La condena dictada por el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García no ha cerrado el recorrido judicial del caso. Al contrario. La resolución del alto tribunal ha abierto una nueva línea de responsabilidades penales que ahora comienza a desplegarse en la Audiencia Nacional.
El magistrado Ismael Moreno ha acordado citar como investigados el próximo 20 de julio a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes; Joseba García, hermano del antiguo asesor ministerial Koldo García; e Ignacio Zaldívar, exresponsable de Gestión Administrativa de Adif. Todos ellos deberán responder por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias relacionados con la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
El movimiento del instructor responde a una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción tras analizar la sentencia del Supremo que condenó a Ábalos y Koldo García. En ese fallo, la Sala de lo Penal concluyó que la contratación de Jésica Rodríguez no siguió los cauces ordinarios, sino que fue producto de una operación impulsada desde el propio Ministerio de Transportes y desde la presidencia de Adif.
Los magistrados describieron un mecanismo diseñado para que la joven obtuviera un empleo remunerado con fondos públicos pese a que, según quedó acreditado durante el juicio, no desarrolló actividad laboral efectiva. La resolución considera probado que la contratación fue promovida “directa y decisivamente” desde Adif por indicación de Ábalos y bajo la coordinación de Koldo.
El papel atribuido a Joseba García
Según los hechos declarados probados, Rodríguez fue incorporada primero a Ineco y posteriormente a Tragsatec, donde percibió aproximadamente 43.950 euros entre ambos contratos durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021. Durante el juicio, la propia Jésica Rodríguez reconoció que nunca acudió a trabajar de forma efectiva.
La mujer explicó que fue el entonces ministro quien le propuso obtener un empleo para que pudiera cotizar mientras cursaba sus estudios universitarios de odontología. Precisamente ese reconocimiento, unido al resto de pruebas documentales y testimoniales, ha llevado ahora a la Fiscalía a sostener que la beneficiaria del supuesto enchufe también debe responder penalmente. Anticorrupción considera que sin su aceptación y colaboración el plan no habría podido ejecutarse.
Uno de los aspectos que más peso adquiere en esta nueva fase afecta a Joseba García, hermano de Koldo. El Supremo ya apuntó que habría desempeñado un papel esencial para mantener la apariencia de normalidad del contrato. Según la sentencia, fue quien orientó a Rodríguez sobre cómo cumplimentar los partes de trabajo, qué respuestas debía ofrecer cuando se le requirieran explicaciones y cómo justificar una actividad laboral que, según la resolución judicial, nunca llegó a existir.
La intervención del exdirectivo de Adif
Los magistrados sostienen que estas actuaciones permitieron prolongar durante meses una contratación cuyo objetivo inicial habría sido precisamente evitar cualquier prestación laboral real.
También deberá declarar como investigado Ignacio Zaldívar, antiguo director de Gestión Administrativa de Adif. La resolución del Supremo ya describía su participación en el proceso de contratación. Según los hechos probados, recibió instrucciones para facilitar el fichaje de Rodríguez en Tragsatec cuando concluía su etapa en Ineco.
La sentencia afirma que trasladó a los responsables de contratación el especial interés de la presidencia de Adif, que entonces ostentaba la funcionaria imputada Isabel Pardo de Vera, en que la incorporación saliera adelante, subrayando además la estrecha vinculación de la candidata con el entorno del ministro. Para la Fiscalía, esos hechos justifican ahora la apertura formal de una investigación penal contra él.
Una pieza que sigue creciendo
La peculiar distribución de competencias entre ambos tribunales explica esta nueva fase del procedimiento. Mientras el Supremo juzgó a Ábalos por su condición de aforado cuando se iniciaron las actuaciones, la Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación respecto al resto de integrantes de la presunta trama.
La sentencia del alto tribunal no podía condenar a quienes no estaban formalmente acusados en ese procedimiento, pero sí dejó expresamente abierta la posibilidad de exigir responsabilidades a terceros. Anticorrupción entiende que esos hechos declarados probados constituyen ahora un punto de partida suficiente para atribuir formalmente la condición de investigados a quienes participaron en las contrataciones.
La investigación sobre las contrataciones irregulares constituye solo una de las ramas del caso Koldo. La Audiencia Nacional continúa analizando además las presuntas comisiones vinculadas a adjudicaciones de contrato de obra pública, especialmente la derivada en la que figura como el principal imputado el también exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien sí decidió renunciar a su acta de diputado para trasladar la causa del Supremo a una instancia inferior, más congestionada por la gran cantidad de macrocausas que está procesando. @mundiario