La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una nueva fase: la batalla política se ha trasladado de la frontera a las urgencias. El Partido Popular ha aprovechado la visita de la ministra de Sanidad, Mónica García, para lanzar una ofensiva contra el Gobierno y exigir su dimisión, después de que la titular del departamento negara que la ciudad autónoma se encuentre en una situación de “colapso sanitario”.

Detrás de la discusión sobre si existe o no un colapso hay dos maneras distintas de medir la dimensión de la emergencia: la Administración se aferra a indicadores como la ocupación de camas y la capacidad de mantener operativo el sistema, mientras los populares ponen el foco en el incremento extraordinario de la actividad, los turnos de los profesionales y unas carencias estructurales que, a su juicio, la llegada masiva de migrantes ha agravado.

Mónica García llegó este domingo a Ceuta para evaluar sobre el terreno las consecuencias sanitarias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La ministra se reunió con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz; y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, además de visitar instalaciones sanitarias y mantener encuentros con representantes de los profesionales.

Su conclusión fue contundente: “En Ceuta no hay un colapso sanitario”. García argumentó que el Hospital Universitario, único hospital de la ciudad, mantiene aproximadamente un 50% de ocupación de camas y que no ha sido necesario hacer regresar de sus vacaciones a facultativos, como sí ha ocurrido con efectivos de otros servicios públicos movilizados durante la crisis.

Pero la propia ministra reconoció que existe una presión asistencial considerable, especialmente en Atención Primaria y determinadas áreas hospitalarias. Según sus datos, durante los últimos quince días se han atendido 5.800 personas migrantes: unas 3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el hospital. El primer día de la emergencia llegaron a atenderse 1.149 personas, mientras que posteriormente la presión asistencial habría descendido alrededor de un 70%, con una media situada entre 200 y 400 atenciones diarias.

El Ministerio asegura además haber incorporado 60 profesionales mediante contrataciones urgentes. El problema, por tanto, está en determinar qué significa exactamente “colapso”. Si el término se utiliza para describir un sistema completamente incapaz de prestar asistencia, los datos aportados por Sanidad apuntan a que esa situación no se ha producido. Si se utiliza para describir una infraestructura sometida a una presión extraordinaria y sostenida por un esfuerzo excepcional de sus trabajadores, el debate resulta mucho menos sencillo.

El PP convierte la visita de García en un ataque político

El PP ha optado por la interpretación más contundente. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, acusó a Mónica García de ser “culpable” del “colapso sanitario” y reclamó directamente su dimisión.

Bendodo sostuvo que las urgencias ceutíes han llegado a atender unas 500 personas diarias, cinco veces más de lo habitual, y criticó que el refuerzo anunciado por el Gobierno sea insuficiente. También denunció que algunos profesionales están “doblando y triplicando turnos” para mantener el servicio.

El argumento político del PP tiene dos vertientes. La primera es coyuntural: la presión provocada por la llegada masiva de personas a finales de julio. La segunda es estructural: una sanidad ceutí que, según los populares, arrastra desde hace años dificultades para cubrir plazas y atraer especialistas.

La formación recuerda además que la sanidad de Ceuta depende directamente del Estado a través de INGESA. Por eso considera que la ministra no puede limitarse a evaluar la situación, sino que debe asumir la responsabilidad sobre las soluciones.

El Gobierno puede sostener que no existe un colapso porque el hospital continúa funcionando, mantiene capacidad de camas y no ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias de emergencia hospitalaria. El PP puede replicar que ese indicador no refleja necesariamente lo que ocurre en las consultas, urgencias, Atención Primaria o en las jornadas de los trabajadores.

La cuestión relevante es cuánto tiempo puede sostenerse ese esfuerzo sin deteriorar la asistencia ordinaria. La propia García reconoció que la situación exige mejorar las condiciones en las que permanecen los miles de migrantes que todavía se encuentran en Ceuta, con acceso a alojamiento, agua, alimentación y condiciones adecuadas de salubridad. Es decir, la emergencia sanitaria no desaparece porque el hospital no esté saturado.

El PP reclama más profesionales y especialistas en áreas como Anestesiología y Reanimación, Neurología, Cirugía General, Oftalmología, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Oncología Médica. También pide un plan específico para las plazas de difícil cobertura, con incentivos económicos y profesionales destinados no solo a cubrir vacantes, sino a fidelizar a los médicos.

En salud mental, los populares reclaman el refuerzo de Psiquiatría y Psicología Clínica, especialmente en la atención infantojuvenil. En Oncología, plantean estudiar qué pruebas y tratamientos pueden realizarse en la propia ciudad para reducir desplazamientos a la península.

Son reivindicaciones que no nacen necesariamente con la crisis migratoria. Precisamente por eso el episodio actual resulta políticamente incómodo para el Gobierno: una emergencia extraordinaria puede poner bajo el foco unas debilidades estructurales que permanecían en segundo plano.

Los médicos, entre los datos del Gobierno y la experiencia diaria

La recepción de Mónica García tampoco ayudó a rebajar la tensión. La ministra fue recibida con abucheos y gritos de “dimisión” por parte de un grupo de sanitarios. Una facultativa llegó incluso a superar el cordón policial para reclamar que los médicos de urgencias pudieran hablar con ella.

La protesta introduce un elemento que ninguna estadística puede resolver por sí sola: la percepción de quienes están trabajando dentro del sistema. El Gobierno sostiene que los profesionales han conseguido evitar el colapso gracias precisamente a su capacidad de respuesta. La oposición interpreta ese mismo esfuerzo como evidencia de que los recursos ordinarios son insuficientes.

Para Sanidad, que el sistema haya resistido demuestra que las medidas adoptadas han funcionado. Para el PP, que haya resistido gracias al sobreesfuerzo de los profesionales demuestra que hacen falta más recursos. La ofensiva del PP no se limita a pedir la salida de la ministra. Forma parte de una estrategia más amplia para responsabilizar al Gobierno de la gestión de la crisis de Ceuta.

Bendodo ha criticado las sucesivas visitas de miembros del Ejecutivo, acusándoles de desplazarse a la ciudad para “hacerse la foto” sin aportar soluciones suficientes. La crítica alcanza también a Pedro Sánchez, a quien reprocha no haber ofrecido explicaciones políticas más amplias sobre lo sucedido.

La presencia del Gobierno central en Ceuta ha sido, en realidad, extraordinaria. Tras la entrada masiva de finales de julio han viajado a la ciudad el propio presidente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, tiene prevista además su visita para abordar la situación humanitaria.

La sucesión de ministros refleja la dimensión transversal de una crisis que afecta simultáneamente a seguridad, inmigración, sanidad, servicios sociales, defensa y relaciones con Marruecos. Pero también alimenta la crítica de una oposición que considera que la acumulación de visitas no equivale necesariamente a una estrategia integral. @mundiario