El Gobierno de México inició este lunes el proceso de consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca reglamentar la reforma constitucional de 2024 y reconocer plenamente a estos pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Ya está lista y a partir de ahora sale a una consulta nacional con los pueblos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo es recoger «opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la propuesta de iniciativa a la ley de los pueblos indígenas y afromexicanos», en referencia a los 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y las más de 16 mil comunidades registradas en el catálogo nacional.
Un proceso de consulta nacional
Tras la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, se desarrollará una fase informativa del 1 de julio al 6 de agosto, seguida por una etapa deliberativa entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, que incluirá 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país.
Entre septiembre y octubre se incorporarán las propuestas de las comunidades para presentar la iniciativa final al Congreso mexicano el 12 de octubre, fecha que el Gobierno identifica como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.
Reconocimiento histórico a pueblos originarios
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, señaló que la ley tiene por objeto «promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos», lo que definió como el corazón de la reforma constitucional.
Regino destacó que la iniciativa está integrada por ocho libros que regulan temas como la libre determinación, autonomía, derechos de comunidades afromexicanas, protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, así como personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad.
«Son 200 años de existencia del Estado mexicano, nunca habíamos tenido una ley indígena. Ahora tendremos una ley en la materia», afirmó.
El funcionario consideró que la nueva legislación permitirá una mayor participación política y social de los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida pública nacional.
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