La crisis del ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid ha entrado en una nueva fase: la de la retirada de piezas antes de que el caso siga creciendo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha activado dos movimientos casi simultáneos para intentar rebajar la presión política: poner a la venta el inmueble por 6,7 millones de euros y dar forma a una reforma de la sede de la Presidencia que hasta ahora no había trascendido. Dos decisiones que llegan después de días de preguntas sin respuesta sobre quién autorizó la operación, por qué se mantuvo oculta y cuál era realmente el destino previsto para una vivienda comprada por una empresa pública.
El ático, adquirido en abril por Planifica Madrid, se convirtió en un problema político inesperado para Ayuso cuando salió a la luz que la operación no había sido comunicada públicamente y que apenas existían rastros accesibles sobre el procedimiento seguido. La explicación inicial de la presidenta, que el inmueble serviría como despacho temporal durante unas obras en la Casa de Correos, abrió un nuevo interrogante: la existencia de esa remodelación no había sido anunciada previamente y tampoco formaba parte del debate público.
Desde entonces, el Gobierno madrileño ha intentado reconstruir el relato alrededor de la compra. La venta del inmueble, anunciada apenas unas horas después de conocerse la información, busca cerrar cuanto antes una operación que se ha convertido en un símbolo de las críticas de la oposición. Sin embargo, la rapidez del movimiento también ha alimentado las sospechas de quienes consideran que la Comunidad intenta desactivar el impacto político antes del inicio del nuevo curso.
La polémica no se centra únicamente en el precio del ático, sino en la falta de transparencia que ha acompañado todo el proceso. La incógnita principal continúa siendo quién tomó la decisión de adquirir la vivienda, qué informes respaldaron la compra y por qué Planifica Madrid, una sociedad pública con capacidad para operar como entidad mercantil, fue utilizada para ejecutar una operación inmobiliaria de esta dimensión.
Una operación diseñada para apagar el incendio político
La venta por 6,7 millones de euros supone recuperar la inversión inicial e incluso obtener un beneficio económico sobre el papel, pero no resuelve las dudas políticas. La cuestión que domina el debate no es si el inmueble puede venderse más caro de lo que costó, sino por qué se compró de esa manera y sin una explicación pública previa.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo madrileño ha dado a conocer un contrato relacionado con la reforma de la sede presidencial. El proyecto contempla trabajos de diseño, redacción y dirección de obra con un coste inicial de 59.000 euros, aunque la memoria del proyecto sitúa la actuación total en torno a 1,6 millones. Esta diferencia ha añadido otra capa de controversia: el supuesto traslado temporal que justificaba el uso del ático habría requerido una solución cuyo coste resulta difícil de encajar con la magnitud de las obras anunciadas.
La situación coloca además bajo presión a Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid. Ayuso ha señalado que era él quien debía explicar los detalles de la operación y ha asegurado que desconocía el funcionamiento interno de todas las actuaciones de la empresa pública. Una respuesta que ha generado críticas porque Planifica Madrid depende directamente del área de Presidencia.
La batalla por las explicaciones llega a los tribunales
El PSOE ha decidido llevar el caso ante la Fiscalía de Delitos Económicos. La denuncia presentada por los socialistas plantea que la compra pudo utilizarse para evitar controles patrimoniales y cuestiona la ausencia de documentación sobre el procedimiento seguido.
Entre las dudas planteadas figura la falta de información sobre posibles alternativas, la ausencia de informes técnicos y jurídicos conocidos y la inexistencia de explicaciones sobre la necesidad de adquirir una vivienda privada para un uso supuestamente temporal. La oposición considera que la utilización de una sociedad mercantil permitió esquivar mecanismos de control que habrían sido más visibles si la adquisición hubiera sido realizada directamente por la Administración autonómica.
La polémica también ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que el ático tuviera otro destino distinto al anunciado inicialmente. Desde Ferraz sostienen que la vivienda podía estar pensada como residencia presidencial, una posibilidad que Ayuso ha negado. La presidenta ha defendido que otros cargos institucionales disponen de espacios similares, aunque la normativa sobre el edificio adquirido plantea dudas sobre si podría utilizarse realmente como residencia oficial o despacho.
Más allá del inmueble, el caso amenaza con convertirse en una prueba de desgaste para Ayuso al inicio de un curso político complicado. La presidenta atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al poder, con un asunto que afecta directamente a la imagen de transparencia de su Gobierno. @mundiario