El Gobierno de coalición quiere volver a situar la vivienda entre las prioridades de la agenda política antes del parón parlamentario de agosto. Tras el fracaso del anterior intento en el Congreso, PSOE y Sumar trabajan ahora en un nuevo real decreto que reunirá varias medidas destinadas a ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos y aumentar la oferta de vivienda destinada al alquiler residencial.
Aunque el texto definitivo todavía está en fase de elaboración, el Ejecutivo ya ha confirmado que el objetivo es presentar un paquete más amplio que permita reunir un mayor respaldo parlamentario que el obtenido en la votación celebrada hace unos meses.
Regresa la propuesta para ampliar los contratos de alquiler
Una de las iniciativas que volverán a la mesa es la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.
La propuesta pretende ofrecer una mayor protección a aquellos inquilinos cuyos contratos estén próximos a finalizar, evitando que se vean obligados a abandonar su vivienda en un contexto de fuerte presión sobre los precios.
El Gobierno estudia recuperar este mecanismo, aunque su redacción definitiva podría diferir de la planteada anteriormente. En el proyecto rechazado por el Congreso, la medida permitía prolongar determinados contratos durante un periodo adicional de hasta dos años, una iniciativa que, según las estimaciones del Ejecutivo, podría beneficiar a cerca de un millón de hogares.
Otro de los pilares del futuro decreto será la contención de las actualizaciones de la renta.
El Ejecutivo pretende evitar incrementos que superen determinados límites y mantener mecanismos que impidan que las revisiones anuales disparen el coste de los alquileres en un momento en el que la inflación continúa condicionando el mercado inmobiliario.
La intención es ofrecer mayor previsibilidad tanto a propietarios como a inquilinos y reducir el impacto económico de las renovaciones de contrato.
El nuevo paquete también incluirá incentivos dirigidos a los propietarios. Entre las medidas previstas figura una mejora de las ventajas fiscales en el IRPF para aquellos arrendadores que decidan renovar los contratos sin incrementar el precio del alquiler.
El objetivo es premiar a quienes contribuyan a contener el aumento de las rentas y favorecer la estabilidad de los inquilinos mediante estímulos fiscales en lugar de recurrir únicamente a medidas de control.
Esta iniciativa ya había sido anunciada anteriormente por el Gobierno, aunque hasta ahora no había logrado salir adelante.
Los pisos turísticos, en el punto de mira
Uno de los cambios más significativos afectará al alquiler turístico. El Ejecutivo pretende elevar el IVA aplicable a este tipo de alojamientos hasta el 21%, frente al tipo reducido que se aplica actualmente en muchos casos.
Con esta decisión, el Gobierno busca desincentivar la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos y favorecer que una mayor parte del parque inmobiliario vuelva al mercado del alquiler de larga duración.
La medida forma parte de una estrategia más amplia para combatir el impacto que el auge de los pisos turísticos ha tenido sobre la disponibilidad de vivienda y el encarecimiento de los precios en numerosas ciudades.
El futuro decreto también pretende actuar sobre uno de los principales vacíos detectados tras la aprobación de la Ley de Vivienda. Los alquileres de temporada y el alquiler por habitaciones han quedado hasta ahora sometidos a una regulación distinta a la de la vivienda habitual, circunstancia que ha permitido a algunos propietarios evitar determinadas limitaciones previstas para los contratos tradicionales.
El Ejecutivo pretende introducir nuevas herramientas que reduzcan ese margen y dificulten el uso de estas modalidades como vía para esquivar la normativa de protección de los inquilinos.
Un nuevo intento tras el rechazo del Congreso
El primer paquete de medidas no consiguió superar la votación parlamentaria celebrada esta primavera debido a la falta de apoyos suficientes. En aquella ocasión, varios grupos votaron en contra y otros optaron por la abstención, impidiendo la entrada en vigor de las propuestas impulsadas por el Gobierno.
Con el nuevo decreto, PSOE y Sumar aspiran a presentar un texto más amplio, con medidas adicionales que puedan facilitar el consenso y ampliar las posibilidades de obtener respaldo parlamentario. @mundiario