La investigación del caso Koldo acaba de abrir un nuevo frente para Santos Cerdán. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear las cuentas bancarias de la esposa, la hija, la hermana y el cuñado del exsecretario de Organización del PSOE, al considerar que existen indicios suficientes para extender el análisis patrimonial a todo su entorno familiar.
La decisión, adoptada a petición de la UCO y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, obliga a cinco entidades financieras —BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra— a entregar la información de una veintena de cuentas bancarias, incluidos los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2024 o desde la fecha de contratación de cada producto financiero.
El auto judicial se apoya en el informe patrimonial remitido por la Guardia Civil la semana pasada, en el que los investigadores concluyen que existen “indicios que apuntan a la posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” por Cerdán.
Los agentes sostienen que el exdirigente socialista mantenía una relación de control sobre los fondos de la empresa Servinabar, de la que la UCO sospecha que era copropietario junto al empresario Antxon Alonso, y que esa mercantil habría servido para canalizar pagos y sufragar gastos personales durante casi una década.
La Guardia Civil señala expresamente que la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz Cano; su hija, Alba Cerdán Muñoz; su hermana, María Belén Cerdán León; y su cuñado, Antonio Muñoz Cano, habrían recibido fondos o beneficios procedentes de Servinabar, lo que justificaría el acceso a sus cuentas para “completar el estudio financiero de Santos y su entorno”.
Una investigación con “claros indicios”
El juez Moreno subraya en su resolución que no se trata de una “mera sospecha”, sino de “constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas” en delitos de pertenencia a organización criminal y otros delitos contra la Administración pública.
El magistrado recuerda que el informe de la UCO detectó movimientos y circunstancias patrimoniales difíciles de conciliar con los ingresos oficialmente declarados por Cerdán. Entre ellos figuran:
- Ingresos en efectivo de origen no aclarado.
- Movimientos entre 2014 y 2017 por más de 18.000 euros sin justificación aparente.
- Una notable reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
- Liquidaciones de gastos abonadas por el PSOE y el Congreso superiores a los desembolsos observados en las cuentas del exdirigente socialista.
El papel de Servinabar y Acciona
La pieza separada en la que se dicta esta resolución investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. La UCO sitúa a Servinabar en el centro de esa operativa y destaca que el 87,04 % de sus ingresos procedían de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora.
Los investigadores sostienen que tanto Cerdán como miembros de su familia habrían sido beneficiarios de bienes y servicios pagados por Servinabar, directa o indirectamente. El informe menciona, entre otros extremos, las nóminas percibidas por la esposa y la hermana del exsecretario de Organización. La Guardia Civil también ha documentado que la familia Cerdán habría recibido al menos 323.178 euros procedentes de Servinabar en los últimos 10 años.
Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores es la negociación para adquirir un inmueble en el centro de Madrid por un importe cercano al millón de euros. Según la UCO, esa operación, unida a otros bienes y gastos detectados, evidenciaría la “plena disposición” por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar, reforzando la hipótesis de que la empresa actuaba como una fuente de financiación paralela. @mundiario