La crisis de Ceuta también se ha convertido en un pulso institucional entre el Gobierno y las Cortes y en una prueba de resistencia para los servicios públicos de la ciudad. Este viernes, el Tribunal Supremo ha dado el primer paso para estudiar la ofensiva judicial del PP destinada a obligar a varios ministros a comparecer ante el Senado, después de que los titulares de Interior, Defensa y Exteriores no acudieran a las comisiones de la Cámara Alta en las que estaban citados para dar explicaciones sobre la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
La decisión coincide con otro movimiento de relevancia institucional. Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se reunirá con Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, después de que este solicitara trasladarle directamente la situación que atraviesa la ciudad y el impacto de la crisis migratoria sobre los juzgados.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha tenido por interpuesto el recurso presentado por el Grupo Popular en el Senado y ha remitido las actuaciones a la Sala de Vacaciones, que deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por los populares. El PP pretende que el alto tribunal ordene al Gobierno cesar en cualquier actuación destinada a impedir o eludir las comparecencias reclamadas por el Senado y que los ministros convocados acudan a las sesiones que todavía permanecen pendientes.
La petición tiene además una dimensión de urgencia. Los populares solicitan que se adopten en un máximo de 24 horas las medidas necesarias para hacer posibles las comparecencias antes de que termine agosto y que el Ejecutivo comunique inmediatamente a la Cámara Alta la disponibilidad de sus ministros. Sin embargo, el Gobierno ha defendido que sus ministros deben explicar la crisis en el Congreso y ha rechazado acudir al Senado en las condiciones y tiempos planteados por el PP. De hecho, el Ejecutivo ha fijado un calendario extraordinario para que ocho ministros comparezcan en la Cámara Baja durante los últimos días de agosto, coincidiendo con la vuelta de la actividad parlamentaria después del verano.
Génova sostiene, en cambio, que una comparecencia ante el Congreso no puede sustituir una citación formal del Senado, y que el Ejecutivo no puede escoger unilateralmente ante cuál de las dos Cámaras rinde cuentas. La disputa tiene lugar porque el PP dispone de mayoría absoluta en el Senado. La principal formación de la oposición considera que la negativa de los ministros vulnera la capacidad de fiscalización de la Cámara Alta y los derechos de los senadores. El Supremo tendrá ahora que entrar en el fondo de una controversia que, más allá de la crisis concreta de Ceuta, afecta a la relación entre el Ejecutivo y una de las dos Cámaras de las Cortes Generales.
Perelló y Vivas: el otro frente de la crisis
Mientras la batalla política se desplaza a los tribunales, el Poder Judicial prepara una respuesta específica al colapso que experimentan los órganos judiciales de Ceuta. Vivas había reclamado ser recibido por las máximas autoridades judiciales para trasladarles directamente la gravedad de la situación. El presidente ceutí sostiene que la crisis está afectando a múltiples ámbitos de la ciudad y que los juzgados afrontan una presión extraordinaria.
La respuesta ya ha comenzado. La Comisión Permanente del CGPJ acordó reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, después de recibir las peticiones de los propios órganos judiciales de la ciudad. El vocal del CGPJ José Antonio Montero visitó Ceuta este jueves y mantuvo reuniones con jueces y magistrados para analizar las necesidades de los tribunales. También se reunió con representantes de los colegios de abogados y procuradores. Según el Consejo, el objetivo de la visita fue evaluar qué recursos necesitan los órganos judiciales para afrontar la situación derivada de la crisis migratoria.
Ahora será la propia Perelló quien reciba a Vivas o se desplace a Ceuta. Los gabinetes de ambas instituciones trabajan para cerrar la reunión a la mayor brevedad. Perelló ocupa la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ desde septiembre de 2024, por lo que en su condición inherente supone la jefatura del Poder Judicial del Estado español.
Vivas lleva la crisis al Poder Judicial
El movimiento de Vivas responde a una estrategia de presión al Gobierno central desde todas las instancias. El presidente de Ceuta ha denunciado reiteradamente que la ciudad continúa lejos de recuperar la normalidad después de la entrada masiva registrada entre el 30 y el 31 de julio. De hecho, el lunes el presidente ceutí lanzó un ultimátum a La Moncloa en un plazo de 30 días para que el Ejecutivo adoptara una batería de medidas extraordinarias, así como la aceleración de las expulsiones de los inmigrantes, para recuperar la normalidad en la urbe. Vivas aseguró que agotaría todas las vías posibles, incluidas el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
La presión sobre los tribunales se suma a la que soportan los servicios sanitarios, sociales, policiales y de acogida. En paralelo, persiste la controversia sobre el número de personas que permanecen en Ceuta, los procedimientos de devolución y expulsión y la situación específica de los menores no acompañados. El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de reforzar la respuesta institucional, aunque mantiene que la crisis debe abordarse desde la cooperación entre las distintas administraciones y dentro de la legalidad del marco jurídico español y los estándares europeos de derechos humanos.
La particularidad de la situación es que cada semana abre un nuevo frente. Primero fue la dimensión fronteriza y migratoria. Después llegaron las dificultades de alojamiento y asistencia. Después, la disputa sobre los menores y los posibles traslados a la Península. Y ahora la crisis ha alcanzado de lleno a las relaciones entre el Gobierno y el Senado y a la capacidad de los tribunales ceutíes para absorber el volumen de asuntos derivados de la emergencia. @mundiario