Activistas migrantes exigieron al Gobierno de Claudia Sheinbaum llevar ante los tribunales estadounidenses a las empresas privadas que operan centros de detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como promover litigios que permitan obtener indemnizaciones por abusos y violaciones a los derechos humanos.
Esto ante las 14 muertes de mexicanos ocurridas en instalaciones migratorias estadounidenses, además de tres durante operativos de ICE.
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Demandas deben dirigirse al ICE y a los involucrados
Artemio Arreola, líder de la Coalición por los Derechos de los Migrantes y Refugiados de Illinois, reconoció el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre el inicio de acciones legales. Sin embargo, el activista, con más de 40 años de trayectoria en la defensa de los connacionales, señaló a 24 HORAS que las demandas no deben dirigirse únicamente contra el ICE, sino también contra las compañías contratadas para administrar los centros de detención, entre ellas GEO Group.
Arreola afirmó que mexicanos en Estados Unidos sufren diariamente abusos de agentes migratorios que no necesariamente terminan en fallecimientos, pero que sí constituyen violaciones a los derechos humanos, incluso contra personas que cuentan con ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio regular.
Por ello, indicó que una de las principales peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum es robustecer el apoyo jurídico desde los consulados, con el objetivo de que quienes sufran abusos tengan respaldo económico y legal para demandar al ICE, al Gobierno de Donald Trump, a las empresas operadoras o a cualquier otra agencia estadounidense involucrada.
El activista consideró que la presentación de litigios masivos y la obtención de indemnizaciones económicas podrían representar un golpe directo a la estrategia de criminalización de los migrantes, debido al impacto financiero y político que tendrían múltiples resoluciones adversas dentro del sistema judicial estadounidense.
La exigencia de emprender acciones contra las empresas privadas se produce en medio de las denuncias por el aumento de fallecimientos en el sistema de detención migratoria.
Red Jurídica
De acuerdo con un análisis realizado por este diario, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una red de 294 abogados, despachos y organizaciones civiles para brindar asistencia jurídica a mexicanos en Estados Unidos.
Se trata del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América (PALE), que actualmente registra 36 abogados, 211 firmas legales y 47 organizaciones civiles contratadas para ofrecer representación y asesoría jurídica a connacionales.
El análisis indica que entre los prestadores de servicios con mayor actividad se encuentra la organización civil Mil Mujeres, con presencia en Chicago, Dallas y Miami, así como el abogado Jesús Eduardo Arias, quien brinda atención en Oxnard, San Bernardino y Santa Ana, California.
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La Cancillería también recurre de manera constante a los servicios de Law Offices of Vivian N. Szawarc, Jose Jordan & Associates y Law Office of Claudia Perez.
Respecto de los recursos, el análisis de los contratos y registros consultados por este diario identificó un monto de 240 millones de pesos al inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que para 2026 la cifra ascendió a 275 millones.
Deshumanización
El 6 de julio, la organización National Immigration Project denunció que la política de detención despoja de humanidad a los migrantes y advirtió que “a mayor cantidad de personas detenidas, más personas morirán”.