La deuda pública de Yucatán ha aumentado 150% en términos nominales y 77% en términos reales desde 2019, pero el Estado conserva todavía una posición financiera sostenible, de acuerdo con un análisis de Coparmex Mérida.
El sindicato patronal subraya que, aunque ahora se palpa estabilidad en ese tema, es necesario que se asuma con responsabilidad la decisión de un nuevo endeudamiento, sobre todo si es de largo plazo.
“Debemos tener muy claro que la deuda de largo plazo son los impuestos de mañana. Esa deuda se va a tener que pagar con impuestos, ya sea los existentes o con un incremento”, subraya David Reyes Aguiar, presidente de la Confederación.
“Si vamos a contratar deuda de largo plazo, que sea en cosas que valen la pena y en inversión productiva que genere bienestar en la gente, porque estaremos comprometiendo los impuestos de otras generaciones, de otras administraciones, de otras personas”.
Detalles y motivos de un estudio sobre la deuda pública
El estudio de Coparmex se basa en datos del Centro de Competitividad de Yucatán (CCY), cuyo coordinador, Amenofis Acosta Ríos, acompaña al contador público Reyes Aguiar en una entrevista en la cual se desglosa el estado de la deuda y su evolución en las tres administraciones más recientes.
La evaluación fue solicitada por Coparmex a su centro de diagnóstico y análisis ante el anuncio de que el gobierno del Estado pedirá al Congreso autorización para contratar un empréstito de 1,500 millones de pesos que se destinarán a tres ejes: movilidad, seguridad y agua potable en Mérida.
El estudio, denominado “Comportamiento de la Deuda Pública en Yucatán”, establece que el saldo de la deuda pública de largo plazo pasó de 3,592.1 millones de pesos en el primer trimestre de 2019 a 9,001.4 millones al primer trimestre de 2026.
Semáforo verde en indicadores de la Secretaría de Hacienda
Sin embargo, ese crecimiento no ha colocado a Yucatán, hasta ahora, en una situación de riesgo financiero.
Uno de los principales hallazgos del estudio es que Yucatán mantiene los tres indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en semáforo verde.
El indicador de deuda y obligaciones frente a los ingresos de libre disposición se ubicó en 37.7%, muy por debajo del límite de 100%. El servicio de la deuda representó 4.8% de esos ingresos, mientras que el tercer indicador registró -5.3%, lo que significa que el efectivo, bancos e inversiones temporales superan las obligaciones de corto plazo con proveedores y contratistas.
El CCY considera esta última condición una “fortaleza oculta de liquidez” que pocas entidades logran.
A ello se suma el reconocimiento de las agencias calificadoras Fitch, Moody’s Local México y HR Ratings, que mantienen a Yucatán con calificaciones en niveles altos; en 2025, las tres ratificaron sus evaluaciones y HR Ratings otorgó perspectiva positiva.
Las señales de alerta, en el elevado pago de intereses
La principal señal de alerta está en el costo financiero.
De acuerdo con el análisis, en 2025 el gobierno del Estado pagó de 8 a 9 pesos en intereses y costos financieros por cada peso destinado a amortizar capital. Las amortizaciones representaron apenas entre 1 y 1.6% del saldo total de la deuda.
El costo financiero pasó de 1.6% del saldo en 2021 a un pico de 12.5% en 2023, para posteriormente estabilizarse entre 9.5 y 10 por ciento en 2024 y 2025, respectivamente.
El CCY atribuye el incremento registrado a partir de 2023 al ciclo de tasas de interés elevadas y considera que la estabilización posterior puede estar relacionada con un refinanciamiento realizado con Banobras.
“En un crédito a largo plazo, casi siempre empiezan las instituciones bancarias cobrando mucho interés y poco capital y luego se revierte la ecuación”, dice Amenofis Acosta. “Es el comportamiento habitual para un crédito de esa naturaleza. Vale la pena decir también que en Yucatán las condiciones de contratación de la deuda han sido buenas”.
Comprometida como garantía más de la mitad de las participaciones
Otro elemento que asoma en el documento es la proporción de las participaciones federales comprometidas como garantía.
El estudio identifica una diferencia entre la cifra oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas y un universo contractual más amplio.
La cifra oficial al primer trimestre de 2026 señala que 54.07% del Fondo General de Participaciones (FGP) está afectado como garantía de los créditos vigentes de largo plazo.
Sin embargo, si se incorporan compromisos adicionales, garantías autorizadas o no dispuestas y el PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios) del Gran Museo del Mundo Maya, un compromiso de pago no establecido como “deuda directa”, el universo contractual puede aproximarse a 61.7% del Fondo General de Participaciones.
Coparmex Mérida precisa que ese porcentaje corresponde a la garantía y no al servicio anual de la deuda, que estima en menos de 10% del flujo.
Cada nuevo crédito repercute en la disponibilidad de futuros recursos
Esta distinción es relevante ante la posibilidad de contratar otros 1,500 millones de pesos. Aunque los indicadores oficiales todavía muestran margen, cada nuevo crédito implica comprometer recursos futuros y ampliar las obligaciones garantizadas.
El comportamiento de la deuda también presenta diferencias importantes entre administraciones.
El estudio calcula que entre 2011 y 2026 la deuda pública formal aumentó 449% en términos nominales y 178% en términos reales. La inflación explica una parte significativa del crecimiento nominal, pero el incremento real sigue siendo considerable.
El mayor salto del período analizado, entre 2018 y 2024
En el período de 2018 a 2024, correspondiente principalmente a la administración de Mauricio Vila, se reporta el mayor incremento de los tres últimos períodos analizados: 130.6% nominal y 71.7% real.
En contraste, durante el primer año de la administración de Díaz Mena el saldo registró una contracción real de 7.9%, de acuerdo con el análisis. Esto se debe a que aún no se ha contratado nueva deuda.
Amenofis Acosta explica por qué se hace la clasificación en aumento nominal y en aumento real.
“A veces, cuando vemos las cifras así nada más, nominales, se nos olvida que el dinero gana o pierde valor en el tiempo, ya sea por temas de inflación u otros”, apunta. “Entonces, hay que compararla contra pesos reales porque no es lo mismo un peso de 2010 que un peso de 2026”.
“A lo largo de la administración de Rolando Zapata, si nos vamos al término de aumento real, que es la comparación más correcta, la deuda creció un 34%. Luego aumentó un 71% en la administración de Vila y en esta administración ha decrecido en un 7.9 porque no se ha contratado nueva deuda todavía y lo que se han hecho son pagos”.
El movimiento de la deuda en los últimos años está relacionado con cuatro operaciones principales: un crédito de Banamex para el programa Yucatán Seguro, un refinanciamiento con Banobras, un financiamiento contratado con BBVA para el Ie-Tram y otro crédito con BBVA relacionado con la ampliación del puerto de altura de Progreso y obras complementarias.
Los recursos de libre disposición y su acotamiento
En cuanto al indicador de deuda y obligaciones frente a los ingresos de libre disposición, que ubican a Yucatán en una posición media en relación con el resto del país, Acosta Ríos explica que al adquirirse un compromiso de pago los recursos de libre disposición empiezan a acotarse y es algo que se debe tomar muy en cuenta.
“Aunque sean de libre disposición, en realidad ya estarán destinados a pagar una deuda. El margen de maniobra cambia”, enfatiza.
El expresidente del Capítulo Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recuerda también los tipos de deuda existentes,
“Tenemos dos tipos de deuda: la de corto plazo y la de largo plazo”, sostiene. “La de largo plazo es la que puede trascender a una administración si se contrata, por ejemplo, a quince años. En la de corto plazo, por regla de operación el gobernador que la solicitó la tiene que saldar cuando menos 90 días antes de que termine su administración”.
Conclusión: finanzas sólidas, pero no carta blanca
El estudio de Coparmex con los datos del CCY ofrece una conclusión que resulta especialmente significativa ante la anunciada solicitud de un nuevo empréstito.
Yucatán no se enfrenta actualmente a una situación de sobreendeudamiento. Mantiene semáforo verde en los tres indicadores de la SHCP, liquidez neta positiva y calificaciones crediticias altas.
Es la principal fortaleza de las finanzas estatales, pero, se advierte, eso no significa que cualquier nuevo nivel de endeudamiento sea automáticamente conveniente.
El propio análisis advierte que el servicio de la deuda tiene una carga financiera elevada, entre 8 y 9 pesos de intereses y costos por cada peso amortizado de capital, mientras que entre 54.07 y aproximadamente 61.7% del Fondo General de Participaciones se encuentra comprometido como garantía, según el universo que se considere.
Criterios que se deben cumplir al contratar nuevas deudas
Coparmex recuerda que el marco constitucional y legal exige que cualquier nuevo endeudamiento sea aprobado por las dos terceras partes del Congreso, que el decreto establezca monto, destino y garantías y que los recursos se destinen exclusivamente a inversión pública productiva y no se utilicen para gasto corriente.
En otras palabras, recalca la evaluación, las buenas finanzas actuales son precisamente la razón para exigir mayor rigor antes de contratar nueva deuda.
“Algo importante en una deuda es para qué la voy a usar”, señala Amenofis Acosta. “Si es para algo productivo, pues resulta una buena idea. Si voy a meter un peso y me va a dar un retorno, entonces es bueno pedir prestado para meter un peso y recuperar dos”.
No solo en efectivo: también en una utilidad comunitaria
“El retorno no necesariamente es en efectivo”, interviene David Reyes. “El retorno también es en beneficio para la comunidad. Por ejemplo, si usamos el dinero para resolver un problema en la movilidad de la ciudad, por cuellos de botella en alguna salida. Lo que te cuesta arreglar eso no regresa en efectivo, pero sí en beneficio para toda esa gente que ya no tiene que esperar mucho tiempo en el tráfico”.
“Sin embargo, tiene que haber un retorno medible, objetivo, no necesariamente en efectivo”.
El presidente de Coparmex Mérida resume: “Algo fundamental es que estamos bien y más vale que cuidemos las cosas para seguir bien”.
La citada evaluación toma como base 2018, porque, según explicó el contador Reyes Aguiar, es un año que marcó cambios significativos en la política nacional.