Castilla y León acumula algunos de los episodios de mayor gravedad de su historia reciente. El incendio de Burgohondo, en Ávila, con alrededor de 50.000 hectáreas dañadas, se suma a una cadena de emergencias que han ido elevando la dimensión del problema. En 2021, Navalacruz dejó unas 22.000 hectáreas calcinadas, mientras que un año después la sierra de la Culebra, en Zamora, sufrió uno de los peores golpes ambientales de la comunidad, con cerca de 60.000 hectáreas destruidas y cuatro fallecidos.
La crisis volvió a alcanzar una enorme magnitud en 2025, cuando más de 100.000 hectáreas quedaron afectadas, principalmente en León y Zamora, con cinco víctimas mortales. Estos episodios han situado la política forestal y los dispositivos de extinción en el centro del debate público, especialmente por las críticas de los profesionales del sector, que reclaman más estabilidad, formación y coordinación.
Durante estas crisis, Mañueco ha defendido la capacidad del operativo autonómico, aunque también ha reclamado en distintos momentos mayor apoyo del Gobierno central ante incendios que, según la Junta, superaban las capacidades ordinarias de extinción.
Un liderazgo cuestionado durante la emergencia
La gestión política de los incendios ha colocado al presidente castellanoleonés en una posición delicada. A diferencia de otros dirigentes autonómicos que han elevado sus peticiones de ayuda estatal, Mañueco no ha solicitado una declaración de emergencia nacional, mientras la atención política se concentraba en otras comunidades, como Madrid, tras la petición realizada por Isabel Díaz Ayuso.
El actual escenario también difiere del vivido durante la campaña de incendios anterior, cuando el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quedó en el centro de las críticas por algunas declaraciones realizadas al inicio de la crisis. Tras aquel episodio, la Junta reorganizó responsabilidades y situó a María González Corral al frente del área, en un intento de rebajar la tensión pública.
Ahora, Mañueco ha optado por una presencia más institucional, con visitas a los puestos de mando y anuncios de ayudas para afectados. La Junta ha activado compensaciones económicas para evacuados y apoyos dirigidos a agricultores, ganaderos y empresarios perjudicados por las llamas.
El debate sobre prevención, recursos y consecuencias políticas
Más allá de la respuesta inmediata, el foco se ha desplazado hacia la preparación del territorio frente a incendios cada vez más extremos. Los equipos de extinción reconocen un aumento de la inversión en los últimos años, pero advierten de problemas estructurales relacionados con la profesionalización, la planificación y la organización del dispositivo.
La oposición socialista ha utilizado esta situación para reclamar un cambio de estrategia y una mayor implicación frente al impacto del cambio climático. Desde sus filas consideran que la repetición de grandes incendios evidencia fallos en la política preventiva de la comunidad.
Sin embargo, el posible coste político de la crisis no está claro. Expertos en comunicación política señalan que el impacto electoral de una emergencia depende no solo de la gestión realizada, sino también de cómo se interprete socialmente el episodio, de la capacidad de la oposición para construir un relato sólido y de la fortaleza de las lealtades partidistas.
Mientras las zonas afectadas afrontan la reconstrucción y la recuperación económica, Castilla y León vuelve a enfrentarse a una cuestión de fondo: cómo adaptar sus recursos y sus políticas forestales a un escenario donde los incendios son más frecuentes, extensos y difíciles de controlar. @mundiario