsabilidades públicas. @mundiario