El ex dirigente estatal de Morena y hermano del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Ulises Bravo Molina, acusó a la Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia de encabezar una persecución política en su contra tras ser acusado por violencia familiar contra su ex pareja.
Su ex esposa, Liu León Luna publicó el pasado 2 de julio en sus redes sociales que el morenista fue vinculado a proceso.
"De nueva cuenta el día de hoy se hace valer la justicia, la Tercera Sala Penal del Estado de Morelos, en cumplimiento de ejecutoria de amparo, vuelve a vincular a proceso a Ulises Bravo Molina por el delito de violencia familiar cometido en mi agravio en diversos momentos", comunicó.
"Una muestra más de la lucha de las mujeres y que la impunidad no permea", agregó.
De acuerdo con los documentos difundidos, esa instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó el auto de no vinculación previo a favor de Bravo Molina. El imputado enfrentará el proceso en libertad y bajo medidas cautelares por la denuncia de su ex pareja.
Posteriormente, en un pronunciamiento público difundido en video, negó la vinculación al afirmar que no fue notificado formalmente. El morenista responsabilizó a la Gobernadora Margarita González Saravia (Morena) y al Jefe de la Oficina de la gubernatura, Javier García Chávez, de ordenar la modificación del fallo judicial debido a viejas discrepancias en el proceso electoral de 2024.
"Hacerle la petición a la Gobernadora y a su Jefe de Oficina que saquen las manos de este asunto; que las diferencias que tuvimos, si en algún momento les incomodó que yo luchara por tener un mejor partido pues esa era mi obligación como presidente del mismo (...) en algún punto de vista no siempre concordaba con el punto de vista del entonces candidata a gobernadora.
"Al final de cuentas sucedió lo que siempre le advertía a la Gobernadora porque el tipo de coalición que pretendía formar, el tipo de candidatos que quería que lanzarnos iban a hacer perder la mayoría de los municipios, tal como ocurrió (...) es el tipo de controversias que pues supongo que fue lo que lleva a la Gobernadora y a su Jefe de Oficina a querer tomar venganza en contra mía.
"Pedirle respetuosamente a la Gobernadora del estado Margarita González Sarabia y a su Jefe de Oficina que no se metan en asuntos de este tipo, que tienen mucha chamba por hacer; el estado no está como quisiéramos que estuviera", opinó.
Bravo Molina aseguró que el Magistrado Rafael Brito le advirtió sobre la presión del Poder Ejecutivo para ceñirlo a proceso penal. Afirmó que la acusación original estuvo impulsada por el ex Fiscal Uriel Carmona Gándara a raíz de la confrontación que éste sostenía con su hermano.
Las autoridades de Morelos negaron cualquier manipulación en los criterios del Poder Judicial. El Jefe de la Oficina de la gubernatura, Javier García Chávez, sostuvo que los señalamientos pretenden construir una distracción mediática ante los tribunales.
"El Gobierno que preside la Gobernadora Margarita González Saravia, por ética, por principios, por vocación y por formación histórica, no ejerce persecución política ni politiza la justicia", aseveró García Chávez al recordar que la denuncia penal proviene de un particular.
En tanto, la Mandataria se sumó al deslinde y afirmó que el ex dirigente de Morena no tiene calidad moral para realizar críticas a su gestión y enfatizó que los abusos físicos denunciados ocurrieron justamente en la época en que gobernaba Cuauhtémoc Blanco.
"Ya es un proceso legal que ya lleva muchos años, y bueno, pues ya tuvo una sentencia; me parece que a nivel federal confirmaron una situación en contra de él, ¿no? Entonces, pues que lo resuelva él, nosotros no tenemos nada que ver", contestó ayer al ser abordada por periodistas.
"También escuché críticas a mi gobierno, yo lo único que puedo decir es que no tienen ninguna autoridad moral para criticar a nuestro gobierno (...) que el pueblo de Morelos juzgue eso, pero nosotros estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, trabajando todos los días", afirmó.
La defensa legal de Bravo Molina insistió que no se trata de una vinculación al no ser notificados formalmente de tal decisión y anunció que interpondrá juicios de amparo ante la justicia federal para combatir la resolución local.
También indicó que presentará denuncias por la filtración del expediente antes de que el implicado recibiera la notificación formal.