Ken Salazar reaparece... pero a prudente distancia. El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha tenido una semana movida promoviendo su libro. Lo curioso no ha sido el contenido de sus declaraciones, sino el formato: todas sus presentaciones y entrevistas han sido por Zoom. En una de ellas aseguró que le sorprendió que México “no celebrara como una victoria” lo ocurrido el 25 de julio de 2024 y respondió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Yo no miento”. Más de uno se pregunta por qué Salazar eligió la pantalla en lugar de una gira presencial. ¿Simple agenda o exceso de prudencia? En los corrillos políticos no falta quien interprete que el exdiplomático prefirió mantener la sana distancia mientras revive episodios de una relación bilateral que, para muchos, era mejor dejar en los archivos.
Mientras buena parte del debate sobre el uso de las redes sociales y los dispositivos digitales se ha querido limitar a madres y padres de familia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ha detonado una discusión más profunda al reconocer que se trata de un desafío que rebasa el ámbito privado y demanda una respuesta del Estado. La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Educación resulta significativa porque desplaza la conversación de la responsabilidad individual hacia la necesidad de construir políticas públicas que equilibren los beneficios de la tecnología con la protección del desarrollo integral de las nuevas generaciones.
La imagen de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, viajando a Madrid en clase ejecutiva y en temporada alta acompañada por su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, volvió a abrir un viejo debate: ¿hasta dónde es sano que familiares directos de gobernadores ocupen cargos públicos? El caso no es exclusivo de Campeche. En distintas entidades, como Quintana Roo con la Vero Lezama, esposas, hermanos o familiares cercanos de los mandatarios desempeñan funciones dentro de la administración, una práctica que sus defensores consideran una tradición institucional, pero que sus críticos ven cada vez con mayor recelo. Más allá del viaje, la discusión de fondo es otra: ¿por qué quienes llegan al poder terminan incorporando a sus familiares al gobierno? Aunque no siempre se trata de nepotismo en términos legales, la percepción pública suele ser distinta cuando los vínculos familiares y los cargos públicos se mezclan. En tiempos en los que Morena ha prometido combatir el nepotismo, cada caso reaviva una pregunta incómoda: ¿no sería mejor que los familiares de los gobernantes mantuvieran su vida profesional al margen del poder? Para muchos, el ejemplo de Clara Brugada, Delfina Gómez o de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo círculo familiar no forma parte de su gobierno, demuestra que también existe otra forma de ejercer el poder.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, decidió meterse de lleno en uno de los debates más sensibles para el Gobierno federal: la reforma sobre los derechos de las audiencias. La panista advirtió que, si el órgano encargado de aplicar la medida depende del Ejecutivo, el Gobierno terminaría siendo “juez y parte” para decidir qué información es verdadera y cuál no, una fórmula que, a su juicio, abre la puerta a la censura. Más allá de la crítica, el mensaje también tiene lectura política. Mientras Morena defiende que la iniciativa busca proteger a las audiencias de la desinformación, la oposición ya encontró una bandera para aglutinar a medios, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Todo indica que el debate apenas comienza y que la discusión dejará de ser exclusivamente jurídica para convertirse en otro frente de confrontación política entre Palacio Nacional y la oposición.
