La mayor crisis migratoria registrada en Ceuta desde mayo de 2021 ha trascendido rápidamente el ámbito nacional para convertirse en un nuevo frente político en la Unión Europea. Lo que comenzó como una emergencia en la frontera sur española ha sido aprovechado por partidos conservadores y de extrema derecha para reactivar sus críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de haber favorecido un supuesto “efecto llamada” mediante la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada este año.

La ofensiva no procede únicamente de los grupos euroescépticos o nacionalistas. También destacados dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE) han situado al Ejecutivo español en el centro de sus reproches, reforzando un discurso que conecta la crisis de Ceuta con el debate europeo sobre el endurecimiento de la política migratoria.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, quien calificó de “alarmante” la situación en Ceuta y atribuyó las imágenes de la frontera al “efecto llamada” derivado de la regularización masiva impulsada por el Gobierno español.

Su mensaje marcó el tono de buena parte de las intervenciones posteriores dentro del PPE. El vicepresidente del grupo popular en la Eurocámara, el republicano François-Xavier Bellamy, sostuvo que la decisión del Ejecutivo de regularizar a cientos de miles de inmigrantes había generado un incentivo directo para nuevas llegadas irregulares, en este caso de Marruecos.

En la misma línea se expresó el excomisario europeo y ex primer ministro francés Michel Barnier, quien defendió que, cuando un Estado miembro adopta medidas que pueden convertirse en un factor de atracción migratoria, el resto de socios europeos debe disponer de mecanismos para proteger inmediatamente sus fronteras. El grupo popular pretende además que la crisis migratoria de Ceuta ocupe un lugar destacado en el primer pleno que celebrará el Parlamento Europeo tras el verano.

Patriots exige explicaciones a Pedro Sánchez

La presión política se ha intensificado especialmente desde Patriots, el grupo parlamentario europeo donde se integra Vox junto al Reagrupamiento Nacional (RN), la Liga italiana y otras fuerzas de extrema derecha. Su presidente, el francés Jordan Bardella, ha solicitado un debate urgente en la Eurocámara sobre los acontecimientos de Ceuta y ha reclamado la comparecencia del presidente del Gobierno español, Sánchez, junto a los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares.

En el escrito remitido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Patriots sostiene que existe una responsabilidad directa de las autoridades españolas en la gestión de la crisis y reclama revisar las actuales políticas migratorias de la Unión.

Italia se ha convertido en uno de los principales focos de presión diplomática sobre Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, fue uno de los primeros dirigentes europeos en vincular expresamente la crisis migratoria de Ceuta con la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno español. Según el dirigente del centroderechista Forza Italia, esa decisión constituye un incentivo para las redes de tráfico de personas y para nuevas entradas irregulares hacia territorio europeo.

Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta del ministro español de Asuntos Exteriores, que convocó al embajador italiano en Madrid para trasladar el rechazo del Gobierno a unas afirmaciones que calificó de impropias entre países socios. El enfrentamiento llega pocas semanas después del choque político protagonizado por Sánchez y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante un Consejo Europeo dedicado precisamente al endurecimiento de la política migratoria comunitaria.

Marine Le Pen y la AfD elevan el tono

La extrema derecha francesa y alemana también ha aprovechado la situación para reforzar su discurso contra la inmigración. Marine Le Pen aseguró que las entradas registradas en Ceuta habrían sido “alentadas por el Gobierno español”, mientras que dirigentes de RN reclamaron suspender Schengen con España y reforzar inmediatamente las fronteras francesas.

El exdirector ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, hoy integrado en las filas de Le Pen, defendió que Francia no puede asumir las consecuencias de lo que considera una política migratoria “laxa” del Ejecutivo español. Desde Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) volvió a advertir de que buena parte de los inmigrantes terminarían desplazándose hacia territorio alemán y reclamó igualmente el cierre de fronteras y la suspensión de Schengen.

Las críticas también han llegado desde el Gobierno finlandés. La ministra del Interior, Mari Rantanen, perteneciente al Partido de los Finlandeses, formación de extrema derecha nacionalista, defendió públicamente que España habría fracasado en la protección de una frontera exterior de la UE y apoyó la posibilidad de revisar su participación en el espacio Schengen. Sus declaraciones se suman a un creciente bloque de gobiernos y partidos que reclaman una aplicación mucho más estricta de las normas europeas sobre control fronterizo y retornos.

Moncloa rechaza el vínculo con la regularización

Frente a esta ofensiva política, el Gobierno español niega cualquier relación entre la regularización extraordinaria y la crisis vivida en Ceuta. Fuentes de Moncloa recuerdan que el proceso aprobado exige requisitos muy concretos, entre ellos acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y una permanencia continuada durante varios meses, condiciones que excluyen automáticamente a quienes han intentado acceder recientemente por la frontera de Ceuta.

El Ejecutivo considera que se está utilizando una situación de extraordinaria complejidad con fines partidistas y lamenta que parte del debate europeo haya derivado hacia acusaciones políticas que, sostiene, carecen de base jurídica y factual.

Más allá de la polémica española, la crisis de Ceuta refleja la profunda fractura existente dentro de la UE sobre la gestión de la inmigración. Tras la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el reciente endurecimiento del reglamento de retornos, buena parte de los gobiernos europeos ha reforzado su apuesta por políticas de control más estrictas, mientras España mantiene una posición diferenciada en algunos aspectos de la gestión migratoria. @mundiario