Nadie se sorprende ya de que la inteligencia artificial decida qué camisa ponerse o redacte un correo en segundos. Se ha vuelto una prótesis cotidiana, casi invisible. Pero hay un umbral distinto cuando esa herramienta deja de ayudar a decidir y empieza a decidir por nosotros, sobre todo cuando está en juego el lugar que ocupará un joven en la universidad que definirá el resto de su vida profesional.
Eso fue exactamente lo que ocurrió este verano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por primera vez en su historia, el examen de ingreso a licenciatura se aplicó completamente en línea, y por primera vez también, la institución tuvo que enfrentar una sospecha que hasta hace poco parecía ciencia ficción: que miles de aspirantes usaron inteligencia artificial, suplantación de identidad u otros mecanismos para inflar sus resultados. En la carrera de Medicina, donde durante años el ingreso rondaba entre 70 y 80 aciertos, de pronto aparecieron cientos de aspirantes con más de 100. El rector Leonardo Lomelí Vanegas tuvo que instalar una comisión técnica de quince especialistas, y uno de sus integrantes, Eduardo Bárzana García, no tuvo empacho en llamar a las cosas por su nombre: hubo trampa. La universidad decidió entonces convocar a un examen de control presencial para quienes ya habían sido notificados como aceptados y para todos los que igualaron o superaron el menor puntaje histórico de admisión entre 2021 y 2026 en su misma carrera, plantel y modalidad. Cerca de 22 mil jóvenes, de un universo de casi 159 mil aspirantes, quedaron en el limbo. Hubo protestas afuera de la Torre de Rectoría, señalamientos hacia la empresa que operó la plataforma, y hasta la propia presidenta de la República tuvo que pronunciarse, atribuyendo el problema más a la falta de controles que a una intención generalizada de hacer trampa.
Aquí, en Ciudad Juárez, la noticia debería doler distinto. No porque la UACJ haya vivido un escándalo similar, sino porque su modelo de admisión, que muchos podrían tachar de anticuado, resultó ser justo lo que la UNAM no tuvo: presencialidad real. El examen de la UACJ se sigue aplicando en centros de cómputo ya especializados en los exámenes de admisión por parte de la Dirección General de Servicios Académicos, con pase de entrada, hora de cierre de puertas y revisión física de cada aspirante. Suena rústico frente a la promesa de la modernidad digital, estamos de acuerdo, pero fue esa rusticidad la que blindó, al menos por ahora, la integridad del proceso. La ironía es dura, pero nuestra universidad, la que durante décadas ha cargado el estigma de hermana pobre frente al prestigio de Ciudad Universitaria, terminó sosteniendo un principio que la máxima casa de estudios del país dio por sentado y olvidó.
Pero no debemos ser ingenuos y pensar que estamos exentos del fenómeno de fondo. Ya es muy común escuchar en los pasillos de la UACJ, como en los de cualquier universidad del país, a profesores comentando en voz baja lo mismo: estudiantes cada vez menos participativos, con menor capacidad argumentativa, con una dependencia casi automática de la inteligencia artificial generativa para resolver tareas, ensayos y hasta exámenes. No es un problema exclusivo del proceso de admisión; el problema en realidad empieza mucho antes, en la educación básica y media superior, y la universidad solo lo hereda y lo exhibe. El caso UNAM no inventó la crisis, la hizo visible ante un país entero.
Lo que está en juego no es solamente la credibilidad de una generación de médicos, abogados o ingenieros que egresarán bajo sospecha de haber llegado por la puerta trasera. Está en juego la confianza social en que el mérito todavía significa algo en México, y está claro que un puntaje alto no es equivalente a un estudiante de alta calidad. La idea de que el talento se pueda simular con un algoritmo resulta particularmente ofensiva.
La UNAM tiene ahora la obligación de repensar no solo su examen, sino su relación entera con la tecnología que dice enseñar a dominar. Las universidades de América Latina observan con atención, porque lo que se decida en Ciudad Universitaria marcará el estándar regional. Ante esta situación, un caso particular que como profesor aplaudo es el del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, donde se promueve la participación de la planta docente en el conocimiento del uso ético y práctico de la IA. La verdadera pregunta no es si la inteligencia artificial debe entrar o no a las aulas, porque ya entró hace tiempo, sino si las instituciones, empezando por las del norte del país por ser quienes cargamos con el estigma social, están dispuestas a construir procesos que exijan presencia, esfuerzo y verdad, en lugar de confiar ciegamente en que la pantalla nunca miente. No se trata, como siempre se ha dicho, de dejar de lado la tecnología, sino de entenderla y usarla a nuestro favor para mejorar la enseñanza y la calidad de vida de nuestra sociedad.