La crisis migratoria vivida en Ceuta ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre España y Marruecos. El Gobierno marroquí reclama que los menores no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma regresen cuanto antes a su país, mientras las autoridades españolas están obligadas a someter cada caso a un procedimiento individualizado.
El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, ha ido un paso más allá al relacionar la aceptación de los cadáveres de migrantes fallecidos cuando trataban de alcanzar Ceuta con la devolución de los menores. Según sus declaraciones, Rabat quiere que ambos asuntos formen parte de una solución negociada entre los dos países.
La postura añade una dimensión diplomática a una cuestión que ya estaba sometida a una fuerte presión política y humanitaria. Las ONG marroquíes calculan que hasta 141 personas podrían haber muerto durante los intentos de entrada, aunque no existen cifras oficiales definitivas sobre los fallecidos.
España no puede ejecutar una devolución colectiva
El principal obstáculo para la petición marroquí es jurídico. La legislación española y las normas europeas de protección de la infancia impiden que los menores no acompañados sean expulsados de manera automática o colectiva.
Antes de autorizar un retorno, las autoridades deben determinar la identidad del menor, conocer su situación familiar, escuchar su opinión de acuerdo con su edad y madurez y comprobar que el regreso garantiza unas condiciones adecuadas de protección.
Además, el Tribunal Supremo ya estableció en 2024 que la devolución colectiva de menores no acompañados vulneraba las garantías exigibles, al declarar ilegal el retorno de 55 menores llegados a Ceuta en 2021. Ese precedente limita considerablemente cualquier intento de aplicar una solución general para todos los menores que permanecen actualmente en la ciudad.
El marco bilateral firmado por España y Marruecos en 2007 también contempla procedimientos específicos para estos retornos, por lo que una repatriación inmediata de miles de adolescentes no puede resolverse únicamente mediante una decisión política.
El regreso exige protección más allá de la frontera
Desde Marruecos, organizaciones especializadas advierten de que el debate no debería reducirse a trasladar a los menores de un territorio a otro. Para que un retorno sea seguro, es necesario localizar a sus familias, evaluar las circunstancias de cada hogar y garantizar que la reunificación responde al interés superior del menor.
La Asociación de Protección de la Infancia y Sensibilización de la Familia (APISF), con presencia en la zona de Tetuán, ha reclamado precisamente un dispositivo coordinado de recepción y acompañamiento. La organización señala que durante la crisis muchas familias desconocían dónde se encontraban sus hijos y si habían logrado llegar a Ceuta.
El problema adquiere así una dimensión que trasciende la disputa entre Madrid y Rabat. Detrás de la cifra de 2.500 menores existen situaciones familiares y personales distintas que requieren respuestas individualizadas.
Mientras Marruecos reclama rapidez, España debe garantizar que cualquier retorno sea legal y seguro. La tensión diplomática puede aumentar en las próximas semanas, pero el margen para una devolución masiva sigue limitado por las obligaciones de protección de la infancia que vinculan a las autoridades españolas. @mundiario