La implementación del nuevo esquema de infracciones de tránsito en la Ciudad de México ya abrió un frente de cuestionamientos.
De ahí que, la bancada del PAN en el Congreso capitalino exigió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) explicar el esquema con el que elementos de la Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial podrán emitir sanciones.
Fue la diputada, Liz Salgado, quien advirtió que el problema no es que la autoridad tenga herramientas para hacer valer el Reglamento de Tránsito, sino que el cambio comenzó a conocerse entre automovilistas por redes sociales y reportes en medios, y no mediante una campaña oficial de información.
Asimismo, la legisladora sostuvo que publicar el acuerdo en la Gaceta Oficial cubre el requisito legal, pero no sustituye la obligación de informar de forma clara, sencilla y accesible a la ciudadanía sobre un cambio que impacta de manera directa en la vida cotidiana.
Reclamo por falta de información previa
La panista afirmó que la certeza jurídica comienza cuando las reglas son claras y cuando la población sabe quién puede imponer una infracción y bajo qué condiciones.
En ese sentido, cuestionó que la identificación de los policías facultados para sancionar se comunicara después de que el nuevo esquema ya estaba en operación, cuando las dudas de la ciudadanía ya se habían trasladado a medios de comunicación y plataformas digitales.
“La autoridad tiene la facultad de sancionar, pero primero tiene la obligación de informar”, señaló.
¿Qué pide el PAN a la SSC?
La diputada pidió que la SSC detalle de manera puntual cuáles son las facultades de los elementos autorizados, qué tipo de infracciones podrán imponer, cómo podrá identificarlos la ciudadanía y cuáles serán los mecanismos de supervisión y denuncia para prevenir posibles abusos.
También planteó que se informe cómo podrá verificarse de manera inmediata si el agente que levanta una infracción está efectivamente autorizado para hacerlo.
En tanto, Salgado señaló que mientras exista mayor transparencia habrá más confianza entre ciudadanía y autoridad, además de que una comunicación clara ayudaría a prevenir actos de corrupción y conflictos innecesarios entre policías y automovilistas.