La decisión de este 18 de agosto de sancionar a la japonesa Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional, y al jurista senegalés Abdoulaye Seye no es una simple represalia diplomática. Es un nuevo escalón en una campaña que la Administración de Donald Trump ha definido abiertamente como un intento de combatir —y, en términos empleados previamente por Washington, desmantelar— una institución cuya autoridad la Casa Blanca nunca ha reconocido. Las medidas congelan los activos que ambos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y los apartan, en la práctica, de una parte esencial del sistema financiero dominado por EE UU
El choque tiene una particularidad que explica su gravedad: esta vez Washington no ha dirigido el castigo contra un fiscal concreto o contra un magistrado vinculado a una investigación determinada, sino contra la propia presidenta de la Corte. El mensaje es difícil de separar de la jerarquía institucional del objetivo. La disputa ya no se limita a un expediente judicial. Alcanza directamente a la estructura de mando del tribunal de La Haya.
La Administración estadounidense sostiene que el Tribunal Penal Internacional ha intentado "ejercer una jurisdicción" que Estados Unidos nunca aceptó. El secretario de Estado Marco Rubio ha presentado las sanciones como respuesta a los esfuerzos de la Corte por investigar, detener o procesar a funcionarios de gobiernos que no han consentido su jurisdicción. Washington insiste en que el TPI se ha excedido, especialmente en las investigaciones relacionadas con actuaciones estadounidenses y en los procedimientos que afectan a los dirigentes israelíes.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y su rechazo a someter a sus ciudadanos a la jurisdicción del tribunal no comenzó con Trump. La relación ha sido conflictiva desde la creación de la Corte. Washington firmó inicialmente el tratado, pero nunca lo ratificó y posteriormente se desligó de él. El Congreso estadounidense aprobó además en 2002 una legislación destinada a impedir la cooperación con el tribunal en determinados supuestos.
La diferencia está en el método. Las administraciones anteriores han discutido la jurisdicción de la Corte, incluso con enorme dureza, pero la actual estrategia ha elevado el conflicto a un terreno mucho más agresivo: sanciones financieras personales, restricciones y presión política sobre quienes forman parte del engranaje judicial.
La presidenta Tomoko Akane ya había advertido antes de esta última decisión de que las sanciones contra jueces y fiscales afectaban a su vida cotidiana y a su capacidad para realizar operaciones financieras. El problema, por tanto, no es únicamente simbólico. Cuando una potencia como Estados Unidos incorpora a funcionarios judiciales extranjeros a sus mecanismos de sanciones, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de las fronteras norteamericanas debido al peso internacional de su sistema financiero.
Gaza, Afganistán y el origen de una guerra abierta
La ofensiva de sanciones se sustenta en dos frentes jurídicos fundamentales. El primero, de carácter histórico, es el rechazo definitivo a las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar y de inteligencia estadounidense en la guerra de Afganistán. El segundo detonante, con un impacto político inmediato, es la campaña activa de la administración estadounidense para neutralizar las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de lesa humanidad en la guerra de Gaza.
Para la Administración Trump, ambos casos representan una misma amenaza: la posibilidad de que una institución internacional actúe contra ciudadanos o dirigentes de Estados que no reconocen su jurisdicción. Para la Corte, en cambio, el argumento jurídico parte de otro principio: determinadas conductas pueden quedar bajo su competencia cuando se producen en el territorio de un Estado parte o en una jurisdicción reconocida por el tribunal.
Ahí reside una de las grandes fracturas del caso. No se trata simplemente de decidir quién tiene razón políticamente, sino de una disputa sobre dos concepciones distintas del derecho internacional. Washington defiende el consentimiento estatal como límite fundamental de la jurisdicción. El TPI sostiene que su Estatuto permite actuar en determinadas circunstancias aunque el acusado pertenezca a un país no miembro.
La administración estadounidense ha llevado esa discrepancia al extremo de convertirla en una cuestión de soberanía nacional. El Departamento de Justicia dejó clara en julio su posición al rechazar cualquier jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y anunciar que Estados Unidos no cooperaría con investigaciones, citaciones o procedimientos de la Corte contra personas norteamericanas.
Del desacuerdo jurídico a la presión directa sobre los jueces
La respuesta del TPI ha sido advertir de que las medidas contra jueces, fiscales y funcionarios que cumplen el mandato recibido de los Estados partes socavan el Estado de Derecho y ponen en peligro el orden jurídico internacional. La institución insiste en que continuará trabajando con independencia e imparcialidad y que no modificará su mandato por efecto de las presiones.
No es una reacción aislada. El tribunal ya había sufrido sanciones contra varios de sus integrantes. En 2025, Estados Unidos amplió su lista de funcionarios designados, incluyendo jueces y miembros de la Fiscalía, en una campaña vinculada principalmente a los procedimientos relacionados con Israel y con las investigaciones sobre personal estadounidense.
La incorporación ahora de Akane y Seye confirma que la presión no se ha detenido. Más bien sucede lo contrario: ha ido ascendiendo en la estructura de la Corte.
Ese detalle explica la inquietud de La Haya. Un tribunal internacional no dispone de policía propia, ejército ni mecanismos independientes para ejecutar por sí solo todas sus decisiones. Depende en gran medida de la cooperación de los Estados. Su autoridad práctica es, por naturaleza, más frágil que la de un tribunal nacional. Si, además, sus magistrados y fiscales se convierten en objetivos de sanciones individuales, la presión deja de recaer únicamente sobre la institución abstracta y pasa a afectar directamente a quienes la hacen funcionar.
La campaña estadounidense tampoco parece limitarse a impedir procedimientos concretos. La propia Administración ha planteado una estrategia diplomática más amplia para aislar a la Corte y persuadir a Estados miembros de que reconsideren su relación con ella.
Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026
Ese es el elemento más crítico de la actual confrontación: Washington ya no se limita a rechazar la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos de países no firmantes del Estatuto de Roma. A través de la agresiva doctrina de sanciones liderada por Marco Rubio, Estados Unidos busca desmantelar la legitimidad y viabilidad de la institución global.
Diversas investigaciones académicas publicadas por Oxford University Press (OUP) Academic advierten de que las sanciones financieras y la restricción de visados contra altos cargos del tribunal —como la presidenta Tomoko Akane— sientan un peligroso precedente. El estudio destaca que estas medidas coercitivas bilaterales erosionan la independencia judicial de La Haya y fracturan la cooperación y respuesta coordinada de los más de 120 Estados partes que sostienen el tribunal.
Tomoko Akane había pedido recientemente apoyo a Japón frente a la presión estadounidense sobre países miembros, especialmente en Asia. La presidenta del tribunal reconocía que la institución atravesaba una crisis, aunque insistía en que no estaba derrotada.
La cuestión, por tanto, empieza a desplazarse. Ya no se trata exclusivamente de si Netanyahu o un militar estadounidense pueden ser investigados. La pregunta es qué capacidad real tendrá el Tribunal Penal Internacional para seguir funcionando si sus principales responsables deben desarrollar su actividad bajo la amenaza de nuevas medidas financieras, restricciones de viaje o aislamiento político. @mundiario