nullMiguel Flores/Lo bueno, lo malo y lo peor
La consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, impulsada en el marco de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, abre un debate necesario sobre el equilibrio entre información veraz y libertad de expresión. Con el argumento oficial de que se trata de autorregulación y no de censura, el ejercicio merece un examen sereno que incorpore las preocupaciones de la oposición sobre posibles usos discrecionales contra medios críticos.
LO BUENO
El planteamiento reconoce derechos concretos de las audiencias: exigir información veraz y oportuna, distinguir con claridad entre noticia, opinión y publicidad, garantizar el derecho de réplica y asegurar accesibilidad para personas con discapacidad. La obligación de contar con un Código de Ética y un defensor de audiencias apuesta por la autorregulación y la transparencia. Abrir la consulta a ciudadanos, concesionarios, academia y organizaciones civiles, del 27 de julio al 21 de agosto, es un gesto de inclusión que, en papel, fortalece la legitimidad del proceso y recuerda que el derecho a la información veraz es constitucional.
LO MALO
La definición de “información veraz” y la prohibición de difundir datos “falsos, descontextualizados o históricos presentados como actuales” introducen márgenes de interpretación que pueden volverse subjetivos. Aunque se insiste en que el defensor es designado por el medio y que la CRT solo interviene en segunda instancia, la obligatoriedad de los lineamientos para todos los concesionarios y la posibilidad de multas cuando las recomendaciones no se atiendan generan una presión regulatoria constante. La distinción formal entre noticia y opinión mediante cortinillas o mensajes en pantalla puede volverse un trámite burocrático más que una garantía real de calidad informativa, y el plazo breve de la consulta dificulta una deliberación profunda y plural.
LO PEOR
El mayor riesgo, señalado primordialmente por la oposición, es que este andamiaje se convierta en un instrumento de presión o censura selectiva contra medios “incómodos”. Cuando la autoridad reguladora federal conserva la facultad de intervenir, sancionar y multar tras evaluar si se restituyeron o no los derechos de las audiencias, el Estado adquiere un poder de vigilancia editorial que puede desincentivar el periodismo crítico, la investigación incómoda o el tratamiento de temas sensibles. La frontera entre proteger a las audiencias y disciplinar a los medios se vuelve delgada. Sin salvaguardas claras, independientes y a prueba de discrecionalidad política, el mecanismo podría terminar erosionando la pluralidad que dice defender y subordinar la libertad de expresión a una noción oficial de “verdad”.