El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una nueva ofensiva diplomática contra la Corte Penal Internacional, al considerar que el tribunal representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y para su personal militar, diplomático y de seguridad. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje en video difundido este lunes.
De acuerdo con Reuters y con el Departamento de Estado, Washington evalúa medidas como prohibiciones de viaje, revocación de visas, ampliación de sanciones contra funcionarios de la CPI y presión diplomática sobre otros países para que rechacen la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses, según Reuters.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Estados Unidos nunca ha sido Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen al tribunal.
Rubio dijo que el gobierno de Trump está poniendo en marcha una campaña para “desmantelar” lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos. Crédito: canva / EFE¿Qué anunció Marco Rubio contra la Corte Penal Internacional?
Rubio dijo que el gobierno de Trump está poniendo en marcha una campaña para “desmantelar” lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos.
En su mensaje, el secretario de Estado afirmó que la CPI fue creada originalmente para perseguir los crímenes más graves, pero sostuvo que terminó convertida en “algo mucho más radical y extremo”. Según Rubio, Washington no permitirá que el tribunal amenace a militares, funcionarios o ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Estado también señaló que “ninguna opción diplomática quedará descartada” en esta campaña contra la corte.
¿Qué medidas podría tomar Estados Unidos?
Un funcionario del Departamento de Estado dijo a Reuters que la administración Trump analiza varias opciones.
Entre ellas están:
- Prohibiciones de viaje contra funcionarios de la CPI.
- Revocación de visas.
- Nuevas sanciones o sanciones más amplias.
- Presión diplomática sobre países aliados.
- Medidas contra organizaciones afiliadas o que colaboren con la corte.
Estas acciones buscan aislar al tribunal y reducir su capacidad para investigar o actuar contra estadounidenses o aliados de Washington.
¿Por qué Estados Unidos rechaza a la CPI?
Washington ha sostenido durante años que la CPI no debe tener autoridad sobre ciudadanos estadounidenses porque Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma.
Esa postura no comenzó con Trump. El expresidente George W. Bush también rechazó la jurisdicción del tribunal, especialmente por el temor a que militares estadounidenses pudieran ser investigados por acciones realizadas en el extranjero.
El conflicto se intensifica porque la CPI sostiene que puede investigar crímenes cometidos en el territorio de países que sí aceptaron su jurisdicción, incluso si el presunto responsable es ciudadano de un país que no forma parte del tribunal.
¿La CPI puede juzgar a estadounidenses aunque EU no sea miembro?
La CPI no tiene jurisdicción general sobre todo el mundo. Su competencia se activa en casos específicos: cuando el presunto crimen ocurre en el territorio de un Estado parte, cuando el acusado es nacional de un Estado parte, cuando un país acepta la jurisdicción de forma especial o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite una situación.
Por eso, el argumento de la CPI es que un ciudadano de un país no miembro podría ser investigado si los hechos ocurrieron en territorio de un país que sí reconoce al tribunal.
Estados Unidos rechaza esa interpretación cuando se trata de su personal.
¿Qué casos han aumentado la tensión con Washington?
Reuters señaló que la administración Trump respaldó sanciones contra funcionarios de la CPI, en parte para impedir intentos futuros de responsabilizar al presidente republicano o a miembros de su gobierno por operaciones militares estadounidenses en el extranjero.
La tensión también se ha alimentado por investigaciones o decisiones relacionadas con aliados de Estados Unidos. El gobierno de Trump sancionó previamente a funcionarios de la CPI por casos vinculados con estadounidenses e israelíes, en medio del rechazo de Washington a investigaciones contra su personal y contra líderes de Israel.
La nueva campaña de Trump y Rubio coloca de nuevo a la Corte Penal Internacional en el centro de una tensión que lleva años abierta: la justicia internacional frente al poder de los Estados que no aceptan su jurisdicción. The Guardian reportó que críticos de la postura de Rubio consideran engañoso presentar a la CPI como un tribunal con poder ilimitado, pues su jurisdicción está limitada por el Estatuto de Roma y por reglas de competencia territorial o de remisión internacional.
¿Qué respondió la Corte Penal Internacional?
La portavoz de la CPI, Oriane Maillet, dijo a Reuters que el tribunal no haría comentarios en esta etapa. Hasta ahora, la corte no ha anunciado una respuesta formal específica al nuevo plan de Rubio. Sin embargo, la CPI ha defendido en ocasiones anteriores su independencia y su mandato para investigar los crímenes más graves cuando los países no actúan por sí mismos.
La CPI funciona bajo el principio de complementariedad.
Esto significa que el tribunal no sustituye automáticamente a los tribunales nacionales. Solo puede actuar cuando un Estado no puede o no quiere investigar y juzgar seriamente crímenes graves dentro de su jurisdicción.
Este punto es importante porque la CPI no opera como una corte penal mundial para cualquier delito. Su mandato se limita a crímenes internacionales graves.
¿Cuántos países reconocen a la CPI?
La Asamblea de Estados Partes de la CPI señala que 125 países son parte del Estatuto de Roma. Estados Unidos, Rusia y China no forman parte del tribunal.
Esto genera una división internacional: muchos países reconocen a la CPI como herramienta contra la impunidad, mientras otras potencias la rechazan por considerar que puede usarse de forma política o afectar su soberanía.
¿Qué puede pasar ahora?
La ofensiva anunciada por Rubio puede abrir una nueva etapa de presión diplomática contra la CPI.
Si Estados Unidos avanza con sanciones y restricciones, funcionarios del tribunal, jueces, fiscales o personas vinculadas con investigaciones podrían enfrentar límites para viajar, congelamiento de bienes o costos diplomáticos. También podría aumentar la presión sobre países aliados para que se distancien del tribunal o limiten su cooperación.
El impacto dependerá de hasta dónde llegue Washington y de cómo respondan los Estados parte de la CPI.
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¿Por qué importa este conflicto?
El choque entre Estados Unidos y la CPI no es solo una disputa legal. También refleja una pregunta política: quién puede investigar presuntos crímenes internacionales cuando involucran a países poderosos o a sus aliados.
Para Washington, la corte amenaza su soberanía y expone a su personal a procesos que considera ilegítimos. Para defensores del tribunal, limitar a la CPI debilita una herramienta creada para perseguir atrocidades cuando los sistemas nacionales no responden.
La nueva campaña de Trump y Rubio coloca de nuevo a la Corte Penal Internacional en el centro de una tensión que lleva años abierta: la justicia internacional frente al poder de los Estados que no aceptan su jurisdicción.
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