El dictamen definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala de manera rotunda la legalidad de la amnistía española supone un punto de inflexión absoluto dentro del crispado ecosistema político nacional. Al declarar de forma categórica que la normativa procesal y el perdón judicial se ajustan al estricto marco del derecho comunitario, la alta corte de Luxemburgo no solo ha desactivado las objeciones institucionales, sino que ha dejado sin sustento argumental a todos aquellos colectivos y líderes de opinión que, manifestados de forma ruidosa, visceral y sistemática en las calles y las plazas del país, auguraban el fin inminente de la democracia y la ruptura irreversible del orden europeo.
Con este sólido y definitivo respaldo internacional a las tesis de convivencia y reconciliación social defendidas por el Ejecutivo, se abre un horizonte de profunda incertidumbre sobre las futuras estrategias discursivas que adoptarán los sectores de la oposición más recalcitrantes. Lejos de asumir un ejercicio de prudente autocrítica o de repliegue dialéctico, resulta previsible que el frente detractor reaccione mediante una intensa reformulación de sus ataques, desplazando apresuradamente el foco del conflicto legal desde las instituciones comunitarias hacia el reducto puramente doméstico de la judicatura española y el Tribunal Constitucional.
Los sectores políticos y mediáticos de corte conservador, que durante largos meses alimentaron una intensa campaña internacional fundamentada en la premisa de que Europa intervendría de manera fulminante para rescatar al Estado de derecho del país frente a una supuesta deriva autoritaria, se encuentran hoy ante un panorama de notable descolocación retórica. El indiscutible y rotundo fracaso de la tesis que tildaba la medida de gracia como un ataque frontal a las finanzas comunitarias y a las directivas de persecución del terrorismo obligará a estos colectivos a abandonar de forma definitiva el mantra de la desautorización internacional.
En su lugar, el aparato opositor centrará toda su maquinaria en relativizar el verdadero alcance jurídico del fallo dictaminado por los jueces de Luxemburgo, insistiendo reiteradamente en que la resolución comunitaria se ciñe de manera exclusiva a la compatibilidad genérica con el derecho de la Unión Europea y que, bajo ninguna circunstancia, entra a dirimir la estricta constitucionalidad de la norma o la controvertida conveniencia política de los pactos parlamentarios que facilitaron su aprobación.
Este repliegue estratégico intentará transformar la contundente bofetada judicial de Europa en una victoria parcial, manteniendo encendida de forma artificial la llama de la movilización social mediante la constante apelación al agravio comparativo y al menoscabo ético que, según su enfoque, representa el perdón institucionalizado de graves delitos cometidos por líderes políticos.
Por otra parte, se prevé una acentuación drástica del escrutinio y de la presión política sobre los órganos jurisdiccionales internos, en especial sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y los magistrados encargados de ejecutar las órdenes de detención nacionales e internacionales. Aquellos sectores que anteriormente alentaban una masiva insumisión judicial apelando a la preeminencia de los valores europeos, enfocarán a partir de este momento todas sus expectativas y presiones sobre la interpretación restrictiva de los tipos delictivos de malversación que aún sostienen los tribunales españoles.
El discurso opositor insistirá de manera obstinada en que, a pesar del plácet formal otorgado por las altas instituciones de Luxemburgo, la amnistía sigue encontrando un obstáculo insalvable en el código penal interno si se demuestra la existencia de un beneficio patrimonial o de un desvío indebido de caudales públicos que impida la aplicación directa de la medida de gracia en casos individuales de gran relevancia política.
Asimismo, la batalla retórica se trasladará de forma inmediata al pleno del Tribunal Constitucional, institución que pasará a convertirse en el gran objetivo de los ataques dialécticos de la derecha mediática, la cual se apresurará a deslegitimar de forma preventiva cualquier futuro pronunciamiento de amparo acusando a los magistrados nacionales de sumisión ideológica ante las directrices marcadas por el partido en el poder.
En el ámbito de la protesta puramente ciudadana y de los movimientos cívicos articulados en torno al rechazo frontal a los acuerdos de gobernabilidad, el aval emitido por la corte europea generará previsiblemente dinámicas de enconamiento y polarización aún mayores. El desengaño derivado de constatar que las instituciones del continente no actuarán como el elemento corrector externo que tanto se añoraba alimentará un nocivo discurso de corte euroescéptico entre las bases más extremistas del frente opositor. No será extraño escuchar de manera recurrente proclamas que acusen a la propia Unión Europea de debilidad institucional, de complicidad política o de traición a los valores fundamentales de justicia e igualdad que teóricamente inspiran los tratados fundacionales del bloque comunitario.
La frustración de ver plenamente legitimada la vía del diálogo y de la reconciliación institucional catalana impulsada por el Gobierno central llevará a los manifestantes y portavoces a endurecer de manera drástica el tono, apelando a una supuesta quiebra de la soberanía nacional y recurriendo a un victimismo político persistente que buscará agitar permanentemente el fantasma de la impunidad criminal en las calles. @mundiario