La autopista AP-9 ha sido durante décadas mucho más que una infraestructura viaria. Ha funcionado como un símbolo político, económico y territorial de Galicia. Sobre ella se han proyectado debates sobre el autogobierno, la financiación, la cohesión territorial y el papel del Estado en las grandes infraestructuras estratégicas. Por eso, la aprobación en el Congreso de los Diputados del primer paso efectivo para transferir su titularidad a la Xunta constituye un hecho histórico. Pero también uno profundamente controvertido.
Por primera vez desde que el Parlamento gallego comenzó a reclamar formalmente el traspaso en 2015, la reivindicación deja de estar sustentada por un consenso unánime de las fuerzas políticas gallegas. La ruptura de esa unanimidad, más que la propia votación parlamentaria, puede acabar siendo uno de los aspectos más relevantes de este proceso.
El Congreso aprobó la proposición de ley con 179 votos a favor frente a 169 en contra, gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE, Sumar y BNG. La decisión abre el camino hacia una futura gestión gallega de la principal autopista de la comunidad, pero lo hace en un contexto de fuerte confrontación política sobre las condiciones concretas de la transferencia.
El Congreso avala el traspaso, pero el PP anuncia su rechazo en el Senado. La unanimidad gallega sobre la AP-9 se rompe por primera vez desde 2015
La paradoja resulta evidente. El Partido Popular, que promovió originalmente la iniciativa desde el Parlamento gallego y la llevó por cuarta vez al Congreso, ha acabado votando en contra del texto finalmente aprobado. No porque rechace el principio de la transferencia, sostiene, sino porque considera que el acuerdo alcanzado elimina algunas de las garantías económicas y jurídicas que habían sido consideradas esenciales por la Cámara autonómica.
El núcleo de la discrepancia gira alrededor de una pregunta decisiva: quién asumirá los riesgos futuros derivados de la controvertida gestión histórica de la concesión.
La AP-9 no es una autopista cualquiera. Su concesión ha estado marcada por sucesivas ampliaciones, modificaciones contractuales y decisiones políticas que han convertido la infraestructura en una de las más caras y complejas de España. La eventual anulación judicial de algunas de esas decisiones, especialmente la prórroga concedida a Audasa, podría generar importantes responsabilidades económicas.
Es precisamente ahí donde el Partido Popular sitúa su principal objeción. La formación que gobierna con mayoría absoluta en Galicia considera que el texto aprobado no blinda suficientemente a la Xunta frente a futuras indemnizaciones multimillonarias ni garantiza de forma expresa que el Estado asuma las consecuencias derivadas de decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos centrales.
Además, los populares denuncian la ausencia de compromisos explícitos sobre otros aspectos que consideran esenciales: la financiación de futuras ampliaciones y conexiones, el mantenimiento y ampliación de las bonificaciones actuales o la eliminación del incremento extraordinario del 1% anual autorizado sobre los peajes hasta 2038.
PSOE, Sumar y BNG ven garantías suficientes
Frente a esta interpretación, PSOE, Sumar y BNG sostienen que el acuerdo incorpora todas las garantías jurídicas y financieras necesarias y que será precisamente la negociación posterior en la Comisión Mixta de Transferencias donde deberán concretarse los aspectos técnicos y económicos definitivos.
La diputada socialista Patricia Otero defendió que el texto aprobado respeta plenamente el mandato del Parlamento gallego y garantiza que la Administración central asumirá las consecuencias derivadas de las decisiones adoptadas históricamente sobre la autopista. En términos similares se pronunciaron Sumar y el BNG, que acusaron al PP de haber abandonado una reivindicación histórica por motivos de estrategia política.
La controversia revela, sin embargo, un problema de fondo que trasciende la disputa partidista. La transferencia de la AP-9 no es únicamente un acto político o simbólico. Es también una operación jurídica y financiera extraordinariamente compleja.
Una concesión hasta 2048
La concesión actual se extiende hasta 2048. Las bonificaciones vigentes suponen un importante coste presupuestario. Las necesidades de inversión futura siguen siendo elevadas. Y sobre todo, continúa pendiente la resolución definitiva de las controversias europeas y judiciales relacionadas con algunas decisiones adoptadas durante las últimas décadas.
Por todo ello, el debate sobre las garantías no puede considerarse una cuestión menor. Quienes defienden la prudencia argumentan que ninguna administración autonómica debería asumir riesgos financieros indeterminados. Quienes priorizan la transferencia sostienen, por el contrario, que retrasar indefinidamente el proceso equivaldría a renunciar a una reivindicación histórica del autogobierno gallego.
La posición de Sumar añade, además, un elemento adicional de reflexión. Para esta formación, el traspaso constituye únicamente un paso intermedio hacia un objetivo más ambicioso: una AP-9 pública, plenamente gallega y libre de peajes. Una aspiración que conecta con el creciente malestar social por el elevado coste de utilización de una infraestructura que vertebra buena parte de la actividad económica gallega.
El anuncio del Partido Popular de votar en contra en el Senado introduce ahora un nuevo elemento de incertidumbre. Dado que la Cámara Alta cuenta con mayoría popular, la iniciativa deberá regresar posteriormente al Congreso para su aprobación definitiva, previsiblemente durante el verano o después del paréntesis parlamentario estival.
Un traspaso sin unidad política
Lo ocurrido esta semana deja una conclusión difícil de ignorar. Galicia ha logrado acercarse como nunca antes al objetivo de gestionar su principal infraestructura viaria, pero lo ha hecho perdiendo una de las principales fortalezas que acompañaron esta reivindicación durante una década: la unidad política.
Quizá la cuestión fundamental ya no sea únicamente si la AP-9 debe ser gallega –una idea ampliamente compartida en la comunidad–, sino en qué condiciones debe producirse esa transferencia y quién asumirá finalmente los riesgos económicos y políticos asociados a una de las concesiones más controvertidas de la historia reciente de España.
Porque la transferencia de la AP-9 puede acabar convirtiéndose en un éxito histórico del autogobierno gallego. Pero también en un problema de enormes dimensiones si las garantías que hoy unos consideran suficientes y otros insuficientes terminan revelándose, con el paso del tiempo, como algo más que un debate parlamentario. @mundiario