Llevaba un tiempo refugiándome en los poemas de Emily Dickinson, esa poeta norteamericana que decidió guardar su extensa obra para que la conociésemos después de su muerte. Falleció el 15 de mayo de 1886 en Amherts (Massachusetts). Emily Dickinson pertenecía a una familia de prestigio, pero vivió recluida en su casa la mayor parte de su vida, con la actividad epistolar como única vía de comunicación con sus amistades. No le debía gustar mucho esa sociedad de la segunda revolución industrial, con los fundamentos del capitalismo más salvaje forjándose día a día. Así que sus poemas son siempre una pedrada en el estanque para despertarnos de ese oasis en el que nos quieren hacer creer que vivimos.

Y estaba con esas lecturas hasta que una cita en un artículo de la incisiva colaboradora de eldiario.es, Rosa María Artal, me hizo lanzarme a escribir este artículo. La cita era el inicio del poema 1176 (Emily Dickinson no ponía título a sus poesías, sino que las enumeraba): “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie”. La estrofa continuaba así: “Y si entonces somos fieles a nuestro intento, nuestra estatura tocará el cielo”, para concluir con una advertencia: “El heroísmo que recitamos sería algo cotidiano / si no alteráramos nosotros mismo nuestras medidas por miedo a ser reyes”.

Hoy no es que ignoremos nuestra propia estatura, es que ni tan siquiera vivimos de pie. Hemos ido aceptando con resignación cada golpe a la democracia sin inmutarnos. Cómo se iba a pensar que el país del que se dice que es la cuna de la democracia, Estados Unidos, iba a estar gobernado por un dictador. ¿O alguien cree que es normal que en la Alemania del siglo XXI ser nazi sea un opción política con opciones de llegar al pode?. ¿Se han olvidado todas las atrocidades del nazismo de Hitler? No es que se hayan olvidado, es que se han asumido de la misma manera que en España hay políticos con asiento en el Parlamento que reivindican el régimen del dictador Franco, a la vez que impiden rescatar de las cunetas los cadáveres de decenas de miles de personas asesinadas o ajusticiadas por ese régimen que ahora algunos quieren reivindicar.

Activismo judicial político

Para que este artículo sea correcto debe fundamentarse en los análisis de los mejores expertos en la observación de la actividad política. No me refiero a esa pléyade de politólogos que hoy pueblan las tertulias de radios y televisiones, y que recurren a lugares comunes para defender una opción política concreta.

Andan estos politólogos, y los tertulianos que les acompañan, en las mesas de debate muy inquietos con un asunto de gran transcendencia: las denuncias de lawfare en España. Pocos son claros con este asunto y la mayoría evade una respuesta concreta; y en la mayoría de los casos se rechaza su existencia, lo que fundamentan aseverando que contamos con un sistema judicial potente en el que no caben esas prácticas de lawfare por parte de algunos miembros de la judicatura.

En una reciente entrevista en TVE al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explicaba el origen del término lawfare. Este concepto lo inventó un coronel americano que trabajaba para la universidad de Harvard. Este neologismo, resultado de fusionar law (ley) y warfare (guerra), era el mecanismo por el que, mediante el uso de las leyes y de los procedimientos legales se sustituía el uso de las armas para lograr un objetivo estratégico. Los golpes de estado tradicionales -recuérdese Chile 1973, Argentina 1976- originaban miles de muertos y desaparecidos y eso daba muy mala imagen.

 La aplicación del lawfare es más reciente: A Dilma Rousseff y Lula en Brasil, a Evo Morales en Bolivia, a Rafael Correa en Ecuador o a Fernando Lugo en Paraguay. Casualmente todos situados en la izquierda, y todos sometidos a una presión judicial que, en el caso de Lula le llevó a la cárcel. Por aquí cerca podríamos recordar cómo se desbarató el gobierno socialista en Portugal: Antonio Costa ganó las elecciones con mayoría absoluta, lo que no impidió que un juez le incluyese en una causa judicial lo que provocó su dimisión. Poco importa que la vía judicial se demostró más tarde que era errónea, porque las siguientes elecciones las ganó la derecha con un fuerte incremento de la ultraderecha. Un “trabajo” hecho con eficacia.

En definitiva, el camino aquí descrito se podía concretar así: hacer la guerra mediante el derecho. Previamente al lawfare, también en Estados Unidos, se inventó el “activismo judicial político”. Bien podría decirse que es una fase previa al lawfare, en la que se busca el desgaste de un adversario político. Ahora bien, cuando pasamos a la fase en la que lo que se busca es un cambio de gobierno, entonces ya estaríamos en una situación de lawfare.

No somos lo que somos, somos lo que hacemos

Cada día nos están robando un trocito de democracia, cada día nos hacen un poco más pequeños como ciudadanos. Y como si fuésemos sonámbulos en la danza macabra en la que han convertido la vida política, seguimos ausentes sin darnos cuenta de que acabarán encerrándonos en el redil de la indecencia. Tal vez ha llegado la hora de ponerse en pie para dejar de arrastrarnos por el suelo, y comprobar que tenemos suficiente estatura para confrontar la agresión que se cierne sobre todos nosotros.

Y en estos momentos no hay mejor forma de ponerse en pie que no sea frente a ese poder judicial encargado de administrar Justicia.

Solo ha hecho falta una pequeña rebelión para que los señores de las puñetas se pongan nerviosos. En uno de los últimos barómetros que publica el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) queda establecido que ocho de cada diez ciudadanos españoles desconfían de la Justicia. Y ese dato corresponde a estudios anteriores a las últimas actuaciones judiciales que han enconado aún más a una opinión pública a la que le cuesta despertar de su letargo inducido.

El pasado jueves día 25 el periódico digital Mercad2 celebró la VII edición de los premios con los que reconoce la trayectoria y la excelencia de algunos personajes. Este año esos galardones fueron para el magistrado Manuel Marchena y el abogado Antonio Garrigues Walker. La entrega de esas distinciones correspondió a quien fuera presidente del Tribual Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Marchena, hoy miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrante del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y del tribunal que acaba de condenar a 24 años de cárcel al exministro José Luís Ábalos, aprovechó su discurso para sacurdirse algunas críticas. Por un lado, dijo que las críticas a algunas resoluciones judiciales son legítimas y saludables, pero, por otro lado, se quejó de que les llamen “fachas con toga”, “mafia judicial” o que les etiqueten como una opción política e ideológica”.

Solo habría que recordarle al magistrado Marchena la ley de Amnistía impulsada y aprobada por el Congreso de los Diputados, y su enfrentamiento contra el poder legislativo. Es verdad que no cabrían descalificaciones como “mafia judicial” o “fachas con toga”, pero sería difícil separar aquellas actuaciones de la actuación en el terreno de la política de una parte muy significativa de los togados. Es ocioso recordar que Marchena presidió el tribunal que condenó a los integrantes del procès.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien entró a formar parte de ese órgano para el llamado cupo progresista cambió de grupo sin explicación de ninguna clase, para unirse a los miembros del CGPJ nombrados por el cupo conservador. Su silencio se ha roto cuando desde la política se han lanzado algunas críticas contra la judicatura. Siempre en una defensa corporativista que no ha buscado nunca la fórmula para poner coto a las manifestaciones públicas a las puertas de los juzgados, con toga incluida, de miembros de la judicatura que protestaban contra un ley -la de la Amnistía- que aún no se había aprobado en el Parlamento. Así que la opción política e ideológica de la Justicia parece que tiene muchos puntos de sustento.

La esperanza es una cosa con plumas

No vale la pena traer aquí determinadas actuaciones judiciales, mucho más cerca de la vendetta política que de la administración de justicia. Están en la mente de todos y no es preciso insistir en ellas. Baste una cita de un artículo del ex magistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín publicado recientemente en el diario publico.es (https://www.publico.es/opinion/columnas/caso-mascarillas-sentencia-demasiados-flecos.html) y en el que se establece, con la contundencia jurídica que caracteriza a su autor, sobre la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Ábalos, que su nulidad está servida, y deja en manos del Tribunal Constitucional y, en su caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la decisión final.