La cuenta atrás para el cierre de la central nuclear de Almaraz ha quedado en suspenso. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado la renovación de la autorización de explotación de la planta extremeña hasta 2030, un movimiento que permite a sus propietarias —Iberdrola, Endesa y Naturgy— mantener operativos sus dos reactores más allá del calendario de clausura inicialmente pactado. La decisión reabre uno de los grandes debates energéticos de España: cómo equilibrar la transición hacia un modelo más renovable con la necesidad de garantizar suministro estable.
El pronunciamiento del CSN no supone todavía la autorización definitiva. El organismo se limita a evaluar la seguridad de la instalación y considera que Almaraz puede continuar funcionando sin imponer nuevas condiciones adicionales ni exigir inversiones extraordinarias más allá de las ya contempladas en su actual permiso. Ahora será el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, el encargado de tomar la decisión política final mediante una orden que formalice la ampliación.
La resolución llega después de semanas de incertidumbre dentro del propio consejo. El pleno estaba previsto inicialmente para la semana pasada, pero uno de sus miembros solicitó aplazar el debate para disponer de más tiempo de análisis. Finalmente, el órgano compuesto por Juan Carlos Lentijo, Pilar Lucio, Javier Dies, Francisco Castejón y Silvia Calzón ha dado luz verde a una prórroga que, aunque esperada por el sector, tiene importantes implicaciones económicas y estratégicas.
La central de Almaraz, situada en Cáceres, se encontraba entre las primeras instalaciones nucleares españolas llamadas a cerrar. El calendario acordado en 2018 entre las empresas propietarias del parque nuclear y Enresa fijaba el apagado progresivo de las centrales entre 2027 y 2035. En ese plan, el primer reactor de Almaraz debía detener su actividad en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028.
Sin embargo, la evolución del mercado energético, la presión de las compañías eléctricas y el debate sobre la seguridad del suministro han cambiado el escenario. La solicitud de ampliación hasta 2030 representa un primer movimiento que puede marcar el futuro del resto del parque nuclear español.
Una batalla empresarial con el calendario como protagonista
La decisión de prolongar la vida de Almaraz no fue sencilla dentro de su propia estructura accionarial. Iberdrola, que controla el 53% de la central, y Endesa, con un 36%, defendían inicialmente una extensión más ambiciosa, de hasta diez años. Naturgy, propietaria del 11% restante, se mostró contraria a esa opción y la negociación acabó desembocando en una petición más limitada hasta 2030.
La particular configuración jurídica de la central, organizada como una comunidad de bienes a través de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), obligaba a alcanzar un acuerdo unánime entre los socios. Ese equilibrio interno fue clave para determinar la duración final solicitada.
La ampliación también supone revisar el plan de cierre acordado hace siete años. Aunque aquel calendario establecía unas fechas concretas, no tenía carácter irreversible. De hecho, las compañías presentaron la petición de continuidad dentro del plazo previsto y ahora será el Ejecutivo quien deba decidir si modifica la planificación energética existente.
El pulso fiscal que condicionó la continuidad nuclear
Uno de los principales obstáculos para las eléctricas durante los últimos años ha sido la carga fiscal que soportan las centrales nucleares. Iberdrola y Endesa habían reclamado cambios en algunos impuestos asociados a estas instalaciones, especialmente los vinculados al combustible nuclear gastado.
El Gobierno consideraba esas modificaciones una línea roja, pero finalmente las compañías decidieron renunciar a esa exigencia para facilitar la solicitud de prórroga. El contexto también ha cambiado con el anuncio de la desaparición progresiva del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica a partir de finales de 2027, aunque este gravamen afecta a todas las tecnologías y no era la principal reivindicación del sector nuclear.
La continuidad de Almaraz hasta 2030 tendrá además un efecto simbólico sobre el futuro energético de España. La central extremeña se convierte en una prueba para comprobar si el país mantiene su estrategia de cierre nuclear o si adapta sus plazos ante las nuevas necesidades del sistema eléctrico.
El siguiente capítulo dependerá del Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que analizará el informe del CSN y toda la documentación del expediente antes de pronunciarse, sin establecer todavía una fecha concreta para la decisión.
Mientras tanto, Almaraz gana tiempo. La central que estaba llamada a iniciar el apagón nuclear español se mantiene en el centro de una discusión que enfrenta dos visiones: quienes defienden acelerar el cierre de esta tecnología y quienes consideran que su aportación sigue siendo clave para garantizar energía estable durante la transición. @mundiario