La relación entre Bruselas y Madrid en el marco del fondo de recuperación europeo entra en una nueva fase de supervisión exigente. La Comisión Europea ha dado su visto bueno solo parcial al sexto pago solicitado por España, lo que implica una reducción respecto a lo previsto inicialmente y mantiene parte de los fondos en suspenso hasta que se completen varios compromisos pendientes.
El resultado es una combinación de desembolsos y ajustes que refleja la lógica del mecanismo europeo: los fondos no se liberan por calendario, sino por reformas efectivamente ejecutadas.
Un pago condicionado por el cumplimiento de hitos
En esta revisión, España recibirá 5.668 millones de euros en transferencias directas y 1.051 millones en préstamos, una cifra que se ve recortada en 537 millones por el incumplimiento de tres objetivos concretos asociados a este tramo. A ello se suman 302 millones desbloqueados de compromisos anteriores, lo que eleva el total aprobado a 7.021 millones.
El siguiente paso será la validación por parte del Consejo de la Unión Europea, que agrupa a los ministros de Economía y Finanzas. Solo entonces se hará efectivo el desembolso.
Según la evaluación comunitaria, España ha logrado cumplir 64 de los 67 hitos asociados a este pago. La diferencia, aunque limitada en términos porcentuales, es suficiente para activar el mecanismo de corrección previsto en el plan europeo.
Qué proyectos quedan fuera del desembolso completo
Los tres objetivos pendientes se concentran en áreas sociales y de modernización del Estado: formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y programas de apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas. Son ámbitos especialmente sensibles porque conectan con la cohesión social del plan de recuperación.
Bruselas ha abierto un plazo de un mes para que el Gobierno presente alegaciones antes de confirmar la retención definitiva de los fondos. Si la decisión se mantiene, España dispondrá de medio año para corregir los incumplimientos y recuperar el dinero retenido.
No es un episodio aislado. En el pago anterior ya se aplicó una reducción superior a los 1.000 millones por incumplimientos en reformas fiscales, digitalización administrativa y condiciones laborales de empleados públicos. Parte de esas cuestiones se han ido corrigiendo, lo que ha permitido ahora desbloquear cantidades adicionales parcialmente retenidas.
Un calendario cada vez más exigente para los fondos europeos
Más allá de este desembolso, el contexto es cada vez más ajustado. España ha recibido ya alrededor de 61.000 millones en subvenciones y más de 17.000 millones en préstamos dentro del programa europeo de recuperación, diseñado tras la pandemia. Sin embargo, aún queda pendiente el último gran pago, que supera los 25.000 millones.
El reto es doble: el plazo para ejecutar reformas finaliza el 31 de agosto, y la solicitud formal de los fondos debe realizarse antes del 30 de septiembre. Esto deja un margen muy estrecho para completar las reformas restantes y evitar nuevas penalizaciones.
Entre los avances reconocidos por Bruselas figuran la Ley de Movilidad Sostenible, la ampliación de permisos de nacimiento, la creación de centros de atención a víctimas de violencia sexual, inversiones industriales canalizadas a través de los PERTE y la puesta en marcha de nuevos organismos de evaluación de políticas públicas.
El mensaje de fondo es claro: el dinero europeo sigue llegando, pero cada vez con mayor precisión quirúrgica sobre qué se ha cumplido y qué no. Un sistema que convierte cada reforma en una condición imprescindible para la siguiente transferencia. @mundiario