nullHubo un tiempo en que la gran discusión de política pública consistía en llevar el internet hasta el último rincón del país. Se tendieron redes, se desplegaron antenas, se repartieron computadoras y se prometió cerrar la brecha digital. Con razón. El acceso a la información se convirtió en uno de los grandes igualadores del siglo XXI.
Hoy, sin embargo, la pregunta ha cambiado por completo. Ya no discutimos cómo conectar a nuestros hijos. Discutimos cómo protegerlos una vez que están conectados
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir un debate nacional sobre el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales refleja un cambio de época. Hace apenas una década, una propuesta así habría parecido impensable. Hoy, gobiernos de muy distintas orientaciones políticas (desde Europa hasta Oceanía) coinciden en que el modelo actual merece ser revisado.
No porque el internet sea el enemigo, sino porque las redes sociales dejaron hace tiempo de ser simples espacios de convivencia para convertirse en sofisticadas máquinas de atención.
Cada segundo que un adolescente permanece frente a una pantalla representa información, publicidad, ingresos y datos para empresas cuyo valor se mide en cientos de miles de millones de dólares. No venden únicamente tecnología. Venden tiempo humano.
Cuanto más joven es el usuario, mayor es el valor de conservarlo. Ese es el verdadero centro del debate.
Durante años hablamos de libertad digital como si la única amenaza proviniera del Estado, pero el siglo XXI nos enfrenta a una realidad distinta: también existe una concentración privada de poder capaz de moldear comportamientos, emociones y hábitos cotidianos a una escala nunca antes vista.
Los algoritmos ya no solo organizan la información que vemos. Deciden qué nos indigna, qué nos entretiene, qué nos preocupa y cuánto tiempo permaneceremos conectados. En el caso de los menores de edad, cuyo desarrollo neurológico aún está en proceso, la discusión deja de ser exclusivamente tecnológica para convertirse en un asunto de salud pública.