La muerte a tiros de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años, a manos de agentes de ICE este lunes 13 de julio de 2026, ha transformado un procedimiento de deportación en una grave crisis diplomática entre Washington y Bogotá. El trágico suceso ocurrió en la calle Sullivan de Biddeford (Maine), cuando los oficiales federales interceptaron el vehículo de Durán en la vía pública mientras este se dirigía a trabajar.
Lo ocurrido ha desatado una investigación del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras revelarse que el joven, quien residía legalmente en la zona junto a su esposa y su hija de tres años gracias a un permiso de trabajo vigente, no era el objetivo del operativo de arresto y fue víctima de un error de identificación.
La gravedad del caso escaló cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el senador Angus King confirmaron oficialmente que Joan Sebastián Durán Guerrero no era el objetivo del operativo. El drástico giro en la narrativa oficial desarmó el pretexto inicial de los agentes, obligando a abrir una pesquisa penal liderada por el FBI. El hecho de que un joven con número de Seguro Social y permiso de trabajo vigente terminara abatido en su propio auto ha transformado esta tragedia en un cuestionamiento sistémico a la falta de cámaras corporales y a la letalidad de las redadas ciegas de ICE.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes, cuando agentes de ICE realizaban labores de vigilancia sobre la última dirección conocida de una persona que tenía una orden definitiva de expulsión de Estados Unidos. Según explicó posteriormente la agencia, los agentes intentaron detener un vehículo que abandonaba el lugar, cuya versión oficial sostiene que el automóvil “trató de huir” y que un agente abrió fuego al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública. Inicialmente, diversas autoridades señalaron que el conductor era precisamente la persona buscada por los agentes; sin embargo, esa versión cambió pocas horas después.
El senador independiente por Maine, Angus King, explicó que el propio Departamento de Seguridad Nacional le comunicó posteriormente que el fallecido no era el individuo sobre el que pesaba la orden migratoria, afirmando textualmente: “La persona que murió no era la que ellos (el ICE) buscaban”. Ese reconocimiento modificó sustancialmente el enfoque del caso, ya que sitúa el debate no únicamente en el uso de la fuerza, sino también en la identificación previa de los objetivos de la operación.
¿Quién era Joan Sebastián Durán Guerrero?
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identificaron al fallecido como Joan Durán, un ciudadano colombiano de 26 años. Según la información difundida por dichas organizaciones y recogida posteriormente por distintos medios estadounidenses, trabajaba como repartidor, residía en Biddeford junto a su esposa y tenía una hija de tres años; asimismo, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine aseguró además que disponía de autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.Ese dato no aclara automáticamente cuál era su situación migratoria completa, pero añade otro elemento que ahora deberá ser analizado durante la investigación oficial.
La Fiscalía General de Maine indicó inicialmente que el conductor “intentó huir en un vehículo en dirección al agente”, motivo por el cual éste utilizó su arma, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional mantuvo posteriormente una explicación similar, afirmando que el agente actuó “por temor a la seguridad pública”; sin embargo, varios testigos aportaron una descripción distinta de lo sucedido.
Daniel Boucher, vecino del lugar, declaró a Reuters y AP que escuchó varios disparos antes de observar el vehículo ya inmovilizado y al conductor gravemente herido, y, según su testimonio, alcanzó a escuchar a la víctima pronunciar unas palabras antes de morir: “Intenté detenerme”.
Uno de los factores que más complica la reconstrucción objetiva del incidente es que los agentes implicados no llevaban cámaras corporales, una grave omisión de transparencia que el propio senador independiente Angus King confirmó al reclamar una investigación exhaustiva. Al no haber grabaciones oficiales disponibles que clarifiquen el momento de los disparos, los investigadores del FBI y de la Oficina del Inspector General (OIG) deberán apoyarse por completo en las declaraciones de testigos, las pruebas balísticas, los informes periciales, las comunicaciones internas de la agencia y los videos de seguridad de comercios locales para reconstruir el desarrollo exacto del operativo.La actual postura oficial del DHS y el estado de Maine sostiene que Durán Guerrero intentó evadir el control y “arremetió con su vehículo hacia un oficial”, forzando al agente a disparar en defensa propia ante una presunta amenaza con el automóvil. Por el otro, esta narrativa de la agencia federal ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad tras recopilarse los videos de cámaras de seguridad comerciales y residenciales de los alrededores. Aunque los agentes carecían de cámaras corporales, los metrajes del entorno sugieren que la patrulla de ICE embistió primero el auto del joven colombiano para inmovilizarlo, una secuencia de eventos que, sumada al clamor de la víctima afirmando que “intentó detenerse“, debilita el argumento de la agresión y coloca a la agencia migratoria bajo un severo escrutinio por el uso de fuerza letal desproporcionada.
VIDEO | El Gobierno espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Badajoz, que ha condenado a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia. pic.twitter.com/Y6Ysn6kCUi
— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 14, 2026
Las protestas crecen y Colombia entra en la crisis
En el plano internacional, la Embajada de Colombia en Washington informó que solicitó oficialmente explicaciones y una clarificación urgente al DHS sobre las circunstancias exactas que rodearon el operativo. Asimismo, la representación diplomática confirmó que mantiene un contacto permanente con la esposa y los allegados del joven para facilitar los trámites consulares de urgencia. Mientras se esperan las respuestas de las agencias federales, los familiares de Durán Guerrero en Colombia ya iniciaron las gestiones legales necesarias en Bogotá y lanzaron una campaña de recaudación de fondos para acelerar el proceso de repatriación del cuerpo hacia su natal Bucaramanga.La muerte del joven colombiano provocó una ola instantánea de manifestaciones en Biddeford y otras localidades de Maine. Centenares de personas participaron en vigilias y concentraciones comunitarias en las que exigieron una revisión exhaustiva de los protocolos tácticos empleados por ICE, así como mecanismos de supervisión civil más estrictos sobre los operativos migratorios.
El alcalde de Biddeford, Martin Grohman, junto al concejal Liam LaFountain, resumieron el profundo sentimiento de consternación e indignación de la comunidad local al afirmar de manera rotunda: "Una persona ha muerto, y sus seres queridos, así como los residentes de nuestra comunidad, merecen respuestas claras sobre lo sucedido”.
También la gobernadora de Maine, Janet Mills, manifestó públicamente su preocupación por el desarrollo del operativo y consideró especialmente inquietante que la víctima no fuera finalmente el objetivo inicial de la intervención.
La muerte de Durán Guerrero no se produjo de forma aislada. Apenas días antes, otro operativo de ICE en Houston (Texas) terminó con el fallecimiento del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo. En ambos episodios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo la idéntica narrativa oficial de que los conductores desobedecieron las órdenes y pretendieron "utilizar sus vehículos como arma” para embestir a los agentes federales.
Sin embargo, los dos casos han sido fuertemente cuestionados por testigos, familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron que las víctimas ni siquiera eran los objetivos de los arrestos y que se dirigían a sus respectivos empleos. El paralelismo y la gravedad de las denuncias incrementaron a tal punto el escrutinio público sobre los protocolos del organismo que las autoridades se vieron forzadas a ordenar la suspensión inmediata de los controles migratorios en carretera en todo el territorio estadounidense mientras concluyen las pesquisas del FBI.
Diversos colectivos sostienen que la intensificación de las operaciones migratorias impulsadas por la Administración Trump ha aumentado la frecuencia de intervenciones de alto riesgo, mientras que las autoridades federales defienden que los agentes actúan conforme a los procedimientos establecidos para proteger tanto su seguridad como la de la población. @mundiario