Organizaciones civiles advirtieron sobre el crecimiento del desplazamiento forzado interno en la Sierra de Chihuahua, donde grupos criminales estarían expulsando a comunidades para ejercer control territorial, incluso en regiones que no cuentan con recursos naturales como madera, agua o minerales que expliquen su interés económico.
Durante la presentación de un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que el territorio se ha convertido por sí mismo en una fuente de poder y riqueza para las organizaciones criminales.
El activista explicó que controlar amplias zonas permite a los grupos delictivos decidir quién entra, quién sale y qué actividades pueden desarrollarse, además de facilitar sus operaciones con un alto nivel de impunidad.
“Hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo”, afirmó.
Violencia como mecanismo de expulsión
La misión documentó un patrón de violencia que, de acuerdo con las organizaciones, comienza con amenazas y ataques contra líderes comunitarios o personas con capacidad para oponerse a los grupos criminales.
Cuando estas acciones no consiguen expulsar a la población, las agresiones se extienden al resto de la comunidad. Loya señaló que un patrón similar ha sido identificado en Guerrero, aunque los grupos delictivos involucrados y sus intereses sean diferentes.
Entre las formas de violencia documentadas se encuentran ataques con armas de alto calibre y el uso de drones con explosivos, una práctica que Loya comparó con algunas tácticas utilizadas en conflictos armados.
El impacto de esta violencia también alcanza a niñas, niños y adolescentes. Durante una reunión con personas desplazadas, una niña de 12 años describió su experiencia como parte de un escenario de guerra.
Nataniel Hernández, integrante de la Red TDT, alertó sobre las consecuencias que el desplazamiento tiene particularmente entre los menores, quienes pierden sus escuelas, amistades, comunidades y formas de convivencia.
Más de 4 mil personas desplazadas en 2025
De acuerdo con el informe presentado por las organizaciones, durante 2025 se registraron al menos 4 mil 492 personas desplazadas por la violencia en Chihuahua, de las cuales mil 335 correspondieron únicamente a la comunidad de Guadalupe y Calvo.
La misión se reunió en mayo pasado con alrededor de 200 personas provenientes de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se desplazaron hacia la capital del estado y los municipios de Hidalgo del Parral y Delicias.
Las organizaciones señalaron que uno de los principales problemas es la falta de una respuesta institucional integral. Incluso, denunciaron que algunas autoridades habrían presionado a personas desplazadas para que regresaran a sus comunidades, pese a las condiciones de inseguridad.
Por ello, el informe plantea que los gobiernos municipales, estatales y federal reconozcan formalmente el fenómeno y establezcan una ruta de atención y protección para las personas obligadas a abandonar sus lugares de origen.
A nivel nacional, un informe citado por Amnistía Internacional señala que en 2024 al menos 28 mil 900 personas fueron desplazadas por la violencia en México, lo que representó un incremento de 129 por ciento respecto al año anterior.