La crisis originada por la entrada de millares de personas en la ciudad de Ceuta ha alimentado muchas controversias en el seno de la opinión pública del Estado español. Si hubiese que hacer una selección de los aspectos mas relevantes que están siendo objeto de las conversaciones públicas, resultaría indiscutible aludir a los puntos de vista formulados respecto a las relaciones con Marruecos.
En primer lugar, es preciso diferenciar dos planos: el que involucra a los poderes institucionales realmente existentes y el que afecta a los tejidos sociales de ambos Estados. Después de la muerte de Franco, las relaciones entre las autoridades respectivas siempre tuvieron dosis importantes de conflicto debido, sobre todo, a dos circunstancias muy relevantes: las divergencias sobre la pertenencia territorial atribuible a Ceuta y Melilla y la posición respecto a la resolución de la ONU relativa al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El régimen marroquí nunca renunció a la reclamación de la soberanía sobre las ciudades referidas aunque no siempre manejó esa reivindicación con la misma frecuencia e intensidad. En el caso del Sáhara tampoco aceptó los acuerdos adoptados en los foros internacionales y buscó, a través de negociaciones con otros Estados aliados, las condiciones mas favorables para neutralizar y/o cambiar la decisión de que la vieja colonia española tenga la posibilidad de convertirse en un Estado independiente.
En estos últimos 50 años se pudieron constatar algunas evidencias significativas:
1) La Monarquía marroquí reforzó su alianza estratégica con los USA y con dos Estados muy determinantes en la estructura de la UE (Francia y Alemania).
2) La llegada de Trump a la Casa Blanca facilitó el crecimiento de una sinergia inédita del pais africano con el Estado de Israel, con las decisivas consecuencias que eso representa para la dinámica de la gestión de los intereses conjuntos.
3) Las políticas migratorias fijadas por los órganos dirigentes de la UE otorgaron notables ventajas materiales a las autoridades marroquíes y, al mismo tiempo, un gran poder negociador respecto del Estado español (alimentado, además, por el papel atribuido a los dirigentes de Rabat en la lucha contra el narcotráfico y contra la violencia de origen islamista).
4) En sus años de gobernanza en el Estado español, PSOE y PP demostraron tener una amplia coincidencia respecto a las políticas practicadas con el vecino del Sur. Cuando, en los primeros años de este siglo, Aznar quiso hacer una demostración de poderío militar en la isla de Perejil, la dirección socialista -encabezada por Zapatero- apoyó la estrategia del presidente del PP. El reciente cambio promovido por Pedro Sánchez en relación a la posición sobre el Sáhara no ha sido rechazado formal y solemnemente por Núñez Feijóo.
5) Las formaciones políticas ubicadas fuera del ámbito organizativo del Partido Socialista (PCE/IU, BNG, ERC, Bildu, Sumar, Podemos...) siempre manifestaron una posición crítica sobre el régimen vigente en Marruecos en base a dos consideraciones: el apoyo a la causa saharaui y el rechazo de las prácticas antidemocráticas que presiden las actuaciones de los gobernantes del país norteafricano.
Fuera del ámbito institucional y del capítulo relativo a los negocios empresariales privados, no se constata un volumen de relaciones medianamente consistentes. Se percibe, mas bien, una asimetría entre el nivel de conocimiento mutuo que se registra actualmente en las respectivas sociedades. Sin una información mínimamente compartida resulta inevitable el crecimiento de los prejuicios, de las desconfianzas y de las actitudes xenófobas. Por lo que se ve, los sectores de la izquierda que actúan en los distintos territorios del Estado español carecen de interlocutores con los que poder tejer redes de comunicación y de colaboración en favor de horizontes de mayor libertad y prosperidad para las respectivas comunidades.
En la actual crisis de Ceuta confluyen dos dimensiones importantes. Por una parte no existen dudas sobre las razones estructurales que motivan las corrientes migratorias cara el Estado español y la UE: la persistencia de una diferencia abismal en los niveles de renta y de riqueza vigentes en ambas orillas de la línea fronteriza y la carencia de una voluntad efectiva de las autoridades marroquíes para cambiar, siquiera parcialmente, semejante situación mediante el uso adecuado de los acuerdos firmados -y de los consecuentes fondos recibidos- con los responsables políticos de Bruselas y de Madrid. La reciente entrada de millares de personas en territorio español coloca en el centro de la atención pública las características que deben de tener las políticas públicas en este tema: cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos, aplicación de las normativas legales existentes, atención humanitaria a los inmigrantes y actuación coordinada de todas las administraciones públicas implicadas.
Por otra parte, este episodio suscitó una discusión sobre el papel jugado por el régimen de Marruecos en el origen y en la gestión posterior del desplazamiento de este gran contingente de personas. Excepto el PSOE, las demás fuerzas políticas culpan -por activa o por pasiva- a las autoridades del país norteafricano y -según algunos estudios demoscópicos publicados- un 80% de los ciudadanos están convencidos de esa responsabilidad gubernamental exterior. Esta situación ha provocado varias consecuencias: notable aislamiento del gobierno Sánchez (favorecido, además, por diversos errores cometidos en la gestión de este episodio); intensa utilización electoralista por parte de PP y de Vox; aparición de un clima de máxima beligerancia verbal contra los inmigrantes llegados a Ceuta (calificados de "invasores" por la derecha y la ultraderecha); preocupante incremento de las agresiones físicas de contenido xenófobo sin una respuesta policial acorde a la gravedad de los incidentes.
El conjunto de factores -interiores e internacionales- que están incidiendo en el desarrollo de esta crisis demuestran poseer una fuerte capacidad desestabilizadora sobre la situación política estatal y europea. Entregados a una política de oposición destructiva, la tentación de Feijoo y Abascal no se está ocultando: cuanto peor, mejor. Si en los próximos meses llegan a gobernar tendremos la prueba del nueve de las falacias y las demagogias que ahora están exhibiendo. En ese momento, harán lo que les indiquen desde Washington y desde Tel Aviv y dirán que la Monarquía de Rabat debe ser respetada y apoyada. @mundiario
