La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) encara un relevo de enorme trascendencia institucional. Su directora general, Soledad Fernández Doctor, abandonará el cargo en las próximas semanas después de haber solicitado hace meses su sustitución, una decisión que, oficialmente, se enmarca en un relevo pactado tras concluir la campaña de la Renta, pero que llega en un contexto de creciente tensión entre la dirección del organismo y el Ministehacienda
El cambio coincide además con un momento especialmente sensible para el Ejecutivo. Mientras el Partido Popular interpreta la salida como un intento de evitar explicaciones sobre el denominado caso Zapatero, el Gobierno mantiene su respaldo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, investigada judicialmente en el caso Leire Díez.
Fuentes de la Agencia Tributaria sostienen que Fernández Doctor pidió hace meses abandonar la dirección del organismo y que se acordó posponer cualquier decisión hasta finalizar la campaña del IRPF, concluida esta semana. Sin embargo, distintas fuentes internas describen un clima de creciente desgaste durante los últimos meses. La directora habría mantenido discrepancias con la cúpula del Ministerio de Hacienda sobre diversas iniciativas de gestión que, según estas fuentes, fueron frenadas desde el ámbito político.
Entre los asuntos que habrían generado mayor fricción figura la actualización de la carrera profesional de los funcionarios de la Agencia Tributaria, una reivindicación histórica de la plantilla que no llegó a materializarse. Quienes conocen el funcionamiento interno del organismo describen a Fernández Doctor como una gestora eminentemente técnica, alejada del perfil político, que en la recta final de su mandato habría percibido una progresiva pérdida de respaldo institucional.
Su salida no llega sola. También han solicitado abandonar sus puestos el director del Departamento de Inspección y la directora del Departamento de Recaudación, una coincidencia que varios responsables del organismo interpretan como síntoma de un malestar más profundo dentro de la Agencia.
Cataluña y el clima interno agravan el desgaste
Las tensiones no se limitan a la relación con el Ministerio. La Agencia Tributaria atraviesa desde hace meses un conflicto laboral derivado de las reclamaciones de los trabajadores sobre falta de personal, carrera profesional y regulación del teletrabajo. Hace apenas unas semanas, el sindicato CSIF convocó una huelga nacional denunciando el bloqueo de las negociaciones desde 2019.
A ello se suma el profundo malestar generado por las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat para ampliar las competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña dentro del nuevo modelo de financiación singular pactado con los partidos independentistas. Numerosos funcionarios consideran que ese proceso ha incrementado la incertidumbre jurídica sobre el futuro del organismo y ha contribuido a deteriorar el clima interno.
Aunque desde la Agencia Tributaria insisten en que el relevo responde exclusivamente a una decisión personal adoptada hace meses, el Partido Popular ha interpretado la coincidencia temporal de forma muy distinta.
La formación de Alberto Núñez Feijóo anunció esta semana la comparecencia de Soledad Fernández Doctor en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI para que responda, entre otras cuestiones, sobre la eventual actuación de la Agencia Tributaria respecto a la investigación judicial relacionada con las joyas atribuidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los populares sostienen que la Agencia debe aclarar si se personará como posible perjudicada en el procedimiento judicial abierto y consideran que la salida de su directora pretende evitar ese debate político. Desde Hacienda rechazan tajantemente esa interpretación y subrayan que no existe ninguna crisis interna, sino un relevo previsto tras culminar una parte importante del Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia Tributaria.
El contraste con la SEPI
La polémica sobre la Agencia Tributaria coincide con otra decisión del Ejecutivo que ha incrementado la presión política. Mientras Teresa Castillo, directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública Isdefe, ha decidido abandonar voluntariamente su puesto tras resultar investigada por su presunta actuación durante su anterior etapa en Mercasa, el Gobierno mantiene su respaldo a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
Gualda figura entre las personas investigadas en el caso Leire Díez por presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de empresas estratégicas, una imputación que la oposición considera incompatible con su continuidad al frente del principal holding empresarial del Estado. Pese a ello, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, han defendido públicamente su permanencia en el cargo, argumentando que la gestión de la SEPI no debe verse condicionada por una investigación judicial aún en fase inicial.
La renuncia de Castillo y la continuidad de Gualda han alimentado el debate político sobre el tratamiento que el Ejecutivo dispensa a los altos cargos investigados. Castillo abandonó voluntariamente Isdefe alegando su voluntad de proteger la imagen de la empresa pública mientras ejerce su defensa judicial. En cambio, la presidenta de la SEPI conserva el respaldo explícito del Gobierno pese a la investigación abierta. La oposición considera que ambos casos evidencian un doble rasero dentro del sector público estatal. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que la imputación no implica culpabilidad y reivindica la presunción de inocencia de todos los responsables afectados.
Con la marcha de la directora de la Agencia Tributaria, la renovación simultánea de varios de sus principales responsables y la continuidad de los procedimientos judiciales que afectan a distintos organismos públicos, el Ministerio de Hacienda afronta uno de los momentos de mayor complejidad institucional de la legislatura.
A la gestión de la reforma del modelo de financiación autonómica, las negociaciones con Cataluña y los conflictos laborales internos se suma ahora una intensa batalla política en torno a la independencia técnica de la Agencia Tributaria y la continuidad de altos cargos públicos investigados, dos cuestiones que previsiblemente seguirán ocupando un lugar central en el debate parlamentario durante las próximas semanas. @mundiario