CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con 87 votos a favor y 41 en contra, anoche se aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B.
Hasta el cierre de esta edición, continuaba la discusión en lo particular, que es donde se tocaría el tema de la revocación de mandato.
El resultado parcial ocurre tras prolongada discusión, en medio de posicionamientos encontrados de las distintas fuerzas políticas, con especial énfasis en la postura del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, cuya votación resultó clave para el desenlace del proceso legis-lativo.
El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, confirmó en su intervención ´por la tarde que su bancada respaldaría en lo general la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó en claro una reserva puntual: el rechazo al contenido del artículo 35 constitucional en materia de revocación de mandato.
“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor”, expresó.
Sin embargo, precisó que el PT se separa del dictamen en lo referente a la revocación de mandato prevista para junio de 2027, marcando así una diferencia específica dentro de su respaldo global a la reforma.
“También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen (…) en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, puntualizó, evidenciando un apoyo condicionado.
Anaya subrayó además que, pese a esta discrepancia, el PT mantiene firme su alianza con el oficialismo.
“Acompañamos a nuestra Presidenta en todo su trabajo y estaremos con ella firme hasta 2030”, afirmó, al tiempo que descartó cualquier ruptura interna en la coalición gobernante, la cual —dijo— se mantiene sólida rumbo a los próximos procesos electorales.
El dirigente petista también hizo un llamado a la cohesión política frente a lo que calificó como amenazas externas e internas. “Necesitamos la unidad para enfrentar las amenazas externas e internas ante los síntomas de acoso”, señaló, reforzando la narrativa de respaldo político al proyecto presidencial, pese a matices en temas específicos.
La oposición
En contraste, la oposición en el Senado cerró filas contra la reforma. Los 21 senadores del PAN reiteraron su voto en contra, al calificar la propuesta como “un bodrio de reforma”, mientras que su coordinador, Ricardo Anaya, denunció incluso un incidente de intimidación armada contra una legisladora de su bancada en vísperas de la votación.
Por su parte, el PRI también anticipó su rechazo unánime al Plan B, en medio de acusaciones de presiones por parte de Morena para sumar votos. Su dirigente, Alejandro Moreno, denunció supuestos “cañonazos” y ofrecimientos políticos para influir en legisladores, en tanto que el debate en tribuna derivó en confrontaciones verbales entre senadores.
En ese contexto de alta tensión, la sesión registró un ríspido intercambio entre la panista Lily Téllez y el morenista Saúl Monreal. Desde tribuna, Téllez acusó a legisladores oficialistas de tener vínculos con el crimen y lanzó señalamientos directos: “Todos ustedes están manchados de dinero sucio. ¡Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de los mafiosos!”.
Monreal respondió rechazando las imputaciones y la confrontación escaló cuando la senadora comenzó a gritar “¡narco, narco!” en la intervención de Monreal, a lo que el morenista contestó con “¡hipócrita, hipócrita!”, obligando a la presidencia del Senado a llamar al orden.
Defiende el Plan B
La presidenta afirmó que la reforma es conveniente, y que críticos temen perder votos
Afirma practicidad
Claudia consideró que lo más conveniente sería concentrar todos los procesos electorales en 2027 —incluida la revocación de mandato— y sostuvo que la oposición y aliados de la 4T se resisten por temor a perder votos.
Ausencias incómodas
La presidenta dijo que corresponde al PT explicar sus ausencias en comisiones, y reiteró que ella no hará campaña en caso de que haya revocación de mandato.
Solo es posibilidad
Explicó que la iniciativa solo plantea la posibilidad de que la revocación de mandato pueda realizarse a la mitad del sexenio o un año después, y no una obligación automática. Sin embargo, afirmó que el tema ha generado un intenso debate.
