Las protestas celebradas en semanas pasadas, en las que se reclamaba el pago de una deuda al municipio de Tecámac, y la respuesta institucional del mismo, despertaron la curiosidad de varios, incluyendo la de su servidora.
De acuerdo con la información pública del portal de transparencia del Estado de México, Bárbara Delgado Martínez, hija del síndico Agustín Delgado, fue designada formalmente como apoderada legal de 15 supuestos proveedores que, desde 2019, han recibido más de 762 millones de pesos.
El escándalo surge entre protestas y el reclamo del pago de cerca de 80 millones de pesos más, de una deuda que el municipio asegura no puede pagar por incurrir en tres faltas graves, según su postura pública: no se brindaron los servicios, no se entregaron los bienes o nunca existieron documentos que respaldaran la contratación. ¡Quihúboles!
Y mientras ella protesta a las puertas de Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, con cámaras de televisión reclamando un pago injustificado, hay personas en Tecámac que protestan todos los días contra algo mucho más doloroso. Porque 762 millones no es un número abstracto. –Inhale y exhale–. Son 30 escuelas completamente remodeladas. Es un hospital nuevo. Son cinco años de seguridad pública sin corrupción. Son becas para miles de niños que abandonan la escuela. Son medicamentos que cientos de ancianos no pueden comprar. Son las calles donde los niños podrían jugar sin miedo. Es la vida que Tecámac nunca tuvo.
Lo que la ley dice que Agustín Delgado debería hacer
El síndico tiene la responsabilidad legal de proteger los intereses económicos y patrimoniales del municipio. Es su atribución fundamental. De hecho, es lo que juró hacer. Pero esto es precisamente lo que Agustín Delgado está violando.
Al lograr que su hija se convierta en apoderada legal de múltiples proveedores que reclaman dinero al propio municipio, Delgado no está cometiendo un simple “conflicto de interés”. Está incurriendo en abuso de autoridad. En tráfico de influencias. Está utilizando su posición de síndico para beneficio personal y familiar, violando de manera directa las obligaciones que juró cumplir: proteger y custodiar el patrimonio municipal.
Mientras gestiona información sobre las finanzas del municipio en su calidad de síndico, su hija aprovecha ese acceso privilegiado para reclamar el pago de deudas que el municipio asegura que no existen. Eso es enriquecimiento ilícito potencial en su forma más tóxica. El síndico no solo debería excusarse de cualquier decisión relacionada con estos proveedores. Debería haber renunciado en el momento en que su hija fue designada apoderada legal. En su lugar, calla como momia, diría AMLO.
¿Saben qué es lo más cruel?
Que, después de cobrar cientos de millones y reclamar el pago de 80 millones más, hay personas reales en Tecámac que viven las consecuencias de estos desvíos. La maestra que enseña en un salón sin ventanas. El niño con asma que no puede conseguir medicinas en el centro de salud. La madre que espera tres horas para que un médico la atienda. Las colonias completas que quedan bajo el agua. Ellos pagan el precio de la avaricia de una familia que convirtió la administración pública en su negocio privado.
Bárbara Delgado no solo gestiona reclamaciones. Coordina protestas exigiendo dinero que el municipio dice que nunca debió pagar. Presiona a la gobernadora Delfina Gómez por una deuda inexistente. Genera ruido mediático. Y su padre, el síndico, permanece silencioso, protegido por el cargo que debería usar para proteger al municipio.
Mariela Gutiérrez dejó un legado corrupto que sigue operando desde las sombras. Cada peso que los Delgado reclamen ahora es otro peso que se le niega a un niño sin escuela digna. Cada millón que se desvía es un hospital que nunca se construirá, una oportunidad que se evaporó.
Las preguntas inevitables
¿Cuánto de esos 762 millones de pesos se pagaron sin comprobar?, ¿hacia dónde fue ese dinero? Si investigamos cuánto fue documentado vs. cuánto fue fantasma, ¿qué cifra encontraremos?
Y entonces surgen aún más preguntas en torno a la impunidad que los deja operar: ¿Dónde está la Contraloría del Estado de México? ¿La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción? ¿Alguna institución investiga por qué el síndico de Tecámac permitió que su hija gestione reclamaciones contra el municipio que juró proteger?
Los tecamaquenses no merecen solo respuestas. Merecen que Agustín Delgado enfrente consecuencias por violar sus atribuciones y las leyes. Merecen justicia.
Y no podemos dejar de mencionar que el silencio cómplice de Horacio Duarte, mandamás del estado, llama la atención de propios y extraños, pues Tecámac es un carrusel de impunidad, o cómo olvidar que en este mismo espacio documenté que, en este municipio, la senadora Mariela Gutiérrez tiene trabajando a todo su árbol genealógico.
Hoy Tecámac es el fracaso colectivo del gobierno cuatrotero del Edomex. Y ya es hora de que deje de serlo.