Guanajuato, capital.- Luego de meses de atraso, la Contraloría Municipal avanzó en la investigación de los permisos entregados en la administración de Alejandro Navarro Saldaña para el cambio de uso de suelo para el fraccionamiento La Cucursola en un área de conservación.
En entrevista, el contralor Israel Waldo Jiménez informó que en la semana se llevaría a cabo una audiencia con un exfuncionario implicado en la entrega de permisos para La Cucursola, previa a remitir el caso al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) debido a la gravedad del caso.
Quizás se va a turnar este asunto al Tribunal de Justicia Administrativa por el tipo de falta que es grave… En el informe de presunta responsabilidad, se ha determinado y se ha encontrado que sí existe una responsabilidad, se ha calificado como grave”, dijo el contralor.
Para no vulnerar la investigación, el contralor omitió informar algunos detalles precisos. Sin embargo, sí dejó claro que la falta se relacionaría con “un ejercicio de funciones indebidas por no tener la competencia expresa para emitir el permiso correspondiente”; es decir, el cambio de uso de suelo.
Gobierno de Alejandro Navarro entrega permisos sin competencia
Cabe recordar que durante los dos trienios del expresidente Alejandro Navarro (2018-2024), se entregaron al menos 10 permisos municipales al proyecto inmobiliario La Cucursola.
Seis documentos fueron firmados por Juan Carlos Delgado Zárate, en ese entonces director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (DGMAOT): la licencia de urbanización, la autorización de traza, el permiso de uso de suelo, el visto bueno para la liberación de la traza, la autorización de impacto ambiental y el permiso de venta para 49 lotes. Solo este último fue entregado en 2022, el resto fueron expedidos en 2019.
No obstante, debido a que la zona en la que está el fraccionamiento campestre tiene uso de suelo forestal, clasificación por la que la Semarnat es la única competente para autorizar el cambio. Los dueños solo habrían obtenido permiso para la tala de dos árboles, pero nunca para la tala masiva, la construcción de 49 lotes y su venta, de los cuales al menos siete de los ya vendidos superarían los 4 millones 247 mil pesos.
Así el juicio contra dueños de La Cucursola
A inicios de este año, el juez Efraín Frausto Pérez vinculó a proceso a los administradores de “Loma de Irapuato S.A. de C.V.”, dueños del desarrollo inmobiliario por presuntos delitos contra la biodiversidad en el caso del fraccionamiento La Cucursola. Se les acusó de construir y vender lotes sin contar con los permisos federales de la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal en una zona de conservación ecológica.
Durante la audiencia, el juez determinó que el predio, ubicado en la comunidad de Santa Rosa, mantiene una naturaleza forestal. El cambio de uso de suelo se concretó al remover la capa vegetal para pavimentar caminos, buscando hacer el proyecto más atractivo comercialmente, pero sin la autorización de impacto ambiental correspondiente.
Meses más tarde, encontró culpable a Sergio “N” y le impuso una multa de 136 mil pesos y deberá cumplir con un plan de reforestación y compensación ambiental. Ello luego de llegar a un acuerdo de reparación con la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el caso La Cucursola sigue sin tener el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Repararán daños en la Sierra de Santa Rosa
El acuerdo de reparación al que llegaron estuvo pactado con Profepa y Semarnat desde las oficinas centrales de la Ciudad de México. En este acuerdo, además de la multa, el juez dio a los administradores de Loma de Irapuato y desarrolladores de La Cucursola un periodo de seis meses para cumplir con un plan de compensación ambiental.
Este plan incluye la implementación de pasos de flora y fauna mediante la adecuación de la barda de tabique colindante al Camino Real que va de Santa Rosa de Lima a Guanajuato, la conservación de cobertura vegetal en accesos y el monitoreo semestral del funcionamiento.
También contempla la limpieza y recuperación de bocaminas con el retiro de residuos sólidos, estabilización de taludes; la reforestación alrededor de las cisternas y área común con plantación de especies forestales nativas y la incorporación de especies arbustivas con un mantenimiento de 12 meses, así como la construcción de 10 zanjas trinchera.
De igual manera, el imputado se comprometió a un programa de reforestación en la Cuenca de la Esperanza con un total de 2 mil árboles distribuidos en cinco hectáreas. El plazo de ejecución es de seis meses, para lo cual se fijó una audiencia de verificación para el próximo 22 de octubre.
JRL