En las últimas décadas, mientras la mayoría de la humanidad se ha mantenido distraída por diversos factores —avance tecnológico, competiciones deportivas, tendencias musicales y modas, entre otros—, pocos han advertido que las semillas, que son la base de la alimentación planetaria, han dejado de pertenecer a la tierra y a quienes la cultivan.

La consolidación del mercado agroindustrial transformó la semilla (patrimonio biológico acumulado durante más de 10,000 años) en un insumo corporativo privado, protegido por severas leyes de propiedad intelectual. Resulta que, actualmente, apenas cuatro multinacionales controlan más del 50% del mercado mundial de semillas comerciales y alrededor del 60% del mercado de pesticidas, configurando un oligopolio sin precedentes sobre la seguridad alimentaria global.

La multinacional Bayer (Alemania), tras la absorción de Monsanto, lidera el sector con cerca del 20% de la cuota del mercado global de semillas. También, domina las patentes de transgénicos y edición genética (CRISPR) en maíz y soya. CortevaAgriscience (EEUU), surgida de la fusión de Dow y DuPont, ostenta el 17% del mercado, y es la fuerza dominante en semillas híbridas y licencias biotecnológicas en América del Norte.

A su vez, Syngenta/ChemChina (China/Suiza) controla 9% de las semillas comerciales y encabeza el sector mundial de plaguicidas, constituyendo el brazo estratégico de Beijing para garantizar su soberanía de suministros. BASF (Alemania) domina 4% del mercado de semillas y tiene un fuerte peso en el desarrollo de químicos. Este cuarteto de multinacionales dicta los precios y tecnologías del campo.

El control absoluto de la cadena alimentaria ha quedado concentrado en un puñado de actores globales, y el insumo primario de la vida, la semilla, ha sido despojado de su condición de bien común para convertirse en un activo financiero protegido por patentes corporativas y tratados internacionales.

El modelo económico de estas corporaciones trasnacionales no reside únicamente en vender la semilla, sino vender dependencia. Además, las leyes de propiedad intelectual agrícola (como el marco UPOV 91) legalizan la penalización o prohibición del derecho del agricultor a guardar parte de su cosecha para la siguiente siembra.

Esto rompe una tradición milenaria que garantizaba su autonomía, ha sido sustituido por un cliente cautivo que debe comprar cada año un kit completo: La semilla patentada y el paquete químico específico sin el cual esta no germina ni prospera.

Este esquema genera márgenes de beneficio extraordinarios a las multinacionales, consolidando una industria de más de 60,000 millones de dólares anuales en el sector combinado de semillas comerciales y agroquímicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que, lidera los esfuerzos internacionales para vencer el hambre, lograr la seguridad alimentaria mundial y garantizar que todas las personas tengan acceso regular a suficientes alimentos de alta calidad, advierte que 75% de la diversidad genética de los cultivos desapareció durante el último siglo.

Al perder los agricultores autonomía productiva quedan expuestos a la volatilidad de precios dictada por multinacionales, trasladando los costes directamente a los bolsillos de los consumidores. Además, la escalada constante en los precios de las semillas patentadas y los insumos asociados asfixia a los pequeños y medianos productores, acelerando la expulsión del campo y la concentración de la tierra.

Dicha dependencia, a su vez, provoca la pérdida de la soberanía alimentaria de las naciones, ya que, los Estados nacionales pierden la capacidad de definir sus políticas agrarias y alimentar a su población, quedando a merced de las decisiones de producción y fijación de precios adoptadas por agentes externos.

La imposición del monocultivo industrial ha llevado a la extinción de miles de variedades locales de maíz, trigo y arroz, reduciendo la capacidad de respuesta de los cultivos frente a sequías o plagas emergentes. Así mismo, la homogeneización genética requiere el uso intensivo de fertilizantes sintéticos y plaguicidas que erosionan los suelos y contaminan las fuentes de agua dulce.

Para los productores a pequeña escala, que representan el 80% de las explotaciones agrícolas del mundo y producen alrededor del 35% de los alimentos globales, el acaparamiento y la privatización de las semillas plantea una crisis de supervivencia directa.

La postura de los gobiernos frente al acaparamiento de semillas presenta una marcada ambivalencia, ya que, mientras algunas naciones han reforzado normativas que favorecen los derechos de propiedad intelectual de la agroindustria, otras han implementado marcos para blindar la biodiversidad y garantizar la soberanía alimentaria.

Diversos gobiernos, a través de tratados comerciales multilaterales han condicionado su comercio exterior a la adopción de leyes nacionales que penalizan al agricultor por guardar, regalar o intercambiar semillas protegidas por propiedad intelectual.

México representa uno de los frentes de resistencia más visibles a nivel global debido a su estatus geográfico y cultural como centro de origen del maíz. Desde el arribo del proyecto transformador al gobierno, se han impulsado políticas para prohibir progresivamente el maíz transgénico destinado a la producción de la masa y la tortilla, junto con las limitaciones al uso de glifosato. Con estas acciones, se busca proteger a más de 50 razas de maíz nativo frente a la contaminación genética y el control corporativo.

Estas medidas han provocado fricciones directas en el marco de T-MEC con el gobierno de Estados Unidos y las grandes empresas agroindustriales, las cuales argumentan ante paneles internacionales que las restricciones violan los tratados comerciales y carecen de un sustento técnico justificado, manteniendo un escenario de constante tensión legal y soberana.

El tema de la captura corporativa del mercado de semillas no es solo un debate económico, sino que es una amenaza directa a la supervivencia colectiva. El permitir que cuatro multinacionales dicten la genética de lo que llega a nuestra mesa no es libre mercado; es la cesión voluntaria de la soberanía humana más elemental. ¿Usted qué opina?