El Gobierno del presidente Pedro Sánchez y el ala del socio minoritario que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha decidido volver a situar la vivienda en el centro de la agenda antes del parón estival en un momento especialmente delicado para la coalición. Tras el varapalo de la semana pasada en la que el Congreso insta al jefe del Ejecutivo a dimitir o someterse a una moción de confianza tras el rosario de causas judiciales abiertas en los tribunales, el PSOE y Sumar han pactado un nuevo paquete de medidas que pretende reactivar una de las principales banderas sociales de la legislatura.
La iniciativa llegará previsiblemente al Consejo de Ministros durante el mes de julio mediante un real decreto que persigue aliviar la presión sobre el mercado del alquiler y demostrar que la mayoría de investidura sigue siendo capaz de producir acuerdos.
La medida estrella será la recuperación de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una propuesta que decayó el pasado mes de abril después de que PP, Vox, Junts y UPN votaran en contra y el PNV optara por la abstención. Ahora, el Ejecutivo intenta reconstruir consensos y ampliar el alcance del decreto para atraer a formaciones reticentes, especialmente a los independentistas catalanes, cuyos votos vuelven a resultar decisivos.
El acuerdo interno entre socialistas y Sumar supone, además, un mensaje de cohesión dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo celebró públicamente el entendimiento alcanzado y reivindicó que el Ejecutivo cumplirá el compromiso adquirido tras la derrota parlamentaria de abril. “Lo hemos conseguido. En julio presentaremos un nuevo Real Decreto de prórroga de alquileres con más medidas: impuestos a los pisos turísticos, regulación del alquiler de temporada y habitaciones y obligatoriedad de contratos por escritos. La vivienda es un derecho y vamos a garantizarlo”, escribió la líder institucional de Sumar en un mensaje en redes sociales.
Desde Sumar consideran que el nuevo texto debe convertirse en un “gran acuerdo” capaz de integrar sensibilidades diversas y de reforzar la imagen de un Gobierno que atraviesa una etapa de evidente desgaste político. Fuentes del Ejecutivo admiten que el decreto no será una mera reedición del anterior, sino un paquete mucho más amplio diseñado para que “todos los grupos se sientan representados”. La estrategia responde también a la necesidad de demostrar que la legislatura mantiene recorrido pese a las crecientes dificultades parlamentarias.
Alquileres temporales y pisos turísticos, en el punto de mira
Aunque el texto definitivo continúa en elaboración, el Gobierno trabaja para reincorporar la extensión extraordinaria de los contratos de alquiler. La propuesta inicial contemplaba que los inquilinos cuyos contratos finalizasen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027 pudieran solicitar una ampliación de hasta dos años. Según los cálculos realizados entonces por el Ministerio de Consumo, cerca de un millón de hogares podrían beneficiarse de esta medida.
El Ejecutivo también estudia volver a limitar las actualizaciones anuales de las rentas para evitar incrementos superiores a la evolución del IPC, una cuestión especialmente sensible en un contexto en el que los precios continúan tensionando el acceso a la vivienda. No obstante, el Gobierno deja abierta la puerta a modificar la redacción original para facilitar el entendimiento parlamentario.
El nuevo decreto pretende además cerrar algunos de los vacíos normativos detectados tras la aprobación de la Ley de Vivienda de 2023. Uno de los principales focos será el alquiler de temporada y por habitaciones, modalidades que han experimentado un fuerte crecimiento y que, hasta ahora, escapaban de gran parte de las limitaciones impuestas a la vivienda habitual. La intención del Ejecutivo es evitar que propietarios trasladen sus inmuebles a estas fórmulas para eludir controles de precios o prórrogas obligatorias.
Asimismo, el Gobierno quiere endurecer la fiscalidad sobre las viviendas turísticas elevando el IVA aplicable del 10 % actual al 21 %, una medida orientada a desincentivar la proliferación de este tipo de alojamientos en zonas con fuerte presión residencial. Entre las novedades también figura la obligación de formalizar todos los contratos por escrito y la introducción de bonificaciones fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que reduzcan o congelen el precio del alquiler.
Junts vuelve a tener la llave
La gran incógnita reside ahora en el Congreso. La aritmética parlamentaria obliga nuevamente al Ejecutivo a negociar con Junts, formación que ya tumbó el anterior decreto pero que dejó abierta la posibilidad de reabrir el diálogo. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se mostró convencido de que existe margen para el acuerdo y admitió que el Gobierno está dispuesto a introducir ajustes en el texto. “El arte de sacar medidas adelante es ser capaz de escuchar”, resumió.
En Moncloa son conscientes de que el éxito o fracaso de este decreto trasciende la política de vivienda. Su aprobación serviría para relanzar una legislatura que atraviesa uno de sus momentos más complejos; una nueva derrota, por el contrario, reforzaría la percepción de bloqueo que acompaña al Ejecutivo desde hace meses.
Por ello, la negociación que se abrirá durante las próximas semanas no solo determinará el futuro de la regulación del alquiler, sino también la capacidad del Gobierno para seguir gobernando con una mayoría cada vez más exigente y fragmentada.