La investigación judicial sobre el llamado caso Leire Díez acaba de dar un paso que puede ampliar de forma sustancial el foco de las pesquisas. El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, considera que las personas inicialmente investigadas en su juzgado podrían no ser quienes ocupaban las posiciones de mayor responsabilidad dentro de la supuesta trama. En su resolución de 11 de agosto, con la que cede el procedimiento a la Audiencia Nacional, el magistrado habla expresamente de “otras personas que podrían tener mayor nivel de jerarquía” dentro del “importante entramado delictivo” investigado.

La sustentación del magistrado es relevante porque contextualiza la perspectiva de una investigación que comenzó centrada en las actuaciones atribuidas a Leire Díez, exmilitante socialista, para maniobrar contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, y que ahora queda integrada en una causa instruida por el juez Santiago Pedraz, que el magistrado Zamarriego asume que está orientada a desentrañar los intentos por “neutralizar las investigaciones sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes” del PSOE.

Zamarriego sostiene que los hechos investigados en ambos procedimientos están “indisolublemente unidos” y que su esclarecimiento requiere una sola causa. El objetivo, según el magistrado, es determinar también “la titularidad del dinero recibido por Leire Díez” y reconstruir la cadena de decisiones, pagos y personas que habría detrás de las actuaciones investigadas.

El juez madrileño subraya que su procedimiento se dirigía contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, pero considera que estos podrían “no ocupar un lugar principal en dicho entramado”. En cambio, la investigación que dirige Pedraz presenta un perímetro más amplio y alcanza a personas que, de acuerdo con la resolución, “podrían tener mayor nivel de jerarquía” dentro de la organización.

Una supuesta trama para interferir en investigaciones

La hipótesis que maneja la Audiencia Nacional gira alrededor de una presunta red integrada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que “se confabularon” para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez. Según Zamarriego, las diligencias practicadas por la UCO han permitido avanzar desde las actuaciones atribuidas a Díez hacia niveles superiores de la estructura.

La exmilitante socialista aparece señalada por haber ofrecido presuntamente a funcionarios de la Guardia Civil y de la Fiscalía remuneraciones o favores a cambio de información o actuaciones contrarias a sus funciones, con el supuesto objetivo de condicionar determinadas investigaciones. Pero el elemento que ahora se escapa de la instrucción de Zamarriego es el supuesto respaldo recibido desde posiciones de mayor rango.

La documentación intervenida por los investigadores, según recoge Zamarriego, apuntaría a que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, habría proporcionado a Díez “impulso y soporte intelectual y/o financiero”. El juez señala además que Cerdán habría acordado remunerarla por sus servicios con fondos del partido.

Cerdán ya figura como investigado en la causa de Pedraz, junto con el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. La investigación analiza además una serie de pagos que los investigadores consideran vinculados a Díez.

El dinero, una de las claves de la investigación

Entre ellos figuran cuatro abonos de 4.000 euros realizados a través de una consultora vinculada a Zarrías, 27.225 euros transferidos por el PSOE a una sociedad administrada por Oliver y otros 125.000 euros abonados desde Ferraz a Teijelo. La tesis de los investigadores es que parte de ese dinero habría terminado en manos de Díez.

El rastro económico se ha convertido en uno de los ejes centrales del procedimiento. La Audiencia Nacional está pendiente de recibir un informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias, entre ellas seis pertenecientes al PSOE, después de que Pedraz autorizara a los investigadores a rastrearlas en busca de pagos relacionados con Díez y otros investigados.

La resolución de Zamarriego concede especial importancia a esta dimensión económica porque una de las cuestiones que deben esclarecerse es precisamente quién financió las actuaciones investigadas, mediante qué sociedades o estructuras y quién terminó recibiendo los fondos. En paralelo, la causa señala a la gerente socialista, Ana María Fuentes, por presuntamente impartir órdenes de encargo que habrían dado lugar a facturas supuestamente mendaces y permitido transferir dinero del partido hacia Díez y Pérez Dolset.

El pulso entre Zamarriego y Pedraz llega a su fin

La decisión del juez madrileño resuelve también una disputa procesal que se prolongaba desde comienzos de junio. Pedraz había solicitado a Zamarriego que se inhibiera al considerar que la investigación de la Audiencia Nacional era más amplia, incluía más delitos y alcanzaba a personas que no figuraban inicialmente como investigadas en el procedimiento de Plaza de Castilla.

Zamarriego había aplazado su decisión porque todavía tenía diligencias pendientes, entre ellas un informe pericial sobre una grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, que ha denunciado haber sido objeto de los contactos de los investigados para revelar información sensible sobre sus superiores, en concreto el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En esa grabación aparecerían conversaciones relacionadas con una supuesta petición de información sensible sobre la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía sostuvo que esa prueba no era imprescindible para decidir qué órgano debía continuar con las pesquisas. Finalmente, el juez madrileño ha aceptado ese criterio. Todo el material acumulado en su juzgado —incluidas las piezas separadas, documentación y grabaciones de las declaraciones de investigados y testigos— pasará ahora a manos de Pedraz. @mundiario