La justicia siria ha dado un paso sin precedentes contra el antiguo régimen. Un tribunal penal de Damasco ha condenado a Bachar al Asad a pena de muerte por su responsabilidad en graves crímenes cometidos durante los casi 14 años de conflicto que siguieron al estallido de las protestas de 2011.
La sentencia, dictada este martes, constituye la primera condena pública contra el antiguo presidente sirio desde el final de su régimen y se enmarca en el proceso de justicia transicional impulsado tras su derrocamiento.
El problema es que la decisión tiene, por ahora, un alcance principalmente judicial y simbólico: Al Asad no se encuentra en Siria. El antiguo mandatario huyó del país en diciembre de 2024 después de la ofensiva que acabó con su Gobierno y permanece exiliado en Moscú junto a su familia.
El tribunal atribuye al antiguo presidente una responsabilidad directa en algunos de los episodios más graves de la represión ejercida por el régimen. Entre los delitos considerados figuran asesinatos premeditados, torturas, detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad. La Fiscalía sostiene que Al Asad ocupaba la máxima posición en la cadena de decisiones que permitió utilizar las instituciones del Estado para perseguir y reprimir a sus adversarios.
El proceso adquiere una especial relevancia porque llega después de años en los que las denuncias contra el régimen fueron investigadas principalmente fuera de Siria. La nueva justicia siria intenta ahora construir un mecanismo propio para exigir responsabilidades a los antiguos dirigentes.
La guerra civil dejó cientos de miles de muertos y provocó uno de los mayores desplazamientos de población de las últimas décadas. La condena de Al Asad pretende convertirse así en uno de los primeros grandes símbolos de la ruptura judicial con el régimen anterior.
Su hermano Maher también recibe la pena máxima
La sentencia no afecta únicamente al antiguo presidente. Maher al Asad, hermano de Bachar y una de las figuras más poderosas del aparato militar del antiguo régimen, también ha sido condenado a muerte en rebeldía.
Junto a ellos han recibido la misma pena otros responsables vinculados al régimen, entre ellos Atef Najib, primo de Bachar al Asad y antiguo responsable de Seguridad Política en Deraa. Najib es una figura especialmente relevante dentro de la causa porque fue el único de los condenados presente físicamente durante la vista. Su papel durante la represión de las primeras protestas en Deraa en 2011 ha sido uno de los elementos centrales del proceso. Precisamente en Deraa comenzaron las movilizaciones que terminaron extendiéndose por el país y desembocaron en una guerra que transformó por completo Siria.
La caída de Al Asad cambió el rumbo de Siria
Bachar al Asad gobernó Siria durante más de dos décadas, después de suceder en 2000 a su padre, Hafez al Asad. Durante años logró conservar el poder pese a la guerra, la intervención de potencias extranjeras y el avance de distintos grupos armados.
La situación cambió radicalmente a finales de 2024. Una ofensiva rebelde terminó provocando el colapso del régimen y obligó al presidente a abandonar el país. Desde entonces, Moscú se ha convertido en su lugar de refugio. Rusia le concedió asilo después de su salida de Siria, lo que complica enormemente cualquier posibilidad de que la sentencia pueda ejecutarse a corto plazo.
El nuevo poder sirio ha reclamado en distintas ocasiones responsabilidades contra los dirigentes del antiguo régimen y busca presentar los procesos judiciales como una ruptura con décadas de autoritarismo.
Justicia para las víctimas
La causa tiene además una fuerte carga emocional para miles de familias sirias que durante años reclamaron responsabilidades por la muerte, desaparición o tortura de sus familiares.
La decisión del tribunal fue recibida con satisfacción en algunas de las localidades más vinculadas al inicio de la rebelión contra Al Asad, especialmente en Deraa. Para muchas víctimas, la condena representa el reconocimiento oficial de que la represión sufrida durante aquellos años no quedará simplemente asociada a la historia del conflicto, sino que será objeto de responsabilidad penal.
El proceso también abre una discusión mucho más amplia sobre cómo debe afrontar Siria su pasado. El país necesita reconstruir sus instituciones después de años de guerra, pero también debe decidir cómo juzgar a quienes participaron en los crímenes cometidos durante el conflicto.
El proceso contra Al Asad tiene una importancia que va más allá del propio condenado. Se trata de uno de los primeros grandes pasos de la justicia transicional tras la caída del régimen y pone a prueba la capacidad de las nuevas autoridades para investigar los abusos cometidos durante décadas.
La condena pretende enviar un mensaje inequívoco: el antiguo aparato de poder ya no está por encima de la justicia siria. Sin embargo, el desafío será mucho mayor que dictar sentencias. Las nuevas autoridades tendrán que demostrar que estos procesos respetan las garantías judiciales y que la búsqueda de responsabilidades no se convierte simplemente en una herramienta de venganza política.
La situación de Al Asad resume perfectamente esa contradicción. El hombre que durante años controló Siria ha sido condenado a muerte por un tribunal de su propio país, pero continúa lejos de allí, protegido en Moscú.
La sentencia marca, en cualquier caso, un antes y un después: por primera vez desde la caída del régimen, la justicia siria ha colocado oficialmente al antiguo presidente en el centro de un proceso penal por los crímenes cometidos durante su Gobierno. @mundiario