La postal de la playa del Trampolín, en Ceuta, volvió a cambiar en cuestión de horas. El enorme dispositivo desplegado al amanecer por la Policía Nacional y la Guardia Civil consiguió desalojar a los más de 3.000 migrantes subsaharianos y magrebíes que habían convertido la playa en un asentamiento improvisado. Pero el vacío duró poco.
Cerca de 500 ciudadanos magrebíes que permanecían en las colinas próximas descendieron posteriormente hasta la arena. Algunos aseguraron que ya habían estado allí antes de la intervención policial y que regresaron porque, según su versión, los agentes les habían indicado que el desalojo era voluntario y no obligatorio. Muchos han acudido a recoger sus pertenencias, por lo que las labores de limpieza se suspendieron. A primera hora de la tarde comenzaron a aparecer de nuevo tiendas de campaña y los primeros intentos de reconstruir pequeñas chabolas.
La operación evidencia así la dificultad de resolver una crisis que va mucho más allá de retirar un campamento. El problema central es qué hacer con miles de personas que permanecen atrapadas en Ceuta después de haber cruzado desde Marruecos, mientras las autoridades españolas intentan compatibilizar la atención humanitaria, el control fronterizo y los procedimientos de devolución.
El despliegue comenzó alrededor de las 7.20 horas, cuando aproximadamente una treintena de furgones policiales estableció un perímetro de seguridad en torno a la playa. Los migrantes llevaban casi una semana instalados en un asentamiento levantado con cañas, cartones y cuerdas. Las autoridades habían decidido desmontarlo ante unas condiciones sanitarias cada vez más difíciles de sostener. Miles de personas compartían un espacio reducido, con apenas unas duchas y urinarios y con las necesidades fisiológicas realizándose en buena medida en el mar.
Durante días, la Cruz Roja y equipos médicos habían intentado contener una situación que amenazaba con convertirse en un problema de salud pública. La organización llegó a distribuir unas 4.000 raciones de comida diarias, mientras los voluntarios atendían a una población que vivía en condiciones extremadamente precarias. La operación se desarrolló inicialmente sin incidentes.
Técnicos ministeriales, apoyados por traductores, pidieron a los migrantes que permanecieran sentados y después comenzaron a trasladarlos en grupos hacia los puntos habilitados para su realojo. El destino previsto eran principalmente los centros de Loma Margarita y El Embolsamiento, levantados con carácter urgente para absorber parte de la presión migratoria.
Cientos de migrantes son desalojados de la Playa del Trampolín de Ceuta a nuevos centros de acogida. pic.twitter.com/LSfsaddaxT
— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 20, 2026
El dilema entre acogida y devolución
La vuelta de cientos de migrantes a la playa pone de manifiesto la principal dificultad de la operación, radicada en que el desmontaje del asentamiento no significa que hayan desaparecido las personas que lo ocupaban. Mientras los servicios municipales comenzaban a retirar las chabolas y limpiar la arena, nuevos grupos descendían desde las zonas elevadas de los alrededores. Esta vez, según las informaciones disponibles, eran fundamentalmente magrebíes.
Algunos comenzaron a montar tiendas de campaña portátiles y otros intentaron reconstruir refugios precarios. Los trabajos de limpieza tuvieron que interrumpirse temporalmente ante la presencia de personas que regresaban al lugar, algunas de ellas para recuperar pertenencias. La escena ilustra la enorme presión que soporta la ciudad autónoma desde el salto masivo registrado entre el 30 y el 31 de julio, cuando decenas de miles de personas intentaron atravesar la frontera desde Castillejos.
El Gobierno pretende trasladar a los migrantes a los nuevos recursos habilitados para identificarles, estudiar sus circunstancias y tramitar las solicitudes de asilo o protección internacional. Para una parte importante de ellos, el procedimiento podría desembocar posteriormente en su devolución a Marruecos. Ese punto explica buena parte de la desconfianza que existe entre los migrantes. Muchos preguntaban insistentemente durante el desalojo si iban a ser enviados de vuelta al país vecino.
La incertidumbre sobre su futuro se mezcla con unas condiciones de vida que llevan semanas deteriorándose. Algunos grupos habían intentado incluso iniciar una huelga de hambre para reclamar que se les reconociera el derecho a solicitar protección. El Ministerio de Inclusión ha previsto inicialmente espacio para unas 1.800 personas, aunque el dispositivo afecta a todos los asentamientos de la playa y las zonas próximas. La ministra Elma Saiz ha asegurado que se trabaja para habilitar más plazas en los próximos días.
? Tras de su desalojo, así se encuentra la playa del Trampolín a las 18:00 de la tarde#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos pic.twitter.com/E6SQ1z5Hcn
— El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 20, 2026
Una crisis también social y sanitaria
La situación en el Trampolín había alcanzado todas las dimensiones. El asentamiento se encontraba junto a una zona residencial, y los vecinos habían expresado reiteradamente su preocupación por los problemas de convivencia y salubridad. El campamento había desarrollado incluso una pequeña estructura propia: intercambio de ropa, distribución de alimentos y un espacio improvisado de oración. Todo ello en un entorno sin infraestructuras suficientes para atender a miles de personas.
La retirada del asentamiento responde, por tanto, a la necesidad de recuperar el espacio público y evitar un deterioro sanitario mayor, pero también la obligación de ofrecer una alternativa a quienes son desalojados. Y ahí reside el verdadero desafío para el Gobierno. Si los centros de acogida no tienen capacidad suficiente y los procedimientos administrativos no avanzan con rapidez, el vacío dejado por el campamento puede volver a llenarse. @mundiario