La pesca ilegal no ocurre únicamente en lugares remotos donde resulta difícil vigilar un barco. El problema es mucho más profundo. Una parte del pescado capturado al margen de las normas termina entrando en puertos legales, plantas de procesamiento, supermercados y restaurantes de todo el mundo.
Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio de la Universidad de Columbia Británica (UBC), publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, que analiza cómo funciona el mercado de la pesca ilegal a escala industrial y por qué continúa siendo rentable pese al desarrollo de satélites, sistemas de seguimiento y controles internacionales.
Los investigadores estiman que entre el 8% y el 15% de las capturas marinas silvestres mundiales proceden de actividades ilegales o no declaradas a escala industrial. Traducido al dinero, representa un comercio ilícito de entre 6.200 y 12.200 millones de dólares anuales.
La dimensión del fenómeno cambia la naturaleza del debate. No estamos ante unos cuantos barcos que incumplen ocasionalmente una cuota. El estudio describe un sistema económico en el que determinados incentivos hacen que infringir las normas pueda resultar rentable.
El profesor Philippe Le Billon, autor principal de la investigación, resume el problema señalando que la pesca ilegal constituye una característica sistémica de la economía mundial del pescado, favorecida por una combinación de gobernanza débil, subvenciones perjudiciales, estructuras empresariales opacas y cadenas internacionales de suministro complejas.
El mecanismo es relativamente sencillo en su lógica económica. Pescar legalmente implica respetar cuotas, temporadas, zonas protegidas, tamaños mínimos, especies autorizadas y requisitos de trazabilidad. Todo ello tiene un coste. La pesca ilegal puede reducir esos costes mientras permite obtener un recurso que, una vez introducido en el mercado, puede adquirir apariencia de legalidad.
Cómo entra el pescado ilegal en el mercado legal
La investigación identifica varios mecanismos utilizados para ocultar el origen de las capturas. Uno de ellos es el transbordo en alta mar, mediante el cual un barco pesquero puede transferir su carga a otra embarcación sin regresar a puerto. Esa práctica no es ilegal por sí misma, pero puede convertirse en una herramienta para ocultar el origen, volumen o destino de las capturas cuando se realiza sin controles suficientes.
También aparecen la documentación fraudulenta, el etiquetado incorrecto de especies y la mezcla de pescado capturado legalmente con producto procedente de actividades ilícitas. El resultado es una cadena en la que el consumidor situado miles de kilómetros del lugar de captura puede adquirir un producto cuyo origen real resulta extremadamente difícil de reconstruir.
La opacidad aumenta cuando los barcos pertenecen a redes empresariales complejas o utilizan banderas de conveniencia, mientras que algunos operadores pueden cambiar de registro para dificultar las sanciones o esconder quién controla realmente la embarcación. Es aquí donde la tecnología encuentra su principal límite: un satélite puede detectar que un barco se mueve de una determinada manera, pero no necesariamente puede demostrar por sí solo qué pescado lleva a bordo, quién lo controla o dónde termina la carga.
Según el estudio, aproximadamente dos tercios del valor del comercio ilícito tienen su origen en África occidental, Asia oriental y el sudeste asiático. Son regiones en las que la pesca tiene una importancia enorme para el empleo, la alimentación y las economías costeras, pero donde las capacidades de vigilancia y aplicación de la legislación pueden ser más limitadas.
Quienes soportan buena parte de las consecuencias no son necesariamente quienes obtienen los mayores beneficios, ya que el pescado puede salir de aguas de países con menor capacidad de control y terminar en mercados mucho más ricos de Norteamérica, Europa o Asia oriental. Por eso, este problema no puede analizarse únicamente como una cuestión de conservación marina, sino que también afecta directamente a la soberanía económica, el empleo, la seguridad alimentaria y la desigualdad internacional.El coste no termina en los peces
La primera consecuencia evidente es ambiental. Cuando se extrae pescado fuera de las cuotas o durante períodos de reproducción, se incrementa la presión sobre poblaciones que ya pueden estar sometidas a sobrepesca. Pero el impacto va más allá del ecosistema.
Las comunidades costeras pierden ingresos y recursos alimentarios cuando las grandes flotas reducen las poblaciones disponibles para la pesca artesanal. Los Estados dejan de recaudar ingresos y tasas. Y los pescadores que cumplen las normas compiten en condiciones desfavorables con quienes pueden operar al margen de ellas.
La investigación también vincula determinados contextos de pesca ilegal con abusos laborales y condiciones de trabajo inseguras. El problema es especialmente grave en embarcaciones que permanecen durante largos períodos lejos de cualquier supervisión efectiva. La falta de transparencia puede convertirse así en un problema laboral además de pesquero.
Determinadas subvenciones, especialmente aquellas destinadas a combustible o a aumentar la capacidad de las flotas, pueden abaratar artificialmente la actividad pesquera y permitir que embarcaciones industriales permanezcan más tiempo en el mar. Cuando esos incentivos terminan favoreciendo una capacidad de captura superior a la que los ecosistemas pueden soportar, el problema deja de ser exclusivamente el comportamiento de un pescador o de una empresa.
Se convierte en una cuestión de diseño de políticas públicas. Por eso los investigadores defienden reducir las subvenciones pesqueras perjudiciales, reforzar los controles en los puertos, hacer obligatoria la identificación electrónica de los barcos y aumentar la transparencia sobre los propietarios reales de las embarcaciones.
La Organización Mundial del Comercio aprobó en 2025 el denominado acuerdo Fish 1 sobre determinadas subvenciones pesqueras, mientras continúan las negociaciones para avanzar en normas adicionales. Son pasos importantes, aunque su eficacia dependerá de cómo se apliquen sobre el terreno.
La tecnología ha cambiado radicalmente la capacidad de detectar comportamientos sospechosos, ya que los satélites permiten seguir embarcaciones incluso en zonas alejadas de las costas, los sistemas de identificación automática ayudan a reconstruir rutas y la inteligencia artificial puede detectar patrones anómalos de navegación. Sin embargo, sigue existiendo una gran diferencia entre detectar y sancionar.Un sistema puede señalar que un barco ha apagado su dispositivo de seguimiento, que ha permanecido demasiado tiempo en una determinada zona o que ha realizado un encuentro sospechoso con otra embarcación. Después comienza la parte más complicada: demostrar la infracción, identificar al responsable, determinar la propiedad efectiva del barco y lograr que una autoridad competente imponga una sanción que realmente resulte disuasoria.
Aunque la pesca ilegal suele imaginarse como un delito cometido exclusivamente en el mar, buena parte de la batalla se decide en tierra. Es precisamente en los puertos, empresas importadoras, procesadoras y cadenas comerciales donde el producto adquiere documentación y entra en los circuitos internacionales; por eso, los investigadores plantean reforzar los controles de los Estados portuarios y mejorar la trazabilidad desde el momento de la captura hasta el consumidor final.La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar en enero de 2026 y la incorporación de China al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto son señales de que todavía existe margen para la cooperación internacional. Pero la pesca opera en un océano dividido entre múltiples jurisdicciones, registros y sistemas de control. @mundiario