La central nuclear de Almaraz no apagará sus reactores cuando estaba previsto. El Gobierno ha decidido prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030 en un movimiento excepcional que rompe parcialmente el calendario de cierre del parque nuclear español, aunque mantiene intacto el objetivo de clausurar todas las plantas en 2035. La decisión llega en un momento marcado por la incertidumbre internacional, con los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania tensionando los mercados energéticos y elevando el temor a nuevos episodios de precios disparados.
Según se publica en el Boletín Oficial del Estado de este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado la renovación de la explotación de las dos unidades de la instalación cacereña después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La autorización permitirá que Almaraz I y Almaraz II continúen operativas hasta el 8 de junio de 2030, una ampliación que el Ejecutivo define como “acotada y limitada” y que, según sus argumentos, responde a una coyuntura energética extraordinaria.
La prórroga supone un respiro para una infraestructura que se había convertido en uno de los símbolos del debate energético español. Durante meses, el futuro de la central enfrentó a quienes reclamaban mantener la capacidad nuclear como garantía de estabilidad y a quienes defendían acelerar la transición hacia un sistema basado exclusivamente en energías renovables.
La guerra en Ucrania y la crisis abierta en Oriente Próximo han cambiado el escenario sobre el que se diseñó el cierre progresivo de las nucleares españolas. La volatilidad del gas, especialmente sensible a las tensiones geopolíticas y a los problemas de suministro internacional, ha llevado al Ejecutivo a considerar que mantener temporalmente una fuente de generación estable puede reducir la exposición del sistema eléctrico a los vaivenes del mercado.
Una prórroga excepcional para un escenario energético inesperado
El Gobierno insiste en que la decisión no supone un giro en su política energética. La estrategia oficial continúa apostando por las renovables como eje principal del modelo eléctrico español, pero considera que la permanencia temporal de Almaraz puede actuar como un elemento de respaldo mientras aumenta la capacidad renovable y se refuerzan las redes eléctricas.
Según la resolución aprobada, la continuidad de la central tendrá un impacto “muy limitado” sobre el desarrollo de nuevas energías limpias. El Ejecutivo sostiene que mantener los dos reactores hasta 2030 permitirá reducir la dependencia del gas y proteger a los consumidores frente a posibles repuntes de los combustibles fósiles.
La medida también responde a una fuerte presión territorial. Almaraz no es únicamente una instalación energética: es uno de los principales motores económicos de la comarca donde se ubica. La continuidad de la central supone mantener empleo especializado, actividad empresarial asociada y una fuente de ingresos clave para numerosos municipios extremeños que temían las consecuencias del cierre.
Las propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— habían solicitado ampliar la vida útil de los reactores, aunque con posiciones diferentes. Iberdrola y Endesa defendían inicialmente una extensión mayor, mientras que Naturgy apostaba por una ampliación más limitada. Finalmente, el acuerdo alcanzado permitió solicitar una prórroga hasta 2030, evitando el cierre previsto para noviembre de 2027 en la primera unidad y octubre de 2028 en la segunda.
El cierre nuclear sigue en el horizonte, pero cambia el ritmo
La autorización no modifica el calendario general pactado en 2019 entre las compañías eléctricas y Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos. El plan mantiene el apagón progresivo del parque nuclear español hasta 2035, aunque Almaraz gana ahora unos años adicionales de funcionamiento.
El Gobierno también ha dejado claro que la ampliación no incluye ventajas económicas para las eléctricas ni rebajas fiscales. Una de las principales reclamaciones de Iberdrola y Endesa durante las negociaciones había sido reducir la presión tributaria sobre estas instalaciones, especialmente los costes asociados a los residuos nucleares.
La autorización queda además condicionada al cumplimiento de todos los requisitos de seguridad establecidos por el CSN. El organismo regulador había avalado la continuidad de la planta tras revisar sus condiciones técnicas, aunque la explotación seguirá sometida a controles estrictos durante todo el periodo de prórroga.
El caso de Almaraz abre ahora una nueva etapa en el debate energético español. La decisión refleja la dificultad de acelerar una transición energética en un contexto internacional inestable, donde la seguridad del suministro vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones políticas.
La central extremeña se convierte así en una excepción dentro del calendario nuclear español: una instalación que parecía encaminada al cierre recupera protagonismo por la incertidumbre mundial. Mientras el Gobierno defiende que se trata solo de una solución temporal, sus defensores ven en la prórroga una prueba de que la energía nuclear continúa teniendo un papel estratégico en tiempos de crisis. @mundiario