En España, pagar por vivir en una casa —ya sea en propiedad o en alquiler— ha dejado de ser una partida más del presupuesto familiar para convertirse en el eje que condiciona casi todas las decisiones económicas del hogar. La presión de los precios inmobiliarios, sumada al encarecimiento de los suministros básicos, está reconfigurando silenciosamente la estructura del consumo de millones de familias, según los últimos datos oficiales.
El diagnóstico es claro: una parte cada vez mayor de los ingresos se destina simplemente a mantener el hogar. Y esa tendencia no solo no se frena, sino que se intensifica año tras año, con efectos directos sobre el ahorro, el consumo y la desigualdad.
Según la última Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025 publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares españoles destinan ya el 33,2% de su gasto total a la vivienda y todo lo que la rodea: alquileres, hipotecas, electricidad, gas, agua y mantenimiento. En términos absolutos, hablamos de 11.665 euros anuales de media, una cifra que ha crecido en 636 euros respecto al año anterior.
Una subida sostenida que no da tregua
La evolución no es coyuntural. En la última década, el gasto vinculado a la vivienda ha crecido de forma constante, sin apenas interrupciones. En 2016, este desembolso medio era de 8.737 euros. Hoy es un 33,5% superior. Este crecimiento supera incluso a la inflación acumulada del mismo periodo, que se sitúa en torno al 30,5%, lo que confirma que el encarecimiento de la vivienda avanza por encima del resto de bienes y servicios.
Este fenómeno revela una transformación estructural: vivir cuesta más, pero no solo por los precios del mercado inmobiliario, sino también por el aumento de los costes asociados al mantenimiento del hogar.
La huella de la pandemia y el cambio de patrón de consumo
La serie histórica muestra un pico especialmente llamativo durante la pandemia. En 2020, el peso de la vivienda llegó a superar el 35% del gasto total de los hogares. Sin embargo, ese dato estuvo condicionado por el desplome del consumo en ocio, restauración y movilidad durante los confinamientos, lo que infló artificialmente el peso relativo de la vivienda.
En 2021, todavía en un contexto de restricciones y recuperación incompleta, el porcentaje se mantuvo cerca del 34%. Si se excluyen esos años excepcionales, el nivel actual de 2025 representa el punto más alto de la serie en condiciones normales de consumo.
Una brecha cada vez mayor entre hogares ricos y vulnerables
El impacto del encarecimiento de la vivienda no es homogéneo. La desigualdad es evidente cuando se analiza por niveles de renta. El 20% de los hogares con menores ingresos dedica un 41,9% de su presupuesto a la vivienda, un nivel que supera tanto el umbral del 35% recomendado por el Banco de España como el 30% que establece la normativa estatal como referencia de asequibilidad.
En el extremo opuesto, el 20% de los hogares con mayores ingresos destina un 28,9%, casi trece puntos menos. Esta diferencia evidencia cómo la misma realidad del mercado inmobiliario golpea con mucha más intensidad a quienes tienen menos margen financiero.
Cuando lo esencial desplaza al resto del consumo
El efecto dominó es evidente. Si a la vivienda se suman los alimentos (16%) y el transporte (11,5%), más del 60% del gasto de los hogares se concentra en necesidades básicas o semibásicas. Esto reduce el espacio disponible para el ahorro y para el consumo discrecional, especialmente en los hogares más vulnerables, donde esa proporción puede llegar al 68%.
El resultado es una economía doméstica cada vez más rígida, donde las familias tienen menos capacidad de maniobra ante imprevistos o cambios en los ingresos.
Brecha territorial: dónde pesa más el gasto
Las diferencias geográficas también son significativas. Los niveles de gasto por persona más altos se registran en el País Vasco, con 16.642 euros, y en la Comunidad de Madrid, con 16.124 euros.
En el otro extremo, regiones como Andalucía (12.197 euros), Extremadura (12.346 euros) o Murcia (12.408 euros) presentan niveles notablemente inferiores. Estas diferencias no solo reflejan disparidades de renta, sino también distintos niveles de presión del mercado inmobiliario y del coste de vida.
Consecuencias sociales: menos ahorro y más rigidez económica
El aumento del peso de la vivienda tiene efectos directos sobre la economía doméstica. Menos capacidad de ahorro implica mayor vulnerabilidad ante crisis económicas, subidas de tipos de interés o pérdida de empleo. Además, reduce la capacidad de consumo en sectores como el ocio, la cultura o la restauración, que actúan como motores de actividad económica.
En paralelo, también se observa un cambio de hábitos: desciende el gasto en alcohol y tabaco, con una caída del 3,4%, y se reduce el consumo en restaurantes y hoteles, un 2,7% menos, en un contexto en el que los precios del turismo siguen en niveles elevados.
El retrato que dejan los datos es el de una economía doméstica tensionada, donde la vivienda se ha convertido en el principal factor de presión. No se trata solo de precios altos, sino de un cambio estructural en la forma en la que las familias distribuyen sus ingresos.
En este escenario, el debate ya no gira únicamente en torno al acceso a la vivienda, sino a la sostenibilidad del modelo de vida urbano y a la capacidad de las políticas públicas para contener una tendencia que, por ahora, sigue sin dar señales de frenarse. @mundiario