El Gobierno de Puebla destinará más de dos hectáreas en Lomas de San Miguel para la construcción de viviendas dirigidas a trabajadores de Protección Civil y Bomberos, con las que se busca beneficiar a alrededor de 400 familias, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
El mandatario estatal señaló que este proyecto forma parte de las acciones coordinadas con el Gobierno federal para brindar certeza patrimonial a quienes realizan labores de seguridad, atención de emergencias, combate de incendios y protección de la población.
Armenta explicó que, además de la construcción de viviendas, el gobierno estatal cubrirá los seis meses de cotización ante el Issste que requieren algunos trabajadores para poder afiliarse y acceder a un crédito de vivienda.
“Queremos que estas viviendas sean para maestros jubilados, policías que han dado su vida al servicio, bomberos, guardabosques”, señaló.
Sin embargo, precisó que las viviendas que se edifiquen en las tres fracciones ubicadas en Lomas de San Miguel que fueron donadas al Gobierno estatal serán destinadas específicamente a las familias de los integrantes de Protección Civil.
El gobernador recordó que el año pasado la inmobiliaria Ciudad Maderas donó seis hectáreas, mismas que serán entregadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para desarrollar los proyectos habitacionales.
De acuerdo con Armenta, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, instruyó que las viviendas correspondientes a las tres fracciones donadas sean destinadas a integrantes de Protección Civil.
El gobernador agregó que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla también se giraron instrucciones para ampliar los servicios que acompañarán al desarrollo habitacional.
Entre las medidas contempladas se encuentra la construcción de un consultorio médico y, en caso de que sea necesario, una escuela para los hijos de las familias beneficiarias.
Para determinar qué nivel educativo se requiere, explicó que se realizará un estudio sobre las edades de los menores que habitarán en la zona, a fin de establecer si se necesita una primaria, secundaria o bachillerato.
Con estas acciones, el gobierno estatal busca que los trabajadores dedicados a la protección de la población y sus familias tengan acceso a una vivienda y servicios básicos, como parte de una estrategia de apoyo a quienes desempeñan labores de atención y emergencia.