La investigación sobre la denominada trama Hirurok y las presuntas cloacas del PSOE se han solapado y han dejado de ser únicamente el sumario que analizaba las presuntas maniobras de Leire Díez para obtener información comprometida sobre jueces, fiscales y mandos policiales. La causa abierta en la Audiencia Nacional ha evolucionado hasta convertirse en una radiografía sobre la supuesta utilización de la influencia política para intervenir en decisiones estratégicas de algunas de las principales empresas públicas del Estado.

El último movimiento del juez Santiago Pedraz confirma esa dimensión. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha imputado a 25 nuevas personas, entre ellas cinco altos cargos que continúan ejerciendo responsabilidades en organismos públicos, en una resolución que proyecta la investigación sobre el núcleo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding que gestiona participaciones públicas valoradas en decenas de miles de millones de euros.

La decisión judicial dibuja un escenario inédito: la investigación ya no se limita a los presuntos intermediarios que, según la Guardia Civil, conformaban el grupo Hirurok —Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso—, sino que alcanza a quienes habrían contribuido desde dentro de la Administración a facilitar operaciones bajo sospecha.

El caso sitúa en el centro del procedimiento a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, cuya actuación queda bajo escrutinio por el rescate de 112.,8 millones de euros concedido a Tubos Reunidos mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La Fiscalía sostiene que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha localizado mensajes, documentos internos y comunicaciones que apuntan a una intensa actividad del grupo Hirurok para impulsar la aprobación de aquella ayuda pública, incluso frente a las reservas planteadas por otros departamentos de la Administración.

Los investigadores describen reuniones de carácter político destinadas a acelerar la tramitación del expediente y destacan que Gualda firmó tanto la propuesta elevada al Consejo Gestor del fondo como posteriores decisiones relacionadas con la flexibilización de las condiciones de devolución del préstamo. La operación constituye la más relevante económicamente de toda la investigación. Según los cálculos de la Guardia Civil, la presunta trama habría obtenido cerca de 247.000 euros en comisiones vinculadas al rescate y a las posteriores gestiones realizadas para favorecer a la empresa.

Cinco operaciones bajo sospecha

La investigación alcanza a responsables que continúan ocupando puestos estratégicos dentro del sector público empresarial. Entre ellos figura Julián Mateos Aparicio, responsable del FASEE y encargado del seguimiento de algunos de los mayores rescates aprobados durante la pandemia; Rosario Arévalo, directora corporativa de ENUSA; María Teresa Castillo, actual directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe; Rosario Martínez Manzanedo, actualmente vinculada a la Fundación SEPI; y la propia presidenta del holding público.

A ellos se suman antiguos responsables de empresas estatales como Mercasa o ENUSA, además de directivos de sociedades privadas que habrían participado en distintas operaciones investigadas. La resolución supone un duro golpe para la imagen del principal conglomerado empresarial del Estado, responsable de participaciones en compañías estratégicas como Telefónica, Indra o Airbus.

La Fiscalía sostiene que todas las actuaciones investigadas responden a un mismo patrón de funcionamiento. El informe elaborado por Anticorrupción identifica cinco operaciones principales que habrían permitido movilizar recursos públicos superiores a 132 millones de euros mientras la presunta red obtenía, según la UCO, alrededor de 750.000 euros en contraprestaciones económicas.

Además del rescate de Tubos Reunidos, la investigación examina la adjudicación de un contrato de demolición en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), valorado en 2.8 millones de euros; una operación inmobiliaria vinculada a Mercasa; varias actuaciones en ENUSA relacionadas con Acciona y la empresa SDP; y la inversión de 17.3 millones realizada por SEPIDES en una sociedad del Grupo Forestalia. En todos los casos, la Fiscalía aprecia un esquema similar: utilización de contactos políticos, acceso privilegiado a información interna, influencia sobre procedimientos administrativos y percepción de comisiones por las gestiones realizadas.

La sombra de Santos Cerdán

Aunque el exsecretario de Organización del PSOE no forma parte de esta nueva ronda de imputaciones, su figura continúa muy presente en la investigación. La Guardia Civil sostiene que Antxon Alonso, uno de los presuntos integrantes de Hirurok, mantenía estrechos vínculos empresariales con Santos Cerdán a través de Servinabar, sociedad que aparece repetidamente en las distintas operaciones analizadas.

La investigación considera igualmente que algunas de las actuaciones desarrolladas por la trama habrían contado con el conocimiento o la participación del exdirigente socialista, extremo que se analiza en procedimientos paralelos abiertos tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.

Más allá del detalle de cada expediente, la Fiscalía subraya que las cinco operaciones investigadas presentan una estructura prácticamente idéntica. Según Anticorrupción, el grupo actuaba identificando empresas interesadas en contratos públicos, rescates o inversiones estratégicas; utilizaba la influencia que Fernández conservaba en la SEPI y en otras entidades públicas; obtenía información reservada sobre la evolución de los expedientes y, finalmente, percibía contraprestaciones económicas una vez culminaban las operaciones.

Los investigadores consideran que ese funcionamiento revela una organización estable, coordinada y con reparto de funciones, circunstancia que justifica la imputación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y utilización de información privilegiada. @mundiario