El camino hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2027 empieza con un obstáculo inesperado para el Gobierno. El Congreso ha rechazado la propuesta de senda de déficit y estabilidad presupuestaria presentada por el Ejecutivo, un trámite imprescindible antes de registrar las nuevas cuentas públicas. El resultado deja en evidencia la dificultad del Gobierno para construir mayorías estables y abre un nuevo escenario de negociación política.
La propuesta del Gobierno recibió 167 votos a favor frente a 178 en contra y cinco abstenciones. La oposición de PP, Vox y UPN se sumó al rechazo de Junts, una pieza clave en la aritmética parlamentaria, que ya había mostrado sus reparos al diseño fiscal planteado por el Ejecutivo.
La senda presentada fijaba un déficit público del 1,8% del PIB para 2027, con una reducción progresiva hasta el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. Dentro de ese reparto, la Administración Central asumiría la mayor parte del esfuerzo, mientras que las comunidades autónomas contarían con un margen limitado, alrededor de 5.849 millones de euros adicionales.
El problema para el Gobierno no es solo la derrota puntual en el Congreso, sino la señal política que deja. La aprobación de la senda de déficit funciona como una primera prueba de cara a la negociación presupuestaria y anticipa las dificultades que tendrá el Ejecutivo para sacar adelante unas cuentas con apoyos suficientes.
Junts vuelve a marcar la agenda del Gobierno
El rechazo de Junts ha sido determinante para el resultado final. La formación catalana considera insuficiente el reparto fiscal planteado y se ha alineado con las críticas de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que reclamaban mayor capacidad de gasto para las autonomías.
El Ejecutivo intentará repetir el procedimiento y volverá a aprobar la misma senda en Consejo de Ministros para llevarla de nuevo al Pleno del Congreso el próximo 23 de julio. Sin embargo, si la votación vuelve a fracasar, el Gobierno tendrá que afrontar la preparación de los Presupuestos de 2027 con un escenario más complejo.
La situación no es inédita durante esta legislatura. En anteriores ocasiones, el Parlamento ya había rechazado propuestas similares, demostrando que la estabilidad presupuestaria se ha convertido en uno de los principales campos de disputa entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios.
Un pulso con consecuencias para las cuentas públicas
Más allá de la batalla política, la ausencia de una senda de déficit aprobada puede condicionar la elaboración de los próximos Presupuestos. Este trámite permite definir los límites de gasto de las distintas administraciones y establecer el marco financiero sobre el que se construyen las cuentas del Estado.
El Gobierno defiende que su propuesta permite cumplir con las reglas fiscales europeas y mantener un equilibrio entre reducción del déficit y capacidad de inversión pública. Sus críticos, en cambio, consideran que el margen otorgado a las comunidades autónomas resulta insuficiente para afrontar sus necesidades.
Si el Ejecutivo no logra desbloquear esta fase, la negociación presupuestaria llegará al otoño con mayor tensión política. La disputa por el reparto del déficit se convierte así en un adelanto de una batalla más amplia: la aprobación de unos Presupuestos que necesitarán nuevamente de acuerdos parlamentarios complejos para salir adelante. @mundiario